El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, autorizó manifestaciones y protestas hasta el 11 de marzo. Lo hizo pese a que, según explican a Vozpópuli fuente presentes en la declaración, reconoció ante la juez que desde el 9 de marzo ya tenía conocimiento de que los contagios por coronavirus habían aumentado un 1.800%.
Según un auto de la juez, la causa del 8-M no se centra únicamente en la manifestación del Día de la Mujer. La investigación se circunscribe a las decisiones jurídicas que adoptó el delegado del Gobierno en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo. "Tanto de toma de conocimiento de concentraciones/manifestaciones como de no prohibición de aquellas sobre las que previamente ya había tomado conocimiento, en su condición de autoridad administrativa", se especifica en la resolución judicial.
El 11 de marzo Franco no se opuso a la celebración de seis manifestaciones realizadas en la Comunidad de Madrid. Ese mismo día, sin embargo, comenzó a prohibir protestas posteriores. Según precisan las fuentes consultadas, la juez preguntó al delegado por los motivos que llevaron a ese cambio de criterio, llegando incluso a interpelarle por la hora en la que se adoptaron las decisiones.
No tiene competencias
Franco defendió su inacción en relación a las manifestaciones y aseguró a la instructora que él no podía prohibir ningún acto. Alegó que la Delegación del Gobierno no tiene competencias sanitarias, sino que estas dependen de la Comunidad de Madrid. Declaró, también, que no recibió ninguna resolución que le obligara a prohibir las protestas por motivos de salud.
En el marco del interrogatorio, una de las acusaciones populares preguntó a Franco por qué no había reclamado informe alguno o recabado colaboración de las dos funcionarias sanitarias de la Delegación del Gobierno. El cargo socialista aseguró que ellas solo tienen competencias en sanidad exterior, pero no en el seno de la Comunidad de Madrid.
Precisamente por esto la juez Carmen Rodríguez-Medel, que pretende determinar si Franco podía o no denegar la celebración de una protesta por motivos sanitarios, otorga gran importancia a la declaración que realizó este jueves el presidente de Apag-Asaja Extremadura, Juan Metidieri, quien confirmó que la Delegación del Gobierno le comunicó el 16 de marzo la prohibición "por motivos sanitarios" de la manifestación que había convocado para el 24 de marzo.
Protesta de Asaja
Fuentes presentes en la declaración aseguran que la juez dirigió varias preguntas a Franco sobre su afirmación de que no podía prohibir una manifestación por motivos sanitarios, cuando sí lo hizo con la convocatoria de Asaja. Este jueves, el ganadero confirmó que su tractorada fue vetada por motivos sanitarios por la expansión del coronavirus.
En relación a los dos informes de riesgos laborales que fueron comunicados a todos los funcionarios de la Delegación del Gobierno el 2 de marzo, José Manuel Franco explicó que él no tuvo acceso al sistema informático interno hasta dos días después. En este sentido, el investigado recordó que el 10 de marzo ya había tomado medidas en relación a sus trabajadores, porque permitió el trabajo telemático de los funcionarios.
En el marco del interrogatorio, la juez también otorgó relevancia a una carta que Franco envió a sus funcionarios el 13 de marzo. En el texto, el investigado aseguraba que la Delegación estaba "implicada en las medidas del Gobierno para garantizar la protección de la salud de la población". Fuentes jurídicas explican a este diario que la magistrada interpeló a Franco y a varios de los altos funcionarios de la Delegación del Gobierno a qué medidas concretas se refería la misiva. Las citadas fuentes aseguran que ninguno de ellos supo dar una respuesta satisfactoria a Rodríguez-Medel.
