Presos yihadistas que han terminado de cumplir su condena durante el estado de alarma han quedado libres en España en lugar de ser expulsados a sus países de origen como marca la ley de Extranjería. La razón es que el cierre de fronteras internacionales obligado por la pandemia de covid-19 ha impedido hacer efectivos sus expedientes de expulsión ya tramitados, según informan a Vozpópuli fuentes de la lucha antiterrorista tanto de Policía Nacional como de la Guardia Civil.
Son varios los casos de terroristas que se han quedado en ese "limbo", según dice uno de los operativos consultados por este periódico. Admite que han quedado en libertad y que no hay nada que se pueda hacer dado que son personas que han cumplido su condena y son libres mientras no se lleve a cabo su expulsión. “No se puede prolongar su estancia en prisión”, coincide otro mando de la lucha antiterrorista.
El Ministerio del Interior confirma esta situación, pero lo circunscribe a casos aislados de condenados marroquíes y precisa que permanecen en libertad vigilada. Las fuentes consultadas afirman que no en todos los casos están sujetos a esa condición, sino con un expediente administrativo de expulsión pendiente. Eso está obligando a ampliar la prevención a los servicios de Información.
Ley de Extranjería
Cuando un yihadista extranjero detenido en España termina su condena, se procede a tramitar su expulsión del país. El artículo 57.2 de la Ley de Extranjería contempla esta medida para todo aquel que haya sido condenado a más de un año de cárcel. Fue el caso, por ejemplo, del condenado por el 11-M Hassan El Haski. Tras pasar 14 años preso, la Audiencia Nacional ordenó su arresto el mismo día de su puesta en libertad definitiva, hace ahora un año. Fue expulsado a los tres días en un avión con destino a Marruecos.
La gran mayoría de los detenidos en España por este tipo de delitos son de nacionalidad extranjera. Basta repasar las últimas operaciones realizadas por las fuerzas de seguridad para comprobarlo. El líder de la célula desarticulada en Almería en abril era egipcio. Sus dos acompañantes nacieron en Argelia. El yihadista detenido en Barcelona poco después con intenciones de atentar en el confinamiento era marroquí, igual que el líder de otro grupo detenido en Ciudad Real.
Lo habitual es que unos días antes de que cumplan la condena, el centro penitenciario correspondiente se ponga en contacto con el tribunal sentenciador. Ambos fijan la fecha exacta de salida una vez descontado el tiempo en prisión provisional y otros conceptos. De ese modo, la Policía Nacional ya sabe cuándo abandonarán la cárcel y se les detiene prácticamente en la puerta de la prisión para llevarles de vuelta a sus países de origen. Igual que Hassan El Haski, fue expulsado en 2014 otro de los condenados por el 11-M, Rafa Zouhier.
También otros delitos
En su caso, al haberse casado con una española, se tramitó en virtud del Real Decreto sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de la Unión Europea. El artículo 15 el contempla la expulsión del territorio "cuando así lo impongan razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública". Tras diez años preso, salió de prisión y de madrugada voló con destino a Tánger (Marruecos).
Ahora, en tiempos de pandemia, esas expulsiones están paralizadas. Los excarcelados con el expediente tramitado tienen que facilitar un lugar de residencia, pero las fuentes consultadas admiten que no siempre son fiables. El problema se extiende a otros presos con delitos distintos al de terrorismo con orden de expulsión en vigor. Tráfico de drogas, malos tratos, homicidios, robos… todas las expulsiones se han frenado.
Cuando regresan a sus países, lo habitual es que viajen en un vuelo regular escoltados por dos agentes de Policía Nacional que garantizan la devolución. En este sentido, las compañías también han reducido sus líneas al mínimo imprescindible durante la pandemia. Hay casos en los que se usan medios propios de las fuerzas de seguridad como fue el caso de dos detenidos de origen francés, que fueron expulsados a su país pocos días antes de que se declarase el estado de alarma. En este caso fue una sustitución de pena a cambio de expulsión, recogida en el artículo 89 del Código Penal.
Radicalismo y pintadas en prisión
Se da la circunstancia de que las cárceles españolas son uno de los puntos que preocupan a las fuerzas de seguridad españolas. Son varias las operaciones policiales dentro de los centros penitenciarios contra redes de radicalización yihadista. En octubre de 2018 la Guardia Civil lanzó la Operación Escribano en una quincena de cárceles contra los miembros de un grupos radical que se comunicaban a través de cartas. El presunto líder era Mohamed Achraf, quien más de diez años atrás había liderado otro grupo que pretendía atentar en la Audiencia Nacional.
El año pasado se abrió una investigación en la Audiencia Nacional después de que apareciesen pintadas yihadistas en las paredes de uno de los módulos de la prisión madrileña de Estremera. “Nosotros somos los soldados del califato”, “El Estado Islámico es un califato según el método del profeta”, “No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta” decían estas inscripciones.
