La Junta de Fiscales de Sala ha dado su respaldo unánime al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, para que las pesquisas abiertas por el contrato que salpica al hermano de Isabel Díaz Ayuso se mantengan en este órgano. Según confirman a Vozpópuli fuentes presentes en la reunión, la fiscal general ha apoyado su reclamo de que el asunto se siga investigando en España, en detrimento de la Fiscalía Europea que solicitaba adherir toda la causa. De esta forma Europa indagará la parte relativa a una presunta malversación de fondos comunitarios mientras que España continuará con las diligencias por tráfico de influencias.
La fiscal general del Estado había convocado expresamente la Junta de Fiscales de Sala para escuchar el criterio de la cúpula del Ministerio Fiscal en relación a la cuestión de competencia planteada por Alejandro Luzón. En este caso se tenía que decidir si, como pedía la Fiscalía de Europa, se les remitía todo el caso Ayuso para que se investigue desde este ente por presunta malversación de fondos comunitarios o, parte del mismo se quedaba en España.
Las fuentes consultadas explican que la reunión ha sido más rápida de lo que esperaban, en parte porque ha habido unanimidad de criterio. Así, en un primer lugar ha tomado la palabra la fiscal general del Estado, la cual ha planteado el conflicto de competencia y ha informado que la Fiscalía Europea (representada en España por la fiscal del caso Gürtel, Concepción Sabadell) incluso le había pedido que plantease una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Competencia de Anticorrupción
En segundo lugar ha cogido el testigo Alejandro Luzón. El fiscal jefe de Anticorrupción -que asumió directamente el caso Ayuso- ha reiterado los motivos por los que planteó esta cuestión de competencia. Los hechos se remontan a hace varias semanas cuando la Fiscalía Europea (un ente que empezó a funcionar el pasado 1 de junio) le reclamó toda la investigación del caso Ayuso. Según expuso, se tenía que investigar si se había producido el delito de malversación ya que el contrato se costeó con fondos Feder.
; es decir, que guardan relación directa entre ellos. Al respecto Luzón ha defendido en su comparecencia esta tarde que no se da dicho supuesto ya que una cosa es que se haya cometido irregularidad con los fondos del contrato y otra muy distinta que la presidenta madrileña mediara para que esta licitación fuera a parar a Priviet Sportive, empresa de la que su hermano cobró más de 280.000 euros por esta gestión.
"Hay que seguir investigando"
Tras el fiscal jefe de Anticorrupción han tomado la palabra una decena de fiscales que han venido a respaldar de manera unánime el criterio de su Luzón. Las fuentes consultadas por este diario explican que, al margen de matices aportados por cada interviniente y que quedarán reflejados en el decreto que firme la fiscal general del Estado, todos han reivindicado la competencia de Anticorrupción.
Con todo, el propio Luzón ha explicado a la prensa al término de la Junta de Fiscales de Sala que la Fiscalía Europea sigue adelante con las diligencias abiertas por este asunto. "La investigación de la Fiscalía Europea es penal. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción es preprocesal. Se dilucida si, a la vista de la investigación, hay base suficiente para incoar un procedimiento penal. Ya dijimos que en el momento indiciario no veíamos delito pero hay que investigar si se confirman los indicios de delito o no", ha dicho con cautela.
Del mismo modo ha tratado de quitarle hierro a las informaciones surgidas desde que se conociera la implicación de la Fiscalía Europea asegurando que esto no es una disputa, sino un tema competencial. "Ninguna fiscalía nacional debe ceder las investigaciones que son estrictamente domésticas, que no atañen ni perjudican los intereses y financieros de la Unión Europea sino que atañen al correcto funcionamiento de la Administración española nacional", ha apostillado.
Pese a ello, la Fiscalía Europea -que arrancó su investigación a tenor de una alerta del Servicio Nacional de Cooperación Antifraude- ha vuelto a reiterar en una nota esta mañana que la competencia es suya y que, ante una situación de conflicto de competencias, debe consolidarse la posibilidad de recurrir ante el TJUE. Anticorrupción, por su parte, descarta la necesidad de plantear dicha cuestión prejudicial.
