La destitución del exfiscal Anticorrupción Ignacio Stampa alcanza a la cúpula del Ministerio Fiscal. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha remitido una carta al Consejo Fiscal para advertir de que la salida de Stampa del caso Villarejo está "presuntamente plagada de irregularidades". La asociación mueve ficha tras conocerse que el fiscal ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Justicia por el modo en que se produjo su salida de la Fiscalía Anticorrupción.
En una misiva remitida al Consejo Fiscal, la asociación explica que el asunto en cuestión es de "máxima gravedad" y por ello adjunta una batería de preguntas en aras a esclarecer el papel que jugó el fiscal jefe de la Secretaría Técnica y mano derecha de Dolores Delgado, Álvaro Ortiz, en su salida del caso Villarejo. Los hecho se remontan al 27 de octubre del pasado año cuando el Consejo no le otorgó el apoyo necesario para ocupar una de las nueve plazas fijas de la Fiscalía Anticorrupción, donde se encontraba en comisión de servicio.
Meses antes tanto él como su compañero al frente del caso Villarejo, Miguel Serrano, se vieron salpicados por el contenido de un chat interno del equipo jurídico de Podemos en el que una abogada del partido sugería que tenía información privilegiada del procedimiento gracias a su cercanía a los fiscales. Estos hechos propiciaron la apertura de una investigación interna y otra en la Fiscalía de Madrid para esclarecer si hubo revelación de secretos. Las dos se terminaron archivando por falta de pruebas.
Dilatar la investigación
Sin embargo, en ese tiempo la mano derecha de Delgado en la Fiscalía habría intervenido para dilatar esta investigación e incluso ampliarla, según denuncia ahora Stampa en su reclamación patrimonial remitida a Justicia. Por ese motivo, la asociación APIF pide que esto se ponga en manos del Consejo Fiscal ya que el asunto "causa un daño muy grave a la institución". Al respecto, lo primero que reclaman es saber si en el Consejo de octubre del año pasado se sabía ya que el despacho de Baltasar Garzón -pareja de la actual fiscal general del Estado- ejerce la defensa de algunos de los principales investigados del caso.
Del mismo modo la APIF pregunta si es cierto que el fiscal jefe de la Secretaría Técnica "en al menos dos ocasiones" y por medio de sugerencias por escrito se dirigió al magistrado al frente de las diligencias abiertas contra Stampa para "hacerle reconsiderar su propuesta de archivo de las actuaciones e instándole a practicar nuevas diligencias". "¿Es cierto que dichos escritos del Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica han sido eliminados del expediente de las citadas Diligencias de Investigación penal, a pesar de ser la razón por la cual las Diligencias se prolongaron más allá de la fecha 27 de octubre de 2020?", recoge el escrito.
"¿Beneplácito de Delgado?"
Al respecto el exfiscal del caso Villarejo (que pertenecía a la mayoritaria Asociación de Fiscales) apunta que la votación de las plazas (clave porque le permitía continuar al frente del procedimiento que arrancó junto con Serrano en 2017) se produjo cuando la causa abierta en la Fiscalía Superior de Madrid contra él apuntaba al archivo. Por eso ahora la APIF quiere que se estudie también en el Consejo Fiscal si es cierto que, cuando el instructor de estas diligencias se negó a seguir prolongando la causa, fue avocada la dirección de las mismas por el entonces fiscal jefe del TSJ, Jesús Caballero.
¿Tenía el Sr. Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica el beneplácito de la fiscal general del Estado para hacer esas 'sugerencias' a un fiscal que dirige una investigación contra otro fiscal?
Por ese motivo preguntan también si se informó al Consejo Fiscal que elige los nombramientos de la existencia de esas "sugerencias" al juez al frente de las diligencias abiertas contra Stampa. Además, también cuestionan el "título jurídico" que permite a un fiscal jefe hacer sugerencias a otro fiscal no subordinado a él, como habría sido el caso y si Ortiz tenía "el beneplácito" de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para intervenir en esta investigación.
"El asunto creemos que es de la máxima gravedad, y que por supuesto, el Consejo Fiscal debe someter a debate un hecho que ha tenido una repercusión inmediata en un caso muy serio de corrupción política y policial, produciendo además un perjuicio directo a un fiscal al que finalmente todas las causas abiertas contra él (administrativas y penales) han terminado archivadas, habiendo incluso escuchado como el anterior teniente fiscal del Tribunal Supremo (Luis Navajas) pedía públicamente disculpas a dicho fiscal por las declaraciones realizadas contra él sobre datos que supo después como completamente falsos", sentencia la nota.
