La investigación abierta por el contrato de mascarillas que salpica a Isabel Díaz Ayuso ha provocado un choque sin precedentes entre la Fiscalía Española y la Europea. La Fiscalía General del Estado ha convocado a la Junta de Fiscales de Sala este lunes para estudiar expresamente la cuestión de competencia planteada por Anticorrupción después de que Europa haya reclamado toda la investigación. La fiscal general del Estado escuchará a todos los fiscales, aunque tendrá la última palabra sobre estas diligencias por la adjudicación a una empresa cercana al hermano de la presidenta madrileña.
A falta de conocer el dictamen de la Junta de Fiscales de Sala, todo apunta que resolverán respaldando al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que sostiene que estas diligencias son de carácter nacional y se deben investigar en España. El asunto se remonta a unas semanas atrás, cuando la Fiscalía Europea pidió asumir estas pesquisas que afectan al hermano de Ayuso. El ente está representado en España por Concepción Sabadell, fiscal del caso Gürtel que salpicó al PP y que instruyó el magistrado Baltasar Garzón.
El motivo esgrimido es que este contrato que se firmó en abril de 2020 estaba financiado con cuantías provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y, por tanto, se podría haber producido malversación de fondos comunitarios. El fiscal jefe Anticorrupción, que asumió en primera persona esta investigación, respondió que no veía factible que se hubieran malversado fondos europeos teniendo en cuenta que está demostrado que esas cuantías se destinaron para la compra de un lote de 250.000 mascarillas por un total de 1,5 millones de euros.
Delitos indisociables
Del mismo modo alegó que la competencia es de la Fiscalía española en tanto las diligencia se siguen por presunto delito de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. La Fiscalía Europea no se dio por vencida y continuó cruzándose oficios con la española hasta que Luzón planteó una cuestión de competencia que se estudiará este lunes y con la que se intenta zanjar la polémica surgida.
De hecho, la fiscal general ya trató de resolver el asunto esta misma semana, tal y como informa El Mundo y confirman fuentes fiscales a este diario. El pasado miércoles firmó un decreto en el que daba la competencia a Anticorrupción y así se notificó a las partes implicadas. No obstante, tuvo que dejarlo sin efecto 24 horas después al darse cuenta de que no se había cumplido el trámite que marca la Ley acerca de que, ante discrepancias entre la Fiscalía Europea y la nacional, se aborde la problemática en la Junta de Fiscales de Sala.
Así pues, el fiscal jefe Anticorrupción expondrá este lunes los motivos por los que considera que las pesquisas por el contrato a Priviet Sportive se deben quedar en España. Entre ellos reside el hecho de que para que Europa asuma toda la investigación debe demostrar que los delitos son indisociables; es decir, que la presunta malversación de fondos comunitarios está intrínsecamente ligada con el supuesto tráfico de influencias que investiga Anticorrupción. Y en ese punto es donde se produce el conflicto.
Fuentes fiscales consultadas por Vozpópuli aseguran que se espera un respaldo importante a Luzón. El máximo representante de Anticorrupción sostiene que en este caso los delitos no son indisociables. Por un lado estaría la posible comisión de malversación y, por otro, el asunto relativo al tráfico de influencias o trato de favor a Tomás Díaz Ayuso por ser el hermano de la presidenta madrileña. La Ley Orgánica 9/2021 que regula el principio de actuación de la Fiscalía Europea también precisa que para que Europa asuma la cuestión se exige que los delitos sean indisociables.
El caso Ayuso ¿Ante el TJUE?
El artículo 4 estipula que los fiscales europeos delegados son competentes ante casos de delito de blanqueo o cohecho cuando perjudique a intereses financieros de la Unión y ante malversación cuando perjudique "de cualquier manera" dichos intereses. Lo mismo ocurre ante un fraude de subvenciones o ayudas de la Unión Europea. En cualquier caso, la competencia se extiende a los delitos "indisociablemente vinculados" a estos tres tipos penales, según recoge la Ley española que precisa que, ante "discrepancias" sobre la competencia, resuelve la cuestión la titular de la Fiscalía General del Estado; esto es, Dolores Delgado.
El Reglamento europeo también es claro al respecto y reconoce el papel decisivo de la Fiscalía General del Estado para dar respuesta al conflicto. No obstante, abre la puerta a que el tema termine ante la Justicia Europea. La norma precisa que los órganos nacionales pueden plantear cuestiones prejudiciales cuando alberguen dudas acerca de la validez de los actos de la Fiscalía Europea. Con todo, el primer paso es abordar esta cuestión en la Junta de Fiscales de Sala de este lunes que estudiará a fondo la competencia de Anticorrupción por tratarse de un asunto nacional.
Aún así, aunque Delgado resolviera a favor de Luzón y abogara por mantener parte de las pesquisas en España, la Ley permite a Europa iniciar unas diligencias por estos hechos. No obstante, se centrarían exclusivamente en la presunta malversación o fraude por este contrato de suministro de mascarillas. El mismo terminó ante la Fiscalía Anticorrupción por iniciativa de los grupos parlamentarios municipales de izquierdas. Podemos, PSOE y Más Madrid, denunciaron irregularidades con esta licitación.
Un contrato bajo sospecha
Tras estudiarlas, Luzón decidió abrir diligencias. En su decreto del pasado 22 de febrero explicó que había una falta de concreción importante en las denuncias pero que se debían indagar por dos motivos: uno, por tratarse de una Administración Pública a la que se le presupone un recto funcionamiento y dos por la "indiscutible trascendencia social" del contexto. La adjudicación se produjo en abril de 2020, en plena primera ola de la pandemia del coronavirus y con los hospitales y centros sanitarios saturados.
De hecho, este contrato -como ocurrió en el resto de administraciones- se tramitó por la vía de urgencia debido a la situación de emergencia de entonces. La Comunidad de Madrid eligió a Priviet Sportive para el suministro de este material siendo el hermano de Ayuso una persona muy ligada a la firma. Al respecto, consta que cobró más de 280.000 euros por esta licitación que ahora investiga Anticorrupción ante la sospecha de que podría tratarse de una comisión.
La propia presidenta de la Comunidad de Madrid confirmó los cobros pero aseguró que responden a una gestión y no a una comisión. Respecto a Ayuso la Fiscalía descartó actuar contra ella en un primer momento y tildó de "hipótesis" las acusaciones que vertieron los grupos municipales de la Comunidad. Por ese motivo descartó también remitir las actuaciones a la Fiscalía del Tribunal Supremo (órgano competente por ser Ayuso aforada). Ahora, tras la irrupción de la Fiscalía Europea, la última palabra la tendrá la fiscal general del Estado.
