El exdiputado del PP, Jaime Ignacio del Burgo, ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los vicepresidentes del Ejecutivo Carmen Calvo y Pablo Iglesias, y los ministros de Sanidad, Interior e Igualdad, Salvador Illa, Fernando Grande-Marlaska e Irene Montero, por autorizar la manifestación del 8 de marzo cuando en España había 17 fallecidos.
El director del Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, también ha sido denunciado, al igual que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
Del Burgo acompaña la denuncia presentada ante el Alto Tribunal de un informe de 47 páginas basado en documentos oficiales del Ejecutivo en el que concluye que el Gobierno sabía desde el 24 de enero el riesgo de la pandemia originada en el mercado de Wuhan (China). Además, cree que aparte de permitir la protestas feministas por toda España animaron a la gente a que acudiese.
"Plena consciencia"
"El Gobierno alentó, consintió y autorizó la gran manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid y en otras ciudades españolas, con plena consciencia de que se corría el riesgo de un crecimiento exponencial de la propagación del coronavirus que en el momento de su celebración ya había causado la muerte de 17 personas, 8 de ellas en Madrid y de la existencia de dos núcleos de contagio en la capital", asegura el denunciante.
En opinión del doctor en Derecho, "no hubo ingenuidad ni imprevisión" sino minimización del riesgo "consciente" para llevar a cabo las manifestaciones.
