El laberinto que recorren los casos judiciales que rodean al PSOE andaluz parece enrollarse en círculos concéntricos en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sin encontrar un final por el que se pueda salir.
En un mismo despacho descansan los escándalos de los ERE, las ayudas concedidas por la agencia IDEA o las tarjetas opacas de la Faffe. La titular del juzgado, María Núñez Bolaños, no ha sido su primera inquilina. Primero pasó por allí la magistrada Mercedes Alaya, que se ganó un reputado nombre en los medios de comunicación por imputar a los grandes nombres y líderes del socialismo en la comunidad autónoma.
Las causas se apilan mientras las dilaciones se suceden. Tras la salida de Alaya, que cumplió con el máximo de tiempo que podía permanecer en el cargo (aunque podría haber optado a una prórroga que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no le concedió) llegó a la silla Núñez Bolaños.
Las críticas, como los inconvenientes, también se han venido arrastrando desde su llegada. Desde las bancadas políticas se la acusaba de dilatar la instrucción, temiendo que los delitos pudiesen prescribir. Y parece que no se equivocaban.
Esta semana, los fiscales anticorrupción de la capital hispalense han acudido en tromba a su jefe, el fiscal Alejandro Luzón, con un escrito en el que ponen de manifiesta todas las actuaciones de la jueza que consideran irregulares en su instrucción de las macrocausas del PSOE, según adelantó El Independiente. Luzón tendrá ahora que decidir qué hacer y, sobre todo, si eleva el escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que podría abrir un expediente a Bolaños.
Sin realizar pruebas
Para prueba de lo que denuncian los fiscales, un ejemplo. En la causa de la agencia IDEA, donde se investigan los avales concedidos a diversas empresas andaluzas, los representantes del Ministerio Público critican que la jueza no accediera a nuevas pruebas y a que remitiera toda la documentación que obra en su poder a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Nunca lo hizo.
Por el contrario, con el apoyo de los letrados que defienden el papel de la Junta de Andalucía, Bolaños decidió archivarla sin practicar las diligencias que la Fiscalía reclamaba. Los reiterados archivos de las distintas piezas de los ERE también han suscitado el creciente enfado entre los fiscales anticorrupción sevillanos.
Baja médica
Bolaños está viviendo estos últimos acontecimientos lejos de la avenida Menéndez Pelayo, donde se encuentran los Juzgados de Instrucción de Sevilla. Desde el pasado 16 de junio se encuentra de baja médica por motivos que no han trascendido. La situación se produce después de que su madre falleciese recientemente, y no se conoce cuándo podría volver.
El timón de mando lo ha cogido José Ignacio Vilaplana, que llegó como juez de refuerzo un año después de que lo hiciese Bolaños, en 2016. Este juez madrileño será el que se encargue, mientras dure la baja de la titular del Juzgado, de continuar la instrucción de las macrocausas andaluzas en un camino que parece no tener fin.
Si se alarga la baja de la titular no sería de extrañar ver pasear por el Juzgado número 6 nuevos nombres de refuerzo para evitar dilaciones tanto en las causas mediáticas como en el trabajo del día a día, afirman fuentes conocedoras de la realidad del juzgado.
