El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha solicitado al juez José Castro el desbloqueo de un total de 87.328 euros de los fondos que le fueron embargados de una cuenta de Luxemburgo, para poder cubrir "las cuando menos necesidades básicas de alimentación, higiene y demás".
Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Torres, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama hasta 16 años y medio de cárcel por apoderarse, junto a Urdangarin, de hasta 6,2 millones de euros públicos mediante un entramado de empresas ficticias, asevera que tanto el acusado como su mujer, Ana María Tejeiro, "carecen de ingresos así como de la posibilidad de obtenerlos". El letrado del matrimonio aporta un listado de los gastos a los que debe hacer frente, como el pago de hipotecas, impuestos, tasas, escolarización y comunidades de propietarios. El abogado vuelve a incidir en la "absoluta falta de liquidez" de sus patrocinados.
Los delitos que pesan sobre Torres
En concreto, sobre Torres pesan un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, estafa, fraude a la administración, un delito fiscal y un último de blanqueo de capitales. Por su parte, su mujer se enfrenta a una petición de dos años de cárcel por blanqueo. En su escrito de acusación, el fiscal Pedro Horrach desgrana los mecanismos con los que Torres y su exsocio pusieron en marcha una estructura "hueca de contenido real" y urdieron "una maraña de facturación ficticia" para apoderarse del dinero público de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid. Y para ello, añade, utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".
Urdangarin como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado
El fiscal subraya cómo para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos imputados. De hecho, la Agencia Tributaria (AEAT) elevó a más de 3,9 millones de euros la cantidad que finalmente no fue invertida por ambos exsocios al objeto para el que obtuvieron estos fondos -el impulso de varios foros de turismo y deporte-, a pesar de que para ello obtuvieron más de seis millones públicos.
Cabe recordar que el dinero de Torres y Tejeiro fue intervenido en los registros efectuados en la sede del Instituto Nóos y de otras empresas del entramado el 7 de noviembre de 2011, y que se halla en la cuenta de consignaciones judiciales del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. Unos 900.000 euros fueron localizados por los investigadores en el Credit Suisse de Luxemburgo. En una anterior resolución, el juez Castro recordaba al abogado de Torres que el bloqueo del dinero tiene como objetivo garantizar las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de estas investigaciones, "no que este Juzgado acabara convirtiéndose en su administrador o filtro".
