El canon digital y el Reglamento de la Ley Sinde fue uno de los pocos temas no pactados entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el traspaso de poderes. Y será, por tanto, de los primeros en ser despachados.
El entuerto que queda tras el reglamento de la Ley Sinde sobrepasa en urgencia a la puesta en marcha de una Ley de Mecenazgo, la cual fue apuntada por la Vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría a la salida del pasado Consejo de Ministros.
El asunto lleva prisas, entre otras cosas, porque el canon funciona como piedra de tranca a otros temas que son vitales para los populares, entre ellos, la posibilidad de los bienes culturales como mercancías capaces de circular y de ser intercambiadas con un valor para quienes la producen.
La Ley de Propiedad Intelectual incluye no sólo el canon sino además, un marco mucho más amplio en el cual se enmarca la concepción de cultura que ha formulado el Partido Popular.
No se trata de un modelo necesariamente protector de la cultura, sino de ésta entendida un sistema que produce mercancías y que, por tanto, debe aspirar a poseer un mercado en el cual esas mercancías puedan circular con unas normas específicas. Un modelo como el planteado por Ángeles González Sinde contradice, por completo, ese principio.
Ese fue gran parte del trabajo que desarrolló en su momento Lassalle junto a personas como Antonio Guisasola, ahora presidente de la Asociación de gestión de derechos intelectuales (AGEDI) y que partía de la base de la protección a la Propiedad Intelectual como un nuevo “modelo de negocio que debía tomar en cuenta los desafíos impuestos por la sociedad de la información”. De ahí que, a juicio del PP, no pueda normarse, a la manera de la Ley Sinde, a partir de un marco de referencia tan volátil como sólo lo digital.
Ya en una entrevista concedida a Vozpópuli, Lassalle era muy claro al afirmar que el canon, tal y como lo había planteado la legislatura socialista tenía que ser no rectificado sino completamente “superado”, para pensar en un marco legislativo más amplio de propiedad intelectual, al unísono con una Ley de Mecenazgo.
