El caso Dina apunta de nuevo al cierre. La línea de investigación abierta en el procedimiento de Villarejo por el robo del teléfono móvil de la exasesora de Pablo Iglesias está agotada; especialmente tras incorporarse a la causa el último informe de la Policía que no arroja luz alguna sobre la presunta implicación en estos hechos de la cúpula policial del Gobierno de Mariano Rajoy.
La Audiencia Nacional obligó en septiembre al juez Manuel García Castellón a reabrir esta pieza décima del caso Villarejo, tal y como pedían Pablo Iglesias (que litiga como perjudicado) y los periodistas implicados en la causa. La Sala les dio la razón en sus pretensiones de seguir investigando la filtración del contenido del teléfono que, según denunció la propia Dina, se lo sustrajeron en unos grandes almacenes en noviembre de 2015.
La Sala de lo Penal estimó oportuno alargar dos meses más las diligencias (hasta el 7 de noviembre) para esclarecer si la conocida como policía patriótica tuvo algo que ver en este operativo. Frente al criterio del juez, que entiende que no hay más recorrido, la Sala consideró necesario averiguar el grado de implicación de la cúpula policial, liderada entonces por Eugenio Pino, en la sustracción del teléfono cuyo contenido acabó publicado en prensa.
Villarejo y la tarjeta de Dina
Precisamente, la Sala se apoyó en la declaración que prestó Pino en sede judicial. El exDAO, que compareció como testigo, explicó que en aquel momento existían investigaciones abiertas en la Policía relativas a pagos que miembros de Podemos, como Juan Carlos Monedero y el propio Iglesias, habrían recibido de Venezuela. Ante estas confesiones, la Sala ordenó recabar de la Policía cualquier oficio o nota de este asunto que hubieran sido remitidos por Villarejo entre noviembre de 2015 y julio de 2016.
En relación a si existe en los archivos nota informativa relativas al terminal de Dina que hubiera remitido Villarejo, se informa que no se ha encontrado nada
De esta forma, el magistrado cumplió con lo dispuesto y se dirigió a la Policía en busca de cualquier nuevo indicio que incriminase a Villarejo en esta actuación. En un escueto oficio remitido a la causa hace apenas dos semanas, la Dirección Adjunta Operativa respondió que no se había encontrado "nada" relacionado con el asunto del teléfono de Dina. No existe, pues, nota alguna del comisario jubilado sobre este robo que, según Dina e Iglesias, responde a una operación de la 'brigada política' para utilizarlo contra de Podemos en plena campaña electoral.
El oficio policial vuelve a dejar la investigación en el mismo punto en el que se encontraba en enero, cuando García Castellón declinó prorrogar medio año más las diligencias. El instructor, respaldado en esta ocasión por la Fiscalía Anticorrupción, desestimó la petición de Iglesias en relación a que se indagase si en la Policía existía alguna investigación irregular para actuar contra Podemos y si, en el marco de la misma, se robó el teléfono de su entonces asesora en el Parlamento Europeo.
¿Cómo se destrozó la tarjeta?
El juez no ve motivos para seguir adelante con la causa. Especialmente después de que la Policía Científica informase a la Audiencia Nacional que era incapaz de esclarecer los motivos de la rotura de la tarjeta. De hecho, el asunto relativo al destrozo de la SD se convirtió en cuestión prioritaria para el magistrado. Tras conocerse que Dina la recibió de Iglesias y que ésta era ilegible, García Castellón centró sus esfuerzos en averiguar cómo se llegó a ese punto y sobre todo quién fue el responsable.
Por ello, encargó a la Científica que analizase detenidamente la tarjeta que pertenecía al teléfono de Bousselham. Tras casi un año de estudio, la Unidad de Criminalística informó a la Audiencia nacional que el dispositivo era irreparable y que, debido a los daños que presentaba, era imposible saber cómo se destruyó, qué archivos contenía o quién fue la última persona que tuvo acceso a la misma.
La respuesta de la Policía Científica cerró la puerta a que García Castellón siguiera indagando sobre el destrozo de la SD. Este asunto devino crucial para el juez cuando comenzó a sospechar, meses antes, que Iglesias y Dina, lejos de ser los perjudicados de la operación, podrían estar más bien ocultando que la denuncia respondió a una estrategia de Podemos de hacerse pasar por víctimas de Villarejo y las cloacas policiales.
Esta teoría la alimentó en sede judicial el abogado purgado del partido, José Manuel Calvente, el cual dijo que no solo no se produjo ningún robo, sino que los pantallazos que acabaron en prensa relativos a las conversaciones de chats de Podemos los filtró la propia Dina. Ello, unido a las contradicciones de la exasesora de Podemos en sede judicial llevaron al juez a tomar dos decisiones de calado en octubre de 2020.
Por un lado, dejó al borde del banquillo a Villarejo y a los periodistas implicados en la causa por delito de revelación de secretos, y por otro, envió una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigase a Iglesias (entonces aforado), a Dina, a su pareja Ricardo Sa Ferreira y a parte del equipo jurídico de la formación morada. La Sala de lo Penal devolvió al juez la exposición apuntando que no había indicios suficientes para actuar contra Iglesias por tres delitos.
Denuncia a Dina por falso testimonio
En paralelo, Dina Bousselham salió en defensa de Pablo Iglesias. Dijo que no se sentía afectada por el hecho de que su antiguo jefe retuviera medio año la SD antes de dársela a ella. Explicó que si actuó de este modo fue por la relación de confianza entre ambos y también le desvinculó de cualquier posible destrozo del dispositivo. Además, la Sala de lo Penal devolvió al exvicepresidente del Gobierno su condición de perjudicado, la cual se ha mantenido hasta el momento.
Este escenario ha hecho que García Castellón abra otro frente contra Bousselham, ante su convicción de que mintió en sede judicial. El mes pasado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 pidió a los juzgados de Plaza de Castilla que abriera causa contra ella por delito de falso testimonio. También dedujo testimonio por denuncia falsa y simulación de delito en los juzgados de Alcorcón, lugar donde Dina y su pareja denunciaron el robo. La exasesora de Iglesias se opuso y recurrió la decisión ante la Sala de lo Penal, la cual tiene pendiente resolver este asunto.
Así pues, la investigación no solo ha terminado enfrentando las posiciones de Iglesias y Dina frente a las del juez instructor, sino que se ha convertido, con apenas tres años de vida, en la que más giros de 180 grados ha protagonizado desde su apertura. Pese a ello y pese a todas las diligencias acordadas, siguen sin desvelarse las principales incógnitas de estos hechos, tales como quién destrozó la tarjeta y qué papel concreto jugaron Villarejo la brigada política en todo este asunto.
