La Organización Impulsora de Discapacitados (OID) gestora de un boleto de lotería alegal en toda España, pide al Ministerio de Hacienda que abra negociaciones para legalizar su actividad y se queja del monopolio de la ONCE en el sector, según dijo a este periódico Dionisio González Otero, presidente de la organización.
En una reciente carta González Otero pide al Gobierno “iniciar un camino de diálogo para poder resolver la situación y nuestra normalización como asociación legalmente constituida e inscrita en el Ministerio del Interior que somos”.
Hacienda impuso hace algunos meses una multa de 25 millones de euros a la OID por una infracción "muy grave" de la Ley del Juego. De esta manera castigaba a esta asociación por no tener licencia a nivel nacional o autonómico para la fabricación, distribución y comercialización de diversos productos de lotería denominados "Euroboleto, Euromillonario", "Busca OID", "Busca 25.000 euros" y "Superbusca 10 millones de euros".
Cuatro mil empleados
Esta empresa tiene en la actualidad unos 4.000 vendedores y empleados. De esta cantidad, unos 400 trabajadores están dados de alta a la Seguridad Social pero los vendedores trabajan como autónomos. Dionisio González Otero explica que ellos les daban de alta, pero la Seguridad Social las anulaba “para que no acumularan derechos”.
El presidente afirma que el Gobierno hizo una Ley a la medida de un patrocinado, la ONCE, en contra de los derechos del resto y de las leyes europeas. “Se han pasado tres pueblos”, añadie. La OID se queja de que se ha legislado para dar monopolio al Estado y a organizaciones como la ONCE “que no hace más que ponernos zancadillas”.
Mantiene que su lotería no comente ningún tipo de infracción y cita un auto del año 1999 de la Audiencia Nacional en el que señala que la OID “no comete ningún tipo de delito, ni estafa, ni contrabando, ni contra la Hacienda Pública”. “Hay 135 autos de archivo en otros tantos juzgados de toda España”, añade el presidente. Desde hace 23 años esta empresa pide, según dicen, constantemente la licencia administrativa, pero la dirección general del Juego se lo niega constantemente. Añade que están al corriente de todos los impuestos y obligaciones fiscales.
Dionisio González Otero señala que el Estado protege a la ONCE que cuenta con unas 100.000 personas, mientras que en España hay unos cuatro millones de personas con alguna discapacidad. El presidente de la OID formaba parte de una organización de venta de boletos llamada Prodiecu. Hace años muchos las personas que trabajaban en esa lotería fueron admitidos en la ONCE “pero yo, y muchas personas más aún estamos esperando” porque nos querían mandar a muchos kilómetros de nuestras casas y puntos de venta.
La OID decidió seguir con su boleto. Su presidente afirma que es una organización benéfica, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la integración social, laboral y cultural de todas las personas discapacitadas, psíquicas y sensoriales. “Nadie tiene el monopolio de representar a los discapacitados y eso lo sabe el Gobierno, que mantiene su protección a la ONCE”, afirma González.
La sanción de 25 millones de euros
Asegura que la venta de lotería benéfica debería estar autorizada para toda organización sin ánimo de lucro que demuestre que destina sus beneficios a fines sociales y esté abierta al control y la inspección. Respecto a la sanción de 25 millones de euros, afirma que está prescrita y “además el juez pide a Hacienda la resolución y parece que la ha perdido pues no la envían”. “Lo que ocurre es que saben que lo que está haciendo es contrario a los derechos comunitarios y por eso no siguen”, agregó.
El presidente de la OID pide al Gobierno que persiga a los delincuentes “y no a los que apoyamos a la discapacidad”. La organización mantiene que la normativa española que regula el juego es nula de pleno derecho, ya que las leyes europeas prohíben los monopolios excepto en caso de excepción. Respecto al dinero que ingresa la OID señala que primero se paga a los trabajadores. Del resto, un 50% va a abonar los premios que nunca se han dejado de entregar, el 9% a administración y a otras partidas. Un 3% se reinvierte en otras empresas de la propia entidad.
