El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Tándem, Manuel García-Castellón, recurrirá a la denominada 'doctrina Llarena' para rechazar apartarse de la instrucción de la causa contra el clan policial mafioso presuntamente liderado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, según anuncian fuentes jurídicas a Vozpópuli.
En concreto García-Castellón, siempre según las fuentes citadas, inadmitirá el recurso de la defensa de Villarejo al considerar que la misma incurre en mala fe procesal. Esta decisión se inspira en la actuación desarrollada por el magistrado que investigó la causa del procés, Pablo Llarena, que durante la instrucción rechazó las recusaciones planteadas por los abogados de los ahora ya condenados por sedición y malversación. Estas decisiones de Llarena fueron refrendadas por el Tribunal Supremo.
Este miércoles se ha conocido que la Fiscalía anticorrupción se ha opuesto a que el juez García-Castellón se aparte de la instrucción del caso. El ministerio público cree que las razones que alega el excomisario no son causa de recusación y la petición además, es extemporánea, según adelanta Europa Press.
El ministerio público ha informado así sobre el incidente de recusación planteado por Villarejo después de que el propio García-Castellón diese traslado para conocer su parecer antes de decidir si da trámite a la reclamación del comisario o por el contrario, rechaza de plano sus pretensiones.
No hay causas
Para anticorrupción, el incidente debe ser rechazado porque no se ajusta a ninguna de las causas de recusación de un instructor tasadas en la ley, una casuística de 16 supuestos que van desde incompatibilidades por relaciones personales del juez con alguno de los implicados hasta haber conocido antes del procedimiento desde un cargo público o en su ejercicio profesional, pasando por tener pendiente un asunto penal emprendido por alguna de las partes.
Villarejo ha emprendido esta ofensiva judicial en ciernes de que se celebre la vista sobre su situación de prisión provisional, dado que el 5 de noviembre cumple dos años en preventiva en la cárcel de Estremera (Madrid) y el juez debe decidir escuchando a su defensa y a la Fiscalía si prorroga esta situación.
El comisario registró el incidente de recusación como colofón a dos denuncias por prevaricación judicial contra García-Castellón presentadas ante el Tribunal Supremo. Alega que no hay garantías de su imparcialidad basándose en una información de prensa según la cual ya habría decidido prorrogarle la prisión, y ponía en cuestión su independencia judicial, de acuerdo al escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.
