Veinte meses después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tumbara en octubre de 2013 la polémica 'doctrina Parot', los efectos de aquel varapalo jurídico se siguen notando. En lo que va de 2015, al menos siete presos de ETA han sido ya excarcelados gracias a este fallo. El último, el pasado 18 de junio. Se trata de Antonio Cabello Pérez, a quien la Ertzaintza detuvo en noviembre de 1986 durante la liberación del industrial vasco Lucio Aguinalgalde. Condenado entonces a más de 100 años de cárcel por siete hechos delictivos, entre ellos el secuestro del empresario vasco y dos asesinatos, Cabello fue uno de los primeros a los que el Tribunal Supremo anuló la aplicación de la 'doctrina Parot' poco días después de conocerse el fallo de Estrasburgo. Sin embargo, su salida se ha demorado hasta hace sólo unas jornadas ya que la Audiencia Nacional consideró que, pese a todo, aún le quedaba una parte de la condena por cumplir.
El último etarra liberado por el fallo del Tribunal de Estrasburgo fue uno de los primeros a los que el Supremo le aplicó la derogacion de la 'doctrina Parot', pero su salida se ha retrasado porque aún le quedaba parte de la condena por cumplir
Antes que él hubo otros seis etarras. El primero en ser puesto en libertad en 2015 por el fin de la 'doctrina Parot' fue Jorge González Endemaña. El 12 de febrero, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aprobaba su "licenciamiento definitivo" con efecto desde el 21 de enero anterior. Atrás quedaban cerca de 20 años de reclusión por el asesinato en enero de 1995 de un policía que custodiaba las oficinas de expedición del DNI en Bilbao. Por aquellos hechos, fue condenado a 50 años de prisión. Un mes después, el 7 de marzo pasado, le tocaba abandonar la prisión a Alfonso Castro Sarriegui tras 24 años entre rejas. Este etarra, policía municipal de profesión, fue condenado a 10 años de prisión por facilitar los datos para el secuestro del empresario José María Aldaya en 1995, a los que sumó otros 66 por su participación en varios asesinatos y atentados.
Sólo nueve días más tarde salía de la cárcel Valentín Lasarte Oliden, uno de los etarras acogido a la llamada 'Vía Nanclares' de reinserción. Lasarte, que ya había disfrutado de permisos carcelarios por su arrepentimiento, abandonaba la prisión tras cumplir 19 de los 340 años a los que fue condenado por siete crímenes. Esa misma semana le seguía Lourdes Churruca Medinabeitia, detenida en 1993 cuando el 'comando Vizcaya' al que pertenecía intentó asesinar a un militar y este repelió la agresión. Condenada a más de 300 años de cárcel por tres asesinatos, salió en libertad el 20 de marzo tras permanecer cerca de 25 años en una de las prisiones más alejadas del País Vasco, la de Huelva. En la providencia que ordenaba su excarcelación, la Audiencia Nacional reconocía que debía haber salido mucho antes, el 11 de diciembre de 2013, sólo mes y medio después de que fuera derogada la 'doctrina Parot'.
Todavía en marzo, fue excarcelado Raúl Alonso Álvarez, detenido en junio de 1991 cuando fue sorprendido por la Policía, junto a otros miembros del 'comando Matalaz' al que pertenecía, colocando una bomba lapa bajo el coche de un agente. Su salida de prisión estaba prevista para 2021, pero el fallo del Tribunal de Estrasburgo redujo la misma en seis años. Pasó, finalmente, 23 años y nueve meses en centros penitenciarios. El septimo liberado en 2015 ha sido Juan Carlos Balerdi Iturralde, condenado a 362 años de cárcel por ocho asesinatos. En su caso, un error de Instituciones Penitenciarias al no detallar en su expediente varias sanciones que le hubieran recortado los beneficios penitenciarios permitió que la sentencia del TEDH recortara su estancia en prisión. La abandonó el pasado 26 de abril.
Inés del Río, la primera
Son los últimos miembros de la banda excarcelados de una larga lista que se inició con la 'histórica' integrante del 'comando Madrid' Inés del Río Prado. Fue el recurso de esta etarra al tribunal de Estraburgo el que provocó una disputa de años que el órgano judicial europeo resolvió en octubre de 2013 tumbando la 'doctrina Parot', dictada en 2006 y que obligaba a computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años de prisión, lo que supone un alargamiento de la estancia en la cárcel. En las semanas siguientes a la puesta en libertad de Del Río, fueron numerosos los presos tanto de ETA como de otros grupos terroristas y delincuentes con graves delitos (violadores y asesinos) que abandonaron la cárcel en aplicación del fallo de la Justicia europea.
Interior se niega ahora a facilitar la cifra total de etarras excarcelados desde el fallo de Estrasburgo. Paradójicamente, poco antes de que se conociera éste facilitaba a la prensa listados de los que podían quedar en libertad
¿Cuántos lo han hecho hasta ahora? Veinte meses después el Ministerio del Interior ha convertido esa cifra en una auténtico 'secreto de Estado'. Tras las primeras semanas en la que cerca de medio centenar de integrantes de la banda armada salieron de prisión por la aplicación del fallo, el Gobierno no ha vuelto a facilitar datos, según denuncian a este diario fuentes políticas y penitenciarias. Tampoco ahora, pese a que la puesta en libertad de etarras por aquella decisión judicial se sigue produciendo como un goteo. Curiosamente, poco antes de conocerse la sentencia, la política informativa del departamento de Jorge Fernandez Díaz era la contraria a la actual. De hecho, en las fechas previas al fallo que tumbó la 'doctrina Parot', su equipo de prensa mantuvo encuentros con periodistas a los que se les facilitó un listado con la identidad de los diferentes reclusos, en su mayoría etarras, que podían quedar en libertad si, como finalmente ocurrió, el TEDH fallaba en contra. En aquel listado, que aparecía sin membrete oficial, figuraba no sólo la cifra de posibles beneficiados, sino también sus identidades con detalle de los asesinatos, secuestros o atentados por los que se les condenó.
Atenuar las protestas de las víctimas
Cuando se conoció la decisión de los jueces de Estrasburgo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el entonces titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se apresuraron a dar una rueda de prensa en la sede del departamento de este último en la que prometieron poner todas las trabas legales en su manos para evitar las excarcelaciones. Buscaban atenuar las críticas de diferentes colectivos de víctimas del terrorismo, que empezaron acusando al Gobierno de no haber actuado con diligencia en Europa para impedir el fin de la 'doctrina Parot', pero que luego cargaron contra los jueces de la Audiencia Nacional que, en aplicación de la sentencia, empezaron a dictar órdenes de libertad.
Diversas fuentes señalan al responsable de Prisiones, Ángel Yuste, como el incitador del 'cerrojazo' informativo a las excarcelaciones. "ETA ya no da votos", añaden
Este diario ha solicitado en las últimas semanas en varias ocasiones la cifra total total de excarcelados, a lo que se han negado reiteradamente desde el departamento de Jorge Fernández Díaz. Fuentes sindicales de Instituciones Penitenciarias también aseguran haber sufrido dicho 'cerrojazo' informativo y varios diputados de la oposición consultados por este diario reconocen que el Gobierno tampoco les ha facilitado datos concretos. Según diversas fuentes, el principal defensor de mantener bajo secreto esta información es, precisamente, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. No obstante, algunas fuentes consultadas también achacan parte del 'apagón' informativo a los diferentes procesos electorales que se desarrollan durante este año. "El Gobierno sabe que ETA ya no da votos y que, por el contrario, las informaciones sobre excarcelaciones pueden molestar a un sector de su electorado muy sensible con el tema de las víctimas", señala a este diario una de estas últimas.
