De momento, los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz-Gallardón, han contactado con sus homólogos franceses, Manuel Valls y Christiane Taubira, para garantizarse que el país vecino no moverá ficha en la política penitenciaria que aplica a los 140 etarras que están presos en sus cárceles. Para el Gobierno español, que Francia no dé ningún paso equivocado es muy importante ya que desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa a finales de 2011, no se ha respondido a ninguna de las condiciones puestas por la organización terrorista para su disolución.
En el Gobierno se opina que es prioritario que Francia no protagonice ningún paso equivocado en la política penitenciaria que aplica a los presos etarras
Una de estas condiciones, la principal de todas, ha sido la de dar una solución a sus más de setecientos presos. La presión mediática y política, entre otras razones, ha llevado al Gobierno a no dar un solo paso en esta dirección, actitud que ha mantenido bloqueada cualquier posibilidad de que ETA formalice su desaparición definitiva como organización terrorista. “La banda no se quiere disolver sin condiciones, quiere sacar algo después de casi medio siglo de terrorismo y desde el principio siempre hemos pensado que esto es una inmoralidad después de tantos asesinatos”, aseguran fuentes gubernamentales. Lo ha intentado con el Gobierno español y también con el francés. En noviembre del año pasado, ETA enfatizó la importancia de involucrar al Ejecutivo galo en la negociación sobre el futuro de los presos como condición indispensable para llegar al “desarme y la desmilitarización”. En ese mismo comunicado, la organización terrorista expuso que los dos gobiernos tenían un conocimiento exacto de su disposición a negociar y que su rechazo al diálogo podría “frustrar la oportunidad de paz”.
Desde hace un año, ETA viene reclamando a los gobiernos español y francés soluciones para sus presos como condición imprescindible para disolverse
Pero una cosa es que el Gobierno no actúe en la dirección contraria a lo que piensa y otra muy distinta es que se vea obligado a cumplir las sentencias que dictan los tribunales. Es lo que está pasando con el entierro de la doctrina Parot por parte del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, una novedad que, en opinión de un sector del propio Gobierno, puede contribuir a acelerar la disolución de ETA ya que el acatamiento de la sentencia colocará en la calle al grupo de presos ‘históricos’ más sanguinarios, los que nunca hubieran salido en condiciones normales hasta dentro de muchos años mediante una aplicación estricta de la ley. En otras palabras, que la foto final de la organización terrorista puede estar más cerca, a pesar de la lógica irritación que ha provocado el fallo de Estrasburgo.
Aunque la eliminación de la doctrina Parot no beneficiará a los terroristas con más penas de prisión a sus espaldas que han entrado en la cárcel en los últimos años, la sentencia de Estrasburgo ha abierto un nuevo escenario en el que incluso el PNV quiere jugar un papel protagonista. El lendakari Íñigo Urkullu y Mariano Rajoy mantienen una comunicación fluida y en La Moncloa se conoce ya desde hace tiempo la disposición del primero a colaborar con el Gobierno en el cierre definitivo de la sangrienta historia escrita por ETA, a sabiendas de que es todavía tan reciente que dispara muchas sensibilidades y no está exenta de riesgos. En este contexto, las mismas fuentes recuerdan el ejemplo irlandés cuando, después de los famosos acuerdos de Viernes Santo, en la que casi todos los partidos norirlandeses pactaron la paz, la organización terrorista dio algunos coletazos finales.
El lendakari, Iñigo Urkullu, ha trasladado a Rajoy su disposición a colaborar en el final definitivo de la banda terrorista
En todo caso, el análisis que se hace en el Gobierno sobre la situación de ETA no es comparable con la secuencia seguida por el IRA, ya que se tiene constancia de que es la propia izquierda abertzale la que ha tomado el mando y está impidiendo, eficacia policial al margen, el regreso de la organización criminal a los atentados.
