La todavía ministra de Justicia, Dolores Delgado, será nueva fiscal general del Estado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su nombramiento se producirá en el marco de la declarada estrategia del Ejecutivo de “superar la deriva judicial” en “el conflicto en Cataluña”, según los términos usados por el líder del Ejecutivo en el último debate de investidura.
La Fiscalía es un órgano jerárquico por lo que Delgado pasaría a tener capacidad de dar instrucciones a los fiscales del Tribunal Supremo en lo relativo a las causas que quedan pendientes sobre el procés como las órdenes de arresto del expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Antoni Comín que tramita el juez Pablo Llarena. Recientemente, el magistrado pidió opinión a todas las partes para decidir sobre estas órdenes de arresto a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras.
También está pendiente el juicio a la cúpula de los Mossos d’Esquadra, que empezará en cuestión de días en la Audiencia Nacional con el exmayor José Luis Trapero como principal acusado. La Fiscalía todavía tiene que decidir si mantiene o no su acusación por rebelión. La sentencia del procés del Tribunal Supremo que se condenó a los procesados por sedición, llevó a la Fiscalía a reconsiderar su decisión.
Ascendencia sobre su exjefe
En este caso, además, Delgado pasaría en menos de dos años a tener ascendencia jerárquica sobre quien fue su superior en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. El ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional, es actualmente fiscal en la sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la que recaen los asuntos referidos al desafío soberanista catalán. Durante el juicio seguido en el Supremo, Zaragoza defendió que lo sucedido el 1-O fue un “golpe de Estado”.
Cuando desde el Gobierno confirmaron que Delgado no seguiría en el gabinete de Sánchez, destacaron de su gestión haber “ganado” el juicio del procés. Se basaban en que mando de la ministra la Abogacía del Estado ya cambió la acusación contra los líderes del procés. Pasó de rebelión a sedición, que contempla penas más bajas. Ese criterio fue el que acabó imponiéndose en la sentencia. Por el camino fue cesado el abogado del Estado que había dirigido el caso hasta entonces, Edmundo Bal, hoy dirigente de Ciudadanos.
Fuentes fiscales recuerdan que la relación entre Delgado y Zaragoza en la Audiencia Nacional fue tensa en muchos momentos debido a constantes diferencias de criterio. Según las mismas fuentes, las diferencias también eran conocidas entre Delgado y el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, quien va a dirigir la acusación contra Trapero y el resto de la cúpula de los Mossos. La Fiscalía tiene posibilidad de variar su acusación hasta el último día de juicio, previsto para el mes de marzo.
Está pendiente de juicio el segundo escalón del procés. Se trata de la investigación que siguió en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y que afecta a la organización del 1-O. En este proceso, la Fiscalía ha llegado a acusar a los implicados por “organización criminal” un delito que en el Tribunal Supremo solo defendió Vox.
Caso Villarejo
Del mismo modo, la todavía ministra va a tener capacidad de dar instrucciones en el caso Villarejo después de verse salpicada por la fonoteca y el archivo del polémico ex comisario. Cuando se levantó el secreto de sumario sobre una de las piezas separadas de la causa, se apreciaron anotaciones en la agenda de Villarejo sobre contactos con Delgado (“Lola”) y el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
La ministra niega esta relación siempre que se le pregunta por ella. Fuentes del Departamento de Justicia admitieron a El País tres contactos de este tipo entre la ministra y el excomisario: una ocasión en la que "se saludaron"; la vez que coincidieron en una comida en el restaurante Rianxo de Madrid en el año 2009 -cuyo audio fue publicado por Moncloa.com- y una comida organizada por Garzón a la que asistió "en el café".
La Fiscal General del Estado tiene dependencia orgánica respecto al Gobierno -ya que es nombrada por el Ejecutivo-, pero cuenta con independencia funcional y es autónoma. Delgado, adscrita a la Unión Progresista de fiscales, sustituirá al frente de la Fiscalía General a María José Segarra. El mandato de Segarra ha sido en muchos casos un contratiempo para los intereses políticos del Gobierno socialista.
La gestión de la fiscal Segarra
Bajo el mando de Segarra, el Ministerio Público mantuvo la acusación por rebelión contra los líderes del procés. En plenas negociaciones para la investidura, su Departamento mantuvo su negativa a permitir ejercer como eurodiputado al líder de ERC, Oriol Junqueras. Pidió sin éxito al Tribunal Supremo que estableciese un periodo de cumplimiento en prisión para los condenados por el desafío soberanista y manifestó sus reparos por su traslado a cárceles catalanas.
Más allá del proceso soberanista, también hay otros campos en los que la Fiscalía demostró actuar de manera autónoma como en el caso de los llamados ordenadores de Bárcenas en los que se juzgaba al PP por la destrucción de los discos duros de su extesorero. La Fiscalía pidió la absolución para la formación de Pablo Casado. El ministerio público también solicitó el archivo en la investigación del líder del PP en lo que afectaba a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos o en lo que afectaba al exministro Gallardón en el caso del Canal Isabel II.
