Una injusticia. Con don Rodrigo Rato Figaredo, el presidente del Gobierno, un señor de Pontevedra que en septiembre de 2003 me  birló la posibilidad de suceder a Aznar, y el ministro de Economía, un chico a quien yo mismo lancé a la fama nombrándole secretario de Estado en 2002, han cometido una tremenda injusticia. Tanto desvelo por la patria mía, tantos esfuerzos y sinsabores durante tantos años en tantos puestos de tanta responsabilidad para nada, para que cuando uno tiene la posibilidad de hacer un dinerito, vengan tus amigos, o eso dicen los muy hijos de Satanás, y te metan la mano en el bolsillo, pegando un tajo inmisericorde a los 3 millones y pico que tenía previsto ganar en 2012 para dejarlos en los 600.000 -tampoco moco de pavo, cierto- que acaba de fijar el Real Decreto del viernes sobre Reforma del Sistema Financiero. Eso no me lo hubiera hecho nunca Zapatero. Esto no se hace. 

De poco le ha servido el tráfago de visitas, llamadas y  requisitorias por despachos varios, incluido en los últimos días el del propio Mariano Rajoy, desvelos que el Madrid financiero, convencido de que Bankia es un problema de imposible digestión para la actual gerencia, traducía en el consabido “y de lo mío… ¿qué?”. A la vista de lo ocurrido el viernes, parece que al Gobierno le ha preocupado mucho más la situación de Bankia como riesgo sistémico que las cuitas personales del señor Rato. En efecto, el pasado 30 de diciembre, el Ejecutivo cambió la Ley de Cajas para permitir que aquellas que perdieran más del 50% del capital del banco al que han transmitido su actividad financiera no tuvieran que convertirse en fundación, caso de Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), tras la salida a Bolsa de aquella. Un cambio legislativo a la medida.

Más llamativo aún resultó que, contra toda evidencia y sin que  nadie se enterase al cierre del periodo de presentación de ofertas, Bankia apareciera por sorpresa como candidata a adjudicarse Unnim en la correspondiente subasta. De hecho, el anuncio se hizo público 10 días después de cerrado el plazo. Justamente en esos días, ¡ya es casualidad!, el Banco de España (BdE) cambió la normativa del FROB para permitir que las entidades con ayudas públicas (Bankia ha recibido 4.464 millones del llamado FROB-1) pudieran entrar en procesos de adjudicación en contra de lo anteriormente establecido. Finalmente, el Decreto del viernes establece que las fusiones deben suponer un aumento del 20% del tamaño de la mayor de las entidades partícipes en la misma, salvo en determinadas circunstancias en que ese porcentaje podría reducirse al 10%, una combinación que, entre todas las posibles en la banca española, solo cabe con la adjudicación de Unnim (30.000 millones en activos) a Bankia (300.000 millones). Blanco y en botella.     

Favores varios, pues, a Bankia, en la mejor tradición española de falta de respeto a la Ley. Lo que nadie esperaba en este contexto es que Luis de Guindos fuera a meterle un hachazo del 80% al sueldo de su antiguo jefe. Conviene aclarar que limitar los salarios de presidentes, consejeros delegados y directores generales de entidades socorridas con dinero público es un acto de puro sentido común y de estricta justicia, como lo es la propia filosofía de una reforma decidida a hacer recaer el peso del ajuste en las propias entidades, responsables por su mala gestión de los problemas de liquidez y solvencia que sufren. Sin duda, la crisis financiera global ha sido factor determinante de la mala situación de las entidades, pero ese impacto hubiese sido mucho menor sin una gestión caracterizada por un crecimiento alocado y una desmedida asunción de riesgos. Nadie obligó a Rato, que se sepa, a fusionarse con Bancaja, una operación que convirtió los problemas iniciales de Caja Madrid en inmanejables. El sueldo que el intrépido asturiano se había otorgado era de 2,34 millones de euros año, más un bonus de 750.000. En total, 3,15 millones o su equivalente de 525 millones de pesetas, que no está mal, aunque los haya mayores.

El giro “anglosajón” del Gobierno de España

De modo que a Rato Figaredo –y a Castellano (Novacaixagalicia), a Todó (CatalunyaCaixa) y a otros muchos- los teóricamente suyos le acaban de meter la mano en la faltriquera de la forma más inesperada. Habrá que ver cuál es su futuro en Bankia y, sobre todo, cuál es el futuro de la problemática entidad, sea con Unnim o con cualquier otro muerto viviente de nuestro sistema con el que pretenda seguir engordando. La negativa de Emilio Botín, Francisco González, e incluso Isidro Fainé (dicen que el de Caixa se ha “enfriado” en los últimos días) a hacerse cargo del enfermo ha supuesto un feo añadido al pobre track record del asturiano como banquero. Solo cabe tirar palante, aunque son legión los que opinan que, con ayudas o sin ellas, Bankia difícilmente saldrá sola del atolladero, al punto de que, de no mediar la política, la salida lógica debería consistir en trocear el gigante y venderlo por piezas al mejor postor.

En el contexto de las dificultades del momento, el recorte de sueldos de los gestores de las entidades intervenidas o favorecidas con ayudas públicas es condición indispensable para alcanzar esa legitimidad de ejercicio que el Gobierno Rajoy precisa de cara a lo que se avecina. Es un escándalo sin paliativos que en un país asolado por el paro, un ramillete de privilegiados cuyos méritos, en general, son conocidos en su casa a la hora de la comida, se embolsen cifras astronómicas mientras son socorridos con dinero del contribuyente. Estamos ante un inesperado giro “anglosajón” del Gobierno de España: ayudar a los bancos y poner en su sitio a los banqueros. O a los aprendices de tal.

La rapidez del proceso de saneamiento que impone la reforma acaba con la pusilanimidad –cuando no flagrante incumplimiento de sus obligaciones- desplegada por el binomio Fernández Ordóñez-Zapatero desde los inicios de la crisis. A diferencia de las estrategias aplicadas en la mayoría de los países desarrollados, el modelo aquí elegido minimiza la aportación del sector público al saneamiento de los balances, lo cual es consistente con el objetivo de que la limpieza del sistema no comprometa el proceso de consolidación presupuestaria. Dicho ello, parece obvio que la reforma será bastante asumible por cuatro entidades -BBVA, Santander, Caixa Bank y cajas vascas-, mientras que el resto, Bankia incluida, entrarán en pérdidas, lo que les obligará a fusionarse o ser nacionalizadas, algo que, a su vez, servirá para reducir el exceso de capacidad de bancos y cajas, aumentando su eficiencia.  

Unos 50.000 millones que podrían llegar a 100.000

El problema de la reforma, inevitable con cualquiera de las fórmulas elegidas para llevarla a cabo, es que no permitirá normalizar en 2012 y, probablemente tampoco en 2013, los flujos crediticios a familias y empresas. Esta restricción se acentuará por la obligación de las entidades sistémicas de hacer frente a las ampliaciones de capital necesarias para alcanzar el 9% de core capital. Todo lo cual quiere decir en román paladino que, si bien imprescindible, los benéficos efectos de la reforma sobre la oferta de crédito no se notarán ni siquiera en el corto plazo, una situación que puede verse aliviada por la caída de la demanda crediticia que sin duda se producirá en un año de recesión como el actual. La alternativa a no sanear era someter al sistema financiero a un proceso de “japanización” que hubiera sumido en la postración a la economía española durante los próximos diez años o más.   

La duda, una más, que la reforma no despeja es el impacto que la recesión tendrá sobre la posición de las entidades financieras. Con una previsible contracción de la actividad superior al 2% en 2012, con la persistencia al alza del paro y las dificultades para hacer frente a sus créditos y refinanciar sus préstamos por parte de familias y empresas, es evidente que la morosidad se disparará a niveles muy superiores a los actuales, lo que generará una presión adicional sobre los balances de las entidades. En ese escenario, los 50.000 millones de coste del saneamiento a que se ha referido De Guindos podrían elevarse de manera sustancial. ¿Qué tal si hablamos de 100.000? Duros y apasionantes tiempos los que vamos a vivir.