Los dueños de la Fábrica de la Tele han pedido el archivo de su imputación en el 'caso Deluxe'. Óscar Cornejo y Adrián Madrid instan al juez que investiga la filtración de datos policiales confidenciales que les saque de este procedimiento alegando que ni cometieron revelación de secretos ni tienen nada que ver con las actividades que salpican a periodistas y colaboradores del programa.
En un escrito remitido al juzgado y al que ha tenido acceso Vozpópuli, los empresarios denuncian que su imputación en la causa hace un año responde a una especie de complot contra el programa que ha cancelado Mediaset, así como contra la productora y la cadena que lo emite. Al respecto insisten en que este procedimiento se debería centrar en la presunta filtración de datos que el agente Ángel Fernández Hita habría suministrado durante años al periodista Gustavo González.
Su defensa explica que los dos empresarios han pasado por la "aflicción" de figurar como imputados en la causa en el marco de la cual declararon el año pasado. Meses después de aquella diligencia, dicen, no hay una sola evidencia que les implique en esta presunta revelación de secretos por lo que "ningún sentido tiene" mantenerles imputados.
"El secreto profesional es un derecho"
Cabe recordar que el procedimiento arrancó en el año 2018 contra el policía ya jubilado, Ángel Jesús Fernández Hita, por haber filtrado información secreta de un centenar de famosos. Los informes policiales impulsados durante la instrucción habrían acreditado que su contacto en Sálvame se nutrió de antecedentes penales y denuncias de numerosas personalidades que ahora figuran como perjudicados.
Los dueños de la productora de Sálvame Deluxe explican que ellos no solo no guardan ninguna relación con el policía investigado, sino que tampoco pueden responder por las actuaciones de los empleados del programa. Cornejo y Madrid aseguran que ellos son consejeros delegados de una empresa que da trabajo a 300 personas y que, entre su cometido, no está el de controlar el contenido de Sálvame Deluxe. Además, su defensa letrada recuerda que en el caso de Madrid no puede responder por hechos de 2018 porque él fue designado consejero delegado en junio de 2019.
En lo que respecta a Gustavo González, uno de los principales imputados por haberse beneficiado de información policial de famosos durante una década, aseguran que ya disponía de esta fuente policial antes incluso de su aterrizaje en Sálvame Deluxe.
"Quizás se haya pasado de largo durante toda la instrucción, pero el secreto profesional es un derecho consagrado en la Constitución. Al hilo hay que decir que no solo sucede que los Sres. Madrid y Cornejo no han tenido ningún tipo de intervención en los hechos que se investigan, sino que además tampoco tenían ninguna capacidad de actuación", sostiene el escrito, el cual determina que la procedencia de la información que vendía el paparazzi en el programa no compete a la productora.
Las nóminas de Sálvame Deluxe
Al hilo apuntan que, pese a que Asuntos Internos insiste en que se habría producido delito de cohecho, no se ha constatado a día de hoy pago alguno de los imputados al policía que suministraba estas informaciones. "El delito de cohecho es una mera invención", exponen los dueños de la Fábrica de la Tele, los cuáles aseguran que en estos cinco años no han aflorado evidencias que indiquen que el policía cobró de Gustavo González o de colaboradores implicados.
En este sentido apelan a las nóminas que el programa presentado por Jorge Javier Vázquez giró al paparazzi. Los productores denuncian que se ofrece una "incierta, manipulada y muy censurable" versión sobre las retribuciones de Gustavo González con el ánimo de sugerir "la existencia de un intercambio económico" con el funcionario.
No era labor de los señores Madrid y Cornejo indagar en las fuentes de Gustavo González. El secreto profesional es un derecho cuya titularidad descansa individualmente en cada periodistaEscrito de los productores de Sálvame Deluxe
Para tratar de desmontar la tesis de la Policía, Cornejo y Madrid sostiene que lo percibido por el programa no responde únicamente a sus colaboraciones, sino también a las entrevistas que él mismo concedió tras hacerse pública su relación con la exactriz porno María 'Lapiedra'.
La Unidad de Asuntos Internos (UAI), por su parte, apuntó en el inicio de la causa que no estaban ante una "mera sospecha", sino ante la evidencia de la comisión de revelación de secretos y cohecho. Según obra en el sumario, desde abril de 2017 aparecen en Sálvame Deluxe y otros programas de la parrilla de Mediaset informaciones sobre famosos que se habrían conseguido accediendo a bases de datos policiales de manera ilícita.
Pinchazos telefónicos
Además, del listado de llamadas interceptadas se desprenden comunicaciones del policía imputado con teléfonos de la empresa Diegus S.L (cuyos administradores son Diego Arrabal y Gustavo González). Así, el funcionario facilitaría información sobre los antecedentes penales de los perjudicados, denuncias que pesaran sobre ellos y que se registran en bases de datos privadas o también consultas sobre documentos de identidad.
Por todo ello la Fiscalía de Madrid solicitó el 'pinchazo' de los teléfonos de los imputados (en la actualidad figuran cerca de una veintena) alegando que se trataba de una medida proporcional y necesaria para la investigación. Sin embargo, los productores del programa denuncian que, aunque no tienen nada que ver con este episodio, se trata de una intromisión en el ejercicio profesional de Gustavo González y el resto de colaboradores salpicados porque "el secreto profesional no es privilegio, sino un derecho".
Al respecto argumentan que otra prueba más de que nada tienen que ver con el 'caso Deluxe' es el hecho de que no se registraron las oficinas de la Fábrica de la Tele ni tampoco se requisaron sus comunicaciones.
"Aunque no es objeto de este escrito, a título de comentario, y sin restarle relevancia a este asunto, que la tiene y mucha, se significa que en ninguna de las resoluciones se hace las más tibia mención a la posible afectación del secreto profesional y, por extensión, al derecho a la libertad de información", concluyen.
