El nuevo decreto de saneamiento financiero es un texto repleto de recodos que cada entidad interpreta para minimizar el impacto de la limpieza de su ladrillo. Recodos, atajos y puertas de atrás que en el ministerio de Economía están dipuestos a cerrar sin dejar ninguna rendija. Hasta ayer, varias cajas tenían previsto cubrir gran parte del nuevo saneamiento de sus activos y créditos inmobiliarios contra patrimonio amparándose en sus procesos de fusión en los inicios de 2011. Sin embargo, desde el gabinete de Luis de Guindos se ha dejado claro que sólo se podrá limpiar contra patrimonio si los procesos de integración se han iniciado después del pasado 1 de septiembre.

“Según se desprende del proyecto de la nueva circular contable del Banco de España, las entidades financieras que hayan llevado a cabo una fusión en 2011, excepto las iniciadas después del 1 de septiembre de ese año, no podrán realizar su saneamiento contra patrimonio”, aseguran fuentes oficiales de Economía. La primera entidad que ha tenido que recalcular sus necesidades de provisiones, tras una mala interpretación de la norma, ha sido Banca Cívica.

La entidad coopresidida por Enrique Goñi y Antonio Pulido comunicó ayer que su saneamiento para cumplir con las exigencias del nuevo decreto se eleva a 2.031 millones, frente a los 575 millones que anunció el pasado 8 de febrero. De este total, 1.248 millones de euros corresponde a las provisiones adicionales y los 783 millones restantes por capital extra.

Este desfase se debe a que Banca Cívica había aplicado la norma contable de los procesos de fusión que posibilita actualizar los activos en función de las provisiones ya dotadas durante el año siguiente a la formalización de una fusión. Según la interpretación que había hecho el banco cotizado, éste podía realizar gran parte de estas dotaciones con cargo a sus reservas aprovechando que sólo hacía un año que se había unido a Cajasol.

Sólo gozarán de este incentivo el Popular, tras comprar el Pastor, Unicaja, si cierra su fusión con Caja España-Duero, o Kutxabank, la unión de las tres cajas vascas, al haber cerrado estas operaciones después del 1 de septiembre de 2011.

El objetivo sería evitar entrar en pérdidas y así rechazar cualquier intento de fusión para continuar en solitario, como han manifestado todas las entidades que, hasta el momento, han publicado sus exgiencias de provisiones. Sin embargo, en Economía han decidido arrinconar a las entidades para que no esquiven sus necesidades de saneamientos. Aunque eso implique matizar de forma continua los recodos del nuevo texto tras las "negociaciones" que mantienen con algunas entidades.

Fuentes del sector aseguran que Banca Cívica se había agarrado a la opción de actualizar el valor de sus activos para absorber buena parte de las provisiones requeridas por el Real Decreto. Pero ni la nueva circular que prepara el Banco de España ni, sobre todo, la interpretación que de ella hace Economía lo permiten. La circular asegura que las nuevas exigencias tendrán que aplicarse "prospectivamente (a futuro) y su efecto inicial formará parte del resultado del ejercicio de 2012".

Sin embargo, la circular no dice nada del efecto en aquellas entidades que hayan decidido realizar sus provisiones por iniciativa propia y no por la nueva regulación. Ese es el caso de Bankia. El banco que preside Rodrigo Rato defiende que el saneamiento del suelo (no declarado públicamente) efectuado en Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, se ha realizado motu propio y, por tanto, puede cargarse contra patrimonio, según permite la circular contable del Banco de España de 2004.

Esta norma dice que un año después de realizada una fusión se puede actualizar de nuevo el valor de los activos si las condiciones económicas han cambiado sustancialmente, como ha sido el caso. Por tanto, los sanemientos derivados pueden hacerse contra patrimonio. Esta es la salida que han encontrado Bankia, y otras entidades que han constituido un SIP (sistema institucional de protección), para no castigar más su cuenta de resultados en 2011 y 2012. Soluciones, en la mayoría de los casos, que han contado con el visto bueno del Banco de España.