El ex fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce tiene un pie ya fuera de la Carrera Fiscal después de que el Gobierno haya autorizado su desembarco en el prestigioso despacho de abogados Garrigues donde actuará como "consejero externo".
A falta de que la oferta se cierre y de que el actual fiscal de Sala del Tribunal Constitucional solicite su excedencia -algo que todavía no ha hecho ya que sigue meditando la idea de irse a la abogacía aunque, según ha podido saber Vózpopuli, se inclina por ello- lo cierto es que el caso de Torres Dulce no es el único.
En los últimos años, numerosos jueces y fiscales de los principales tribunales españoles -Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Audiencia Nacional- han abandonado de forma voluntaria la Carrera Fiscal y Judicial para aterrizar en prestigiosos despachos de abogados. Existe un denominador común en la mayoría de los casos: se gana mucho más dinero como letrado una vez que se ha alcanzado un puesto alto en el escalafón judicial que como magistrado o fiscal.
De hecho, Torres Dulce no será el primer ex fiscal general del Estado en incorporarse a un gran despacho de abogados. Uno de sus antecesores en el cargo, el ex fiscal general Juan Ortiz Úrculo es el actual responsable del departamento de Derecho Penal del prestigioso despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo.
Pero no son sólo fiscales los que se van a los grandes bufetes. Por ejemplo, el magistrado Eduardo Ortega -expresidente de la Sala Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional- meses después de desembarcar en este puesto fichó por el BBVA como director de los servicios jurídicos contenciosos.
Lo cierto es que mientras que un fiscal o un instructor de la Audiencia Nacional gana entre unos 3.300 euros y 4.600 euros mensuales -dependiendo en gran medida de la antigüedad adquirida en su ejercicio profesional- y un magistrado del Tribunal Supremo o fiscal del Sala del Alto Tribunal cobra unos 6.000 euros netos al mes, en la Abogacía las cifras se disparan. No es extraño que las minutas por ejemplo de los casos de corrupción alcancen los 120.000 euros.
De esta forma, no es casual que varios ex fiscales de la Audiencia Nacional como José Antonio Choclán, Enrique Molina y Jesús Santos sean en este momento abogados en causas de corrupción como la operación Púnica o la caja B del PP.
En ocasiones, las minutas que cobran los despachos por casos de corrupción alcanzan los 120.000 euros
En el caso de Choclán, montó su propio bufete de abogados, el prestigioso bufete de Derecho Penal Choclán Montalvo, ubicado en la exclusiva calle Velázquez de la capital. En los últimos años este despacho ha asumido la defensa del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa; del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola o del socio de Francisco Granados, David Marjaliza, al que actualmente representan en la Audiencia Nacional.
Letrados de los casos más mediáticos
Por su parte, el ex fiscal Enrique Molina fichó por el bufete de abogados Ramón y Cajal tras haber defendido al ex juez Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo por la financiación de los cursos universitarios que éste dio en Nueva York bajo el patrocinio del Banco Santander. Actualmente, es el letrado del ex consejero madrileño Francisco Granados, uno de los principales imputados en la trama Púnica.
En el año 2012, el 'histórico' fiscal de la Audiencia Jesús Santos abandonó esta sede judicial para hacerse cargo del área de derecho penal del despacho de abogados Baker & McKenzie. Actualmente, defiende al Partido Popular en la causa donde se investiga su contabilidad B llevada a cabo por esta formación al margen del Tribunal de Cuentas durante más de dieciocho años.
Por otro lado, también abrieron su propio despacho la ex fiscal de la Audiencia Nacional, María Dolores Márquez de Prado, una de las conocidas como 'indomables', y su marido el magistrado en excedencia Javier Gómez de Liaño. Se trata del prestigioso bufete Asesores en Derecho. Ambos llevaron hasta fechas recientes la defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias.
Asimismo, en noviembre de 2011 el magistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego solicitó una excedencia voluntaria para dedicarse también a la Abogacía. Abrió el bufete Adolfo Prego Abogados, especialistas en materia procesal civil y penal. Prego es el letrado de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, -la defiende en sus pleitos que tiene contra Bárcenas- y también está personado en la operación Púnica como abogado del jefe de informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás.
