La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha asegurado este martes que el Gobierno, a través de la Alta Inspección, colaborará "dentro del marco de las competencias y la jurisprudencia que existe" para controlar que se cumple la sentencia del 25% del castellano en las aulas catalanas.
Así se ha pronunciado Alegría en declaraciones a los medios de comunicación en el pasillo del Senado sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de ordenar a la Consejeria de Educación que ejecute en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.
"Las sentencias cuando son firmes son de obligado cumplimiento, por tanto no ha habido ningún tipo de debate. En lo que respecta a este Gobierno a través de su Alta Inspección vamos a colaborar dentro del marco de las competencias y la jurisprudencia que existe", ha proclamado Alegría.
Por ello, ha asegurado que el Gobierno muestra su "disposición" a colaborar de esta manera, recalcando que desde su Ministerio trabajarán "dentro de las competencias y la jurisprudencia".
La Justicia obliga a impartir un 25% de castellano
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Conselleria de Educación que ejecute en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano. En un auto consultado por Europa Press este lunes, el TSJC requiere al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, para que dicte las instrucciones y establezca garantías de control para que todos los alumnos del sistema educativo catalán reciban "de manera efectiva e inmediata" al menos el 25% de horas de clase en castellano. Por su parte, el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciado que interpondrá un recurso de reposición, para lo que dispone de cinco días.
Después de estos 15 días, la Conselleria deberá informar al TSJC sobre qué medidas ha adoptado para aplicar la sentencia y en qué grado se han cumplido, y en paralelo el tribunal ha requerido a la Alta Inspección Educativa que verifique el cumplimiento del fallo en el sistema educativo catalán. Este requerimiento fuerza la ejecución de la sentencia del propio TSJC, que en diciembre de 2020 falló que el sistema educativo en Cataluña debía contar con al menos este porcentaje de horas en castellano, incluyendo al menos la asignatura de lengua castellana y otra asignatura troncal.
Ante la petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de ejecutar la sentencia, la Generalitat dijo al TSJC que ya había tomado medidas para regular los usos lingüísticos en la escuela. En concreto, hizo referencia a las modificaciones de la Ley de política lingüística y la Ley del aranés, además de la tramitación de un proyecto de decreto de despliegue del régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña.
