Tiempos revueltos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El fulminante relevo de Paz Esteban este martes, primera mujer al frente del CNI, ha puesto en guardia a sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil. Temen que este abrupto relevo por Esperanza Casteleiro altere investigaciones en curso. Además, también cuestionan que este tipo de decisiones se tomen como parte de la "lucha partidista" y que los servicios de inteligencia, institución vital para el Estado, se vean salpicados por los rifirrafes políticos del Gobierno.
Pese a los esfuerzos del Ejecutivo de Sánchez por zanjar la crisis del espionaje con la salida de la jefa de inteligencia, la destitución de Esteban no ha colmado las exigencias de Unidas Podemos ni de los partidos independentistas, que piden más contundencia, dimisiones y "llegar hasta el final del asunto". Tampoco la oposición conformada por PP, Vox o Ciudadanos, está satisfecha con la actuación del Gobierno, al que acusan de "postrarse ante los independentistas".
El socio minoritario del Gobierno ha concedido que la salida de Esteban es un paso importante, pero aún así siguen apuntando a su superior, la ministra de Defensa Margarita Robles, ya que aseguran que "las responsabilidades políticas no se delegan".
Más allá del ruido político, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, destacan que ningún otro país Occidental ha adoptado una medida similar pese a las informaciones que apuntaban a posibles intervenciones de las comunicaciones privadas de mandatarios, y defienden compatibilizar el rendimiento de cuentas y dar explicaciones con la confidencialidad para no dañar un trabajo "vital para España".
Las organizaciones policiales han relacionado la destitución de Paz Esteban con la estrategia independentista para "desmantelar a los organismos del Estado". "La cesan por hacer su trabajo de alta funcionaria del Estado a pesar de ser una persona muy preparada que ha demostrado mesura y profesionalidad", ha señalado en declaraciones a la agencia Europa Press Agustín Leal, portavoz de JUCIL, la asociación mayoritaria en la Guardia Civil.
"No es más que una cesión más a los independentistas a cambio de cuota de poder", ha continuado el portavoz de JUCIL, que ha comparado esta destitución tras conocerse el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, con otras como la del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.
En este sentido, ha calificado de "irresponsabilidad" que el Gobierno de Pedro Sánchez cuestione la labor de la directora del CNI, una institución clave para la seguridad nacional y que cuenta con "grandes profesionales" que actúan, según esta asociación, "al margen de las luchas políticas de partidos".
En declaraciones a Europa Press antes de conocerse que la nueva directora será Esperanza Casteleiro, vinculada al CNI y actualmente secretaria de Estado de Defensa en el Ministerio que dirige Margarita Robles, los sindicatos han cuestionado también que el relevo se produzca pese a las informaciones ofrecidas por Paz Esteban en la comisión de gastos reservados del Congreso.
En concreto, han citado la lucha contra el terrorismo, tanto de ETA en el pasado como ahora el yihadismo, o el crimen organizado para resaltar la relevancia del papel que juega el servicio de inteligencia español. "Pensando en la cumbre de la OTAN en Madrid de junio, nuestros socios se deben estar preguntando qué está pasando porque la imagen que se transmite es la de un país que no es fiable", ha añadido Agustín Leal.
Desde JUPOL, sindicato mayoritario en la Policía Nacional, han trasladado también su preocupación por el cese en medio de la polémica surgida por el espionaje de Pegasus. "Toda esta situación no es más que una nueva cesión del Gobierno a los partidos independentistas catalanes y vascos, a los que se les siguen dando beneficios y concesiones con el único objetivo de contar con su apoyo y poder así completar la legislatura y mantener los sillones del Gobierno", sostienen.
La preocupación de JUPOL se centra en las "concesiones" a partidos que "únicamente han demostrado que están en contra de España, de su Constitución y de su unidad y a los herederos de la banda terrorista ETA". "Esperamos que toda esta situación y las decisiones políticas en torno a la misma no afecten a la colaboración abierta entre el CNI y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que redundaría en una merma la seguridad de todos los ciudadanos", han indicado.
No cuestionar el prestigio del CNI
AUGC y SUP también han reaccionado a la destitución de Paz Esteban, que asumió el cargo tras la salida del general Félix Sanz Roldán, reclamando al Gobierno que ofrezca las explicaciones que despejen cualquier duda sobre el buen hacer de la seguridad del Estado, sobre todo para que el CNI "mantenga el prestigio del que goza". Tras recordar que la relación es estrecha con Policía y Guardia Civil, han solicitado "no poner en tela de juicio" a la institución.
"El CNI es un aliado leal, eficaz e imprescindible para la Policía Nacional", ha valorado por su parte el CEP. "En el cese de la directora creemos que se ha buscado un relato que justifique la medida para evitar presentarlo como lo que todo el mundo percibe que es: una cesión al independentismo", ha señalado Víctor M. Vigil.
"Lo que está ocurriendo en esta polémica es que, como ya hemos denunciado en otras ocasiones en lo relativo a Policía Nacional, la política ha entrado en un ámbito que debería mantenerse ajeno a las luchas partidarias", han insistido desde el CEP, que ha puesto en valor que el CNI "ajusta su trabajo a las normas que le han proporcionado desde el Poder Legislativo". "Podrán gustar o no, pero son un marco plenamente democrático y válido", ha enfatizado.
Desde el CEP añaden que ningún otro país occidental ha adoptado una medida así pese a que presidentes y jefes de Estado han sufrido intrusiones en sus teléfonos móviles como las que se han detectado en España.
"Y eso es así porque en otros países no se confunde la transparencia, que es necesaria en una democracia, con la irresponsabilidad de ventilar en público cuestiones reservadas, como está ocurriendo en este caso de una forma irresponsable. Rendir cuentas y dar explicaciones debe ser compatible con la confidencialidad, para no dañar el trabajo de un servicio, el CNI, vital para España", ha concluido.