La Generalitat presiona al Gobierno para que retire al Estado toda competencia lingüística en Cataluña a través de la nueva ley educativa que la ministra Isabel Celaá presentará en el Congreso de los Diputados en los próximos días.
Según las autoridades autonómicas, este tipo de competencias deben recaer exclusivamente en el gobierno catalán ante posibles interpretaciones judiciales. Y, de acuerdo al consejero de Enseñanza, Josep Bargalló, la ministra de Educación le habría mostrado su aprobación.
Bargalló ha asegurado que abordó con Celaá una nueva "redacción" del apartado referido a competencias lingüísticas
Bargalló ha asegurado que abordó con Celaá una nueva "redacción" del apartado referido a competencias lingüísticas en la Ley de Educación del Gobierno para que "quede más claro" que la Generalitat es la máxima "autoridad educativa" en materia lingüística en la escuela catalana.
Esto serviría para clarificar términos de cara a "según qué jueces" y dejaría al Estado sin competencias lingüísticas en la comunidad autónoma. En una entrevista en el programa de actualidad Mès 324, en TV3, el consejero de Enseñanza ha contado que la ministra Celaá "tenía un borrador que decía que la competencia lingüística era materia de las autoridades educativas y lo hablamos".
Autoridad educativa
Bargalló se refería al borrador del anteproyecto de Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe). En concreto, a la 'Disposición adicional trigésimo octava' sobre la lengua castellana, las lenguas cooficiales y las lenguas que gocen de protección legal. Y pidió una especificación para que la Generalitat figurase como "autoridad educativa" en Cataluña.
En el texto original del ministerio se atribuye a las "administraciones educativas" la potestad de fijar la proporción del uso de las lenguas
En el texto original del ministerio se atribuye a las "administraciones educativas" la potestad de fijar la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las asignaturas que deban ser impartidas en una u otra lengua. Pero la Generalitat exige que el documento definitivo, que está por llegar a la Cámara Baja, clarifique cuáles son esas "administraciones".
De acuerdo al relato del consejero de Enseñanza catalán, él mismo preguntó a la ministra: "¿Para usted qué quiere decir autoridad educativa?". "Para mí esto quiere decir que en Cataluña solo hay una autoridad educativa que es la Generalitat, pero para usted, ministra, ¿qué quiere decir?", continuó.
"Una redacción más clara"
"Y nos dijo: quiere decir lo mismo que para ustedes. Hagamos una redacción que quede más clara...", cuenta Bargalló. "Y ahora estamos en la redacción que quede más clara, porque la redacción, tal como estaba, en manos de según qué juez podría significar algo diferente de lo que entendemos nosotros y de lo que la ministra nos ha asegurado que ella también entendía", ha reconocido en TV3.
Vozpópuli se ha puesto en contacto con el Ministerio de Educación para que responda al testimonio del consejero de Enseñanza catalán sobre la supuesta conversación mantenida con Isabel Celaá, pero han declinado hacer declaraciones.
Al 'número 2' de Celaá le gustaría que los estudiantes españoles pudieran aprender lenguas de "otras comunidades autónomas"
Preguntado por estas negociaciones previas a la elaboración del texto definitivo de la llamada 'Ley Celaá', el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha afirmado este miércoles que desconocía las declaraciones de Bargalló y que, personalmente, le gustaría que los estudiantes españoles pudieran aprender "no solo lenguas extranjeras" sino también de "otras comunidades autónomas".
Además, el 'número 2' de Celaá ha rechazado que la enseñanza de un idioma suponga "adoctrinamiento". "Sobre el tema lingüístico hay mucha parafernalia, y es un tema mucho más serio que como a veces se trata. A veces se están haciendo equiparaciones de que enseñar en una lengua es adoctrinamiento, y lo debo rechazar", ha manifestado.
Lo que dice el borrador
El borrador del Gobierno ya eliminaba de la Lomce la obligación establecida por la Justicia de impartir clases en castellano en una proporción "razonable". El derecho al bilingüismo en los centros públicos está reconocido en distintas resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Los dos últimos consideran que el 25% de las clases en castellano es una proporción razonable. Pero este concepto desaparece de la ley educativa del Gobierno.
"Las administraciones educativas fijarán la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio, atendiendo a las circunstancias concurrentes", reza el escrito.
Sin embargo, las autoridades catalanas van más allá y pretenden que la redacción refleje que las competencias lingüísticas en Cataluña sean exclusivas de la Generalitat. Cabe esperar a conocer el texto definitivo que la ministra de Educación presentará próximamente en el Congreso.
Según el propio departamento de Educación, este incorporará alguna de las propuestas remitidas por las comunidades autónomas, así como parte de las enmiendas aprobadas en el Consejo Escolar del Estado.
