Francisco López acaba de lograr que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) reclame a tres colegios de Ibiza que acrediten su proyecto lingüístico.
Es el paso previo a dictaminar una sentencia favorable, o no, a la denuncia que interpuso en 2017 contra la Consejería de Educación al entender que su hijo, que entonces tenía tres años, no podía recibir formación en castellano en las escuelas públicas de la isla, tal y como publicó el diario El Mundo.
Aunque aún se desconoce la interpretación judicial final del caso, es la primera vez que la justicia obliga a los centros escolares de Baleares a entregar sus proyectos lingüísticos para someterlos a análisis.
"Cuando fui a la oficina de la Consejería de Educación en Ibiza buscando un centro donde hubiese clases en castellano me facilitaron los nombres de tres colegios: Es Vedrà, Mare de Déu de les Neus y CEIP Can Guerxo", cuenta. Nadie me enseñó los proyectos lingüísticos.
Si dan algo en castellano solo es gimnasia, plástica o religión", apunta este padre de 35 años nacido en Madrid.
"Ahora, algunos de estos colegios los tienen colgados en sus web y se puede comprobar que la inmersión lingüística es en catalán y que si dan algo en castellano solo es gimnasia, plástica o religión", apunta este padre de 35 años nacido en Madrid.
Y aclara que no busca que los colegios de Baleares erradiquen el catalán, sino la equidad y que se cumpla con la Constitución. "Estoy encantado con que mi hijo, que ahora tiene cinco años, sepa catalán, pero me niego no sepa terminar las frases en castellano o tenga faltas de ortografía. Eso es un atraso", defiende el denunciante.
"Cuando mi hijo tenía dos años fui a varias escuelas públicas buscando que pudiese tener un porcentaje mínimo de clases en castellano, pero me encontré con que en algunos colegios el 100% de las asignaturas se daba en catalán", cuenta a Vozpópuli.
Única opción: un privado
Después de mucho peregrinar decidió preguntar en los concertados. "La mayoría eran religiosos y me reconocían que, si se salían de las directrices del Gobierno [presidido por la socialista Francina Armengol] peligraban las subvenciones que recibían", explica.
Al final terminó llevando a su hijo al único colegio privado de la isla, aunque le tuvo que inscribir con un año de antelación porque había lista de espera. "Hay mucha gente que quiere que sus hijos estudien en castellano y que no se pueden permitir pagar una escuela privada", denuncia.
Aunque asegura que después de su denuncia recibe el apoyo de muchos padres, López reconoce que "si ganase un euro por cada vez que me han invitado a irme de la isla, ahora sería millonario".
"Tengo dos empresas, trabajo 12 horas al día y un juicio supone un desgaste. Esto no lo hago para salir en los medios ni para ganar dinero, lo hago para que los niños cuyas familias quieran una enseñanza bilingüe no sufran", señala.
La casilla del castellano
Hasta 2015, cuando unos padres querían matricular a su hijo en una escuela pública en Baleares tenían que rellenar un formulario donde se marcaba la casilla de la lengua en la que se quería escolarizar al estudiante. Los colegios establecían una proporción de lenguas en función de los resultados obtenidos.
Sin embargo, con la llegada del Gobierno encabezado por la dirigente socialista Francina Armengol está opción fue eliminada. Si un padre firma una de las fichas de escolarización en un colegio público de las islas está ya aceptando el proyecto lingüístico vigente. "Al aceptar la matrícula, aunque no conozcas el proyecto ni te informen de este, lo estás aceptando todo", dice López.
Él no lo firmó, por lo que su denuncia ha prosperado más que la de otros padres que interpusieron quejas una vez que ya habían firmado que aceptaban las matrículas.
"Me han dicho mil veces que el castellano ya lo aprenden en casa, pero yo veo a mi hijo muy pocas horas al día y las aprovecho para jugar con él o darle de cenar y acostarle. No es nuestro trabajo enseñarles bien la gramática", considera este padre, que lleva 15 años en Ibiza.
