El proyecto de orden ministerial que regula la evaluación final de 4º de la ESO ya está en marcha. El Gobierno está sometiendo a consulta entre los distintos miembros de la comunidad educativa el borrador, pero la pérdida de los efectos académicos de estas pruebas -que los alumnos de 15 y 16 años de toda España van a realizar durante el último trimestre de este curso- no ha contentado por igual a los distintos agentes y, menos, en un contexto en el que el debate sobre el adoctrinamiento político en las aulas está en auge y son varias las voces que llaman a unificar contenidos.
El sindicato catalán AMES ha presentado una propuesta a la Subcomisión para la elaboración del Pacto de Estado Social y Político por la Educación en la que defienden que una de las medidas más eficaces para mejorar el rendimiento académico de los alumnos, para evitar la exclusión del castellano como lengua vehicular, así como para evitar el adoctrinamiento ideológico partidista en las escuelas, sería el establecimiento de evaluaciones externas con valor académico al final de la ESO.
Las evaluaciones deberían tener valor académico y estar redactadas, aplicadas y corregidas por funcionarios dependientes directamente del Ministerio de Educación"
Es decir, nada de 'reválidas light'. Según los docentes, estas pruebas deberían ser las mismas en todas las Comunidades Autónomas: "Deberían estar redactadas, aplicadas y corregidas por funcionarios dependientes directamente del Ministerio de Educación. Para que estas evaluaciones fueran realmente eficaces, sería necesario que se incluyeran en el deseado pacto". Además, insisten, estas evaluaciones finales deberían tener valor académico y su aprobación debería ser indispensable para poder acceder a la siguiente etapa educativa.
Aprobados en masa
Sin embargo, además de no contar con valor académico, tampoco estaría claro que estas sirvieran para hacer un diagnóstico de cómo se encuentra el sistema educativo y establecer comparaciones entre las distintas CCAA. "Actualmente, al no existir evaluaciones externas al final de la ESO, los centros se ven obligados a aprobar a muchos alumnos que, en realidad, no han llegado a los mínimos establecidos, ya que si no lo hicieran así, sus alumnos se irían a repetir curso a otros centros más permisivos y el centro, al cabo de pocos años, ya no tendría suficientes estudiantes con los que formar los grupos de bachillerato, y, poco después, ni para formar los grupos de ESO, con lo que acabaría teniendo que cerrar", advierten en AMES.
Y añaden que este "bajo" nivel de exigencia ha generado que muchos alumnos ya no se esfuercen, ni adquieran hábitos de trabajo, ni capacidad de esfuerzo, por lo que, en consecuencia, cada vez se aprenda menos en nuestros centros. "Por otro lado, el tener que estudiar todos los alumnos las mismas cosas hasta los 16 años, y, en el caso de los repetidores, hasta los 17 o 18 años, hace que en las aulas haya un alumnado con una diversidad de capacidades e intereses excesiva, lo que lleva al profesorado a disminuir contenidos y a rebajar niveles", lamentan.
Consecuencias de las reválidas
Para la asociación de profesores, minoritaria en comparación con otros sindicatos como USTEC-STEs, el establecimiento de pruebas externas al final de la enseñanza obligatoria es una de las soluciones al fracaso escolar en estas edades. "Estas pruebas deberían presentar dos modalidades, una para acceder al Bachillerato y otra, con menos contenidos teóricos abstractos, para acceder a la FP. De esta forma, al pedirle a cada alumno sólo aquello que puede alcanzar, aumentaría el éxito escolar en la ESO y se aseguraría la continuidad del alumnado en el sistema educativo regular", consideran.
Se aseguraría el conocimiento de la lengua común, que es el castellano, de todos los alumnos, sea cual sea el lugar donde vivan y que la Geografía e Historia se impartiese sin adoctrinamientos políticos"
La necesidad de tener que aprobar estas pruebas provocaría que, en todos los centros, se impartieran todos los contenidos establecidos, con el fin de que sus alumnos pudieran superar dichas evaluaciones. Con ello se mejoraría, según AMES, el nivel de conocimiento de los alumnos, su capacidad de esfuerzo y la adquisición de hábitos de estudio y los profesores verían reconocido públicamente su esfuerzo, "lo cual no sucede ahora, ya que actualmente, en la Primaria y en la ESO, cada profesor es el que da la calificación final del alumno, sin ningún control externo".
"Se aseguraría el conocimiento de la lengua común, que es el castellano o español, de todos los alumnos, sea cual sea el lugar donde vivan y se aseguraría que la Geografía e Historia de España se impartiese sin adoctrinamientos políticos partidistas y existiría un control objetivo y continuo por parte de la Administración de la calidad de todos los centros educativos, dado que dispondría de un elemento objetivo para la evaluación de los centros, de sus equipos directivos y de sus profesores", determinan.
Adoctrinamiento en el pacto
La preocupación por la ausencia de un 'Ley contra el adoctrinamiento' o, en definitiva, de medidas para combatirlo que puedan estar recogidas en el ansiado acuerdo entre partidos por la educación, se ha hecho patente también en las asociaciones de padres católicos. El presidente de Concapa, Pedro José Caballero, ha solicitado al PSOE, a Podemos y "a los partidos nacionalistas alineados con aquellos" que saquen adelante "un texto legal para combatir el adoctrinamiento que se está produciendo en muchas de nuestras aulas y que dejen de hacer política con nuestros hijos y nuestras familias".
Concapa: "Si algún profesional de la enseñanza utiliza su libertad de cátedra para procurar un adoctrinamiento, debe ser investigado y sancionado como sucedería a cualquier otro funcionario público"
Además, han aclarado que su confederación no critica "la falta de acuerdo en los términos y formas que deba incluir la ley", sino que reprueba la "torpe" negación que hacen del adoctrinamiento. "No sabemos si estos grupos políticos no ven el adoctrinamiento o es que su objetivo es que sí se adoctrine en las aulas, pero en el caso de percibir lo que está sucediendo en la realidad española, sería muy acertado que ofreciesen soluciones al respecto en lugar de ejercer de oposición exclusivamente", dice Caballero.
"Si algún profesional de la enseñanza utiliza su libertad de cátedra para procurar un adoctrinamiento concreto de nuestros hijos, debe ser investigado y, en su caso, sancionado como sucedería a cualquier otro funcionario público", solicitan. Sin ley a la vista, tampoco parece que el Ministerio de Educación vaya a presentar en los próximos días el informe "detallado y urgente" sobre el adoctrinamiento en los libros de texto de Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana que el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, prometiera hace justo seis meses. De acuerdo al diario El Mundo el documento ha sido encargado a las delegaciones territoriales de la Alta Inspección del Estado y el "proceso de estudio de los libros no ha concluido".
