El Gobierno asegura que el Ejército de Tierra ha iniciado los trámites para dar de baja 101.401 minas contracarro que entran en la clasificación de 'Estado 40': obsoletas y sin mayor solución de continuidad que desarmarlas siguiendo los protocolos establecidos. Se trata de un material similar al que se empleó en las fatídicas maniobras del 24 de febrero de 2011 en Hoyo de Manzanares (Madrid), en las que murieron cinco militares y otros tres resultaron heridos.
La cifra figura en la respuesta parlamentaria que el Gobierno ofrece a Vox, en relación con la situación judicial de aquel episodio y del material obsoleto que hay en las Fuerzas Armadas: "Se informa que actualmente las existencias de este tipo de material, minas C/C [contracarro] en dicho estado, ascienden a 101.401, cuyos expedientes de baja se han iniciado recientemente".
La baja de todo ese material corresponde al Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE). Según el Gobierno, este órgano dispone de un "acuerdo marco" de "desmilitarización externalizado" para dar de baja las municiones que no cumplen con los estándares de seguridad, con un presupuesto anual de 350.000 euros.
Las categorías del armamento
Todo este material armamentístico se clasifica en tres categorías: 'Útil-1' [en buenas condiciones], 'Útil-2' [de consumo preferente] e 'Inútil' [también llamado ‘Estado 40’]. Dentro de esta última se engloba todo aquel material que, habiendo sobrepasado su vida útil, no supera las pruebas de continuidad. Hasta que se tramita el correspondiente expediente de baja, sigue figurando "por su valor patrimonial" en el Sistema de Gestión Logística del Ejército (SIGLE).
El Gobierno señala que las minas contracarro en 'Estado 40' fueron las que se utilizaron en el fatídico episodio de Hoyo de Manzanares, aunque no ofrece ninguna explicación sobre los motivos que fundamentaron el uso ese material en las maniobras, en las que murieron cinco miembros del Ejército de Tierra y la Infantería de Marina: "No se dispone de trazabilidad del proceso que en su momento se adoptó para llegar a una decisión de la excepcionalidad como la que se plantea", detalla la respuesta parlamentaria.
La indemnización
El grupo parlamentario Vox también preguntó sobre el proceso judicial que se abrió tras el accidente, que aún sigue abierto pero sin avances significativos desde 2018. En concreto, el partido interpeló sobre la indemnización económica al teniente de Infantería de Marina José Manuel Candón Ballesteros, gravemente herido en el suceso.
El Gobierno resume el recorrido judicial en cuatro hitos destacados, pero desestima hacer cualquier valoración al respecto: "Se informa a sus Señorías [sic] que no corresponde al Gobierno interferir en el trabajo de los tribunales, que ejercen su función jurisdiccional de manera independiente".
