Seis legislaturas después, el PP se muestra dispuesto a revisar el actual sistema de elección de listas cerradas al Congreso de los Diputados, una de las seis condiciones fijadas por Ciudadanos a Mariano Rajoy para transformar su abstención en un voto favorable. Los populares se inclinan por recuperar la medida que incumplió José María Aznar en los mandatos de 1996 y 2000.
El emplazamiento de Albert Rivera a modificar la Loreg para que los votantes puedan “escoger personas y no solo partidos”, una mayor proporcionalidad (que “todos los votos valgan igual”) y eliminar el voto rogado ya ha sido objeto de análisis cruzados en las filas populares. Sobre la primera cuestión, la más relevante, va cobrando fuerza una solución que matiza la propuesta de Rivera: la posibilidad de modificar el orden de elección de los integrantes de una candidatura.
En el PP no van más allá de permitir la modificación del orden de elección de los integrantes de una candidatura
Según reza en su programa, C’s aboga por un sistema de “doble lista desbloqueada para la elección uninominal y proporcional de ámbito territorial y nacional, respectivamente”, es decir, un calco del modelo alemán, donde se emiten dos votos en una misma papeleta: con uno se elige a un candidato concreto de una circunscripción (el distrito) y con otro a una lista de partido, que no tiene que ser el del candidato seleccionado. Los aspirantes individuales más votados obtienen escaño y el resto, el reparto más importante de la tarta, se distribuye en función del segundo voto, la lista cerrada de los partidos.
Sin embargo, según fuentes del Comité Ejecutivo consultadas por Vozpópuli, el modelo alemán que plantea C’s entraña “serias dificultades” en su adaptación al caso español, sobre todo en lo relativo a la circunscripción, algo que va ligado a esa “mayor proporcionalidad” que pide Ciudadanos.
"Una tramitación parlamentaria que se prolongaría demasiado"
El sistema alemán está pensado, esgrimen, para sus 299 distritos, mientras que España se divide sólo en 52 circunscripciones. Las mismas fuentes sostienen que todo lo que sea alterar la circunscripción provincial obligaría entonces a cambiar la Constitución (con mayoría de tres quintos), lo que “complicaría y alargaría el proceso de reforma”. Además, sería necesario, comentan, modificar la Loreg y poner fin a un reparto de escaños vigente desde hace 40 años, el de la Ley D'hondt. Ello, afirman, también conllevaría una “minuciosa negociación y una tramitación parlamentaria que se prolongaría demasiado”. A esto se une que, en lo referente al aumento de la proporcionalidad, Ciudadanos tiene como gran aliado a Podemos y como enemigos a los nacionalistas.
Si finalmente se mantiene la circunscripción provincial, bastará con mayoría absoluta de la Cámara, al tratarse de una ley orgánica, la Loreg. En ambos casos, las fuentes populares remarcan que el apoyo del PSOE sería elemental.
Frente al modelo alemán, la idea que está abriéndose paso en Génova es la de recuperar la propuesta de las generales de 1996 y 2000. Los populares se comprometieron entonces a un “desbloqueo de las listas electorales para permitir recoger las preferencias de los votantes”. Por tal desbloqueo entienden que el votante pueda alterar en su elección el orden preestablecido de los candidatos. Este método, el de “listas desbloqueadas”, es diferente de las “listas abiertas” (aunque coloquialmente se empleen como sinónimos), ya que en que éstas últimas se puede elegir a aspirantes de distintas candidaturas, algo similar a lo que ocurre ahora mismo con el Senado. Esta opción tampoco es bien vista por los populares.
“Si lo llevamos entonces en nuestro programa, por qué habría ahora que cerrarse en banda. Más razón para intentarlo de nuevo”, comentan las mismas fuentes sobre las ‘listas desbloqueadas’. De este modo, creen que rescatar tal planteamiento permite dar “una respuesta ponderada” a la exigencia del modelo alemán del partido naranja.
El sistema alemán está pensado, esgrimen en Génova, para sus 299 distritos, mientras que España se divide sólo en 52 circunscripciones
Dicha promesa de reforma electoral por parte del PP no se materializó ni en la VI Legislatura ni en la siguiente. Quedó incumplida, y ello pese a que el Gobierno de José María Aznar tuvo mayoría absoluta entre 2000 y 2004. Tras tomar Rajoy el relevo en la candidatura popular a la Presidencia del Gobierno, esta medida ha estado fuera de la agenda azul.
En su programa para las elecciones del pasado junio, dentro del apartado de regeneración política e institucional, el PP únicamente planteó que se prime a la lista más votada para acceder al gobierno de los ayuntamientos. “Promoveremos la reforma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos garantizando, al mismo tiempo, la estabilidad de los ayuntamientos”, decía el texto.
Junto a la creación de una comisión de investigación parlamentaria que incluya el caso Bárcenas y la limitación de mandatos, la reforma electoral es una de las exigencias más sensibles.
En lo relativo al voto rogado, las fuentes creen que las posturas están cercanas. Aluden al documento de trabajo del 3 de agosto, remitido a PSOE y Ciudadanos, donde el PP ya garantizaba una “mejora de la participación electoral de los españoles residentes en el exterior, así como las personas con discapacidad”.
Vientos de cambio desde Madrid, La Rioja y Murcia
En el Comité Ejecutivo que el PP celebrará el miércoles para valorar el plan Rivera, hay presidentes autonómicos, como Cristina Cifuentes (Madrid), José Ignacio Ceniceros (La Rioja) o Pedro Antonio Sánchez (Murcia) -todos ellos investidos con el apoyo de Ciudadanos-, que son partidarios de las candidaturas desbloqueadas. Vientos de cambio que vienen soplando desde hace más de un año.
En el caso de la jefa del Ejecutivo madrileño, su programa electoral recogía el compromiso de adoptar las reformas legales necesarias para “establecer circunscripciones y listas abiertas que acerquen los representantes a los ciudadanos”. De momento, el Gobierno de Cifuentes sólo ha aprobado la posibilidad de que Madrid tenga más de una circunscripción y todavía tiene que ser ratificado por el Congreso al afectar a una ley orgánica (Loreg).
En cuanto al presidente riojano, el acuerdo de investidura y gobernabilidad que firmó con el partido de Rivera fija las listas abiertas en la próxima reforma del Estatuto de Autonomía. “Propiciaremos candidaturas donde los electores puedan votar de forma uninominal a cada candidato”, reza el texto. También aquí el proceso está en fase de negociación al requerir mayoría cualificada. El objetivo es que la reforma estatutaria vea la luz a principios de 2018.
Disparidad sobre la cuestión competencial
Por su parte, Pedro Antonio Sánchez ha venido defendiendo desde el inicio de la legislatura que ésta sea la última sin listas abiertas. Sin embargo, la reforma electoral impulsada en el Parlamento murciano por PSOE, Podemos y Ciudadanos, dejó fuera este asunto, que el PP incluyó sin éxito como enmienda. El partido naranja, socio de investidura del PP, esgrimió que debe ser el Gobierno central el que legisle sobre esta materia antes que la Cámara murciana, a fin de no cometer así un acto inconstitucional.
A nivel nacional, el PSOE, que mantiene su 'no' a Rajoy, también apuesta por “intensificar la relación entre la ciudadanía y sus representantes, mediante el desbloqueo de listas electorales y la mejora de la proporcionalidad del sistema”. Así lo afirma su secretario de Organización, César Luena, en el último número de la revista Temas, editada por Sistema, la fundación que preside Alfonso Guerra.
