Un empleado del excomisario José Manuel Villarejo admite que durante años fue el autor de decenas de informes para el BBVA, unos trabajos por los que cobró un total de 69.000 euros a razón de 1.500 euros al mes. Se trata de Antonio Bonilla Martínez un agente en segunda actividad desde 2010 que pasó a trabajar para Cenyt, la empresa del presunto cabecilla del 'caso Tándem'.
Bonilla, al que Villarejo y sus colaboradores llaman “Boni”, facturó esos trabajos por medio de una sociedad creada por él mismo bajo el nombre de Anbycol, una consultora de seguridad, según le dijo al exjuez del caso Diego de Egea el pasado julio. En esa declaración explicó que se trataba de informes de "riesgo país" para un cliente de Cenyt. Fuentes de su defensa consultadas por Vozpópuli confirman que ese cliente al que se refería era el BBVA.
Los informes -un total de 46- los emitió de manera ininterrumpida entre el mes de junio de 2013 hasta septiembre de 2017, último mes de prestación del servicio. Sólo unas semanas después, Villarejo fue arrestado junto a su socio Rafael Redondo y otras personas en el marco de la ‘operación Tándem’ por la que sigue en prisión provisional en la cárcel de Estremera. La Audiencia Nacional ya investiga la relación que existió durante años entre el banco y las empresas de Villarejo.
Recientemente el banco admitió por medio de un comunicado y en boca de su nuevo presidente Carlos Torres que la entidad había contratado los servicios de Villarejo y que desde hace meses inició una investigación interna para conocer el alcance de los servicios prestados.
Miguel Sebastián y Francisco González
El pasado octubre este periódico adelantó que el excomisario investigó la vida privada del exministro socialista Miguel Sebastián cuando era jefe de la oficina económica de Moncloa. En ese momento el Gobierno apoyaba un intento de Sacyr de hacerse con el control del banco en detrimento del entonces presidente Francisco González. Este miércoles Vozpópuli desvelaba que Villarejo también espió a jueces de la Audiencia Nacional en el marco de su investigación a Ausbanc.
Las fuentes consultadas explican que la empresa Anbycol de Bonilla era como una subcontrata, pero que el BBVA pagaba directamente a Cenyt unas cantidades mucho mayores. Según El Confidencial, el BBVA pagó durante años a Villarejo cantidades de 60.000 euros trimestrales en facturas en las que se daba cuenta de forma genérica de informes y análisis, pero que en realidad respondían a encargos como el de investigar a Ausbanc y su líder Luis Pineda.
Según consta en la investigación del 'caso Tándem', Bonilla llegó a ser inspector de la Policía Nacional y el 10 de marzo de 2010 pasó a la segunda actividad. Se trata de una especie de situación de prejubilación prevista en la Policía para quien cumple 56 años como inspector. Antes de eso, prestó servicios en la Comisaría General de Información (1997-2005), en la Jefatura Superior de Policía de Madrid (2005-2006) y en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Una pistola marca Star
La Policía procedió a registrar la casa de Antonio Bonilla el 11 de julio de 2018 y en su interior hallaron una pistola de la marca Star modelo D de 9 milímetros que fue analizada por la Comisaría General de Policía Científica. En un informe al que tuvo acceso Vozpópuli determinó que estaba capacitada para el disparo y que no había sufrido modificaciones teniendo la correspondiente licencia y guía de pertenencia.
En el sumario del caso figuran además dos denuncias en las que Bonilla aparece como director de operaciones de la Dirección General de Seguridad de Globalia-Air Europa. Los investigadores pudieron vincular directamente a este policía con las empresas de Villarejo a partir de una documentación incautada en casa de Rafael Redondo, socio del excomisario.
Encontraron un correo de la mujer de Villarejo en el que le creaba a Bonilla una cuenta de correo corporativa de Cenyt con la correspondiente contraseña y clave de usuario. También una tarjeta comercial en la que aparece como Director de Operaciones del Grupo Cenyt. Bonilla ha sido citado a declarar como investigado por la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de revelación y cohecho en el marco de la ‘pieza Iron’, una de las nueve tramas en las que por el momento se divide el ‘caso Tándem’.
En este caso se investiga las pesquisas realizadas por Villarejo y su clan sobre los trabajadores de un despacho de abogados. Se sospecha que accedieron a bases de datos confidenciales. Entre los investigados hay también un inspector de Hacienda ya jubilado.
