Iba en moto, se saltó un semáforo en rojo, circulaba sin casco y con alta tasa de alcohol en sangre. El magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique López, presenta hoy su dimisión al ser sorprendido por la Policía Nacional en el paseo de la Castellana de Madrid, a primeras horas de la mañana de ayer, en unas condiciones no aptas para conducir un vehículo, según el atestado oficial. Fuentes de su entorno profesional manifestaron ayer a este diario que el juez se encuentra 'destrozado' y psicológicamente hundido.
"Reconozco los hechos y asumo sus consecuencias", declaró el magistrado a la agencia Efe tras conocerse el episodio. Y añadió que "hay circunstancias personales que podrían justificar estos hechos pero no vienen al caso". Optó por presentar su renuncia, no sin antes intentar que desde Moncloa se le "echara una mano", de acuerdo con versiones próximas al Alto Tribunal. Pero no fue así. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, evitó mediar en favor del magistrado (algo sumamente complicado) y optó desde el minuto uno por no interferir en el curso de los acontecimientos, según las mismas fuentes. De esta forma se abrió paso la opción más sensata y sin consecuencias políticas, algo que preocupaba en el Gobierno: el magistrado presentará su dimisión como miembro del tribunal de garantías ante su presidente, Pérez de los Cobos.
Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que le dieron el alto se mostraron sorprendidos al descubrir la personalidad del infractor. Un magistrado del Constitucional. Por eso se dio aviso a las instancias correspondientes, una vez comprobado, tras la prueba de alcoholemia efectuada por una patrulla municipal, que casi cuadruplicaba el límite de lo permitido. Una trasa de 1,10 sobre el 0,25 establecido. En la segunda prueba de contraste, según versiones de agencia, el nivel bajó a 1,00. El magistrado ha quedado imputado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, recogido en el artículo 379 del Código Penal.
Un año en el cargo
No llevaba Enrique López ni un año en su puesto, para el que fue designado en junio del pasado año, a instancias del Partido Popular, en compañía de Pedro González Trevijano. Al tiempo, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez Vares accedían también al Alto Tribunal a propuesta de la oposición socialista.
López es un jurista de dilatada trayectoria y de enorme relevancia en el mundo político nacional. Había ingresado por oposición en el Consejo General del Poder Judicial en 1998 y en 2001 fue promovido a vocal y posteriormente a portavoz del alto órgano de los jueces. Fue durante este cometido cuando López destacó su habilidad para manejarse en sus comparecencias ante la opinión pública y los medios de comunicación. Sus intervenciones, en aquellos tiempos de Gobierno de José María Aznar, resultaban más expresivas y menos diplomáticas de lo que quizás algunos esperaban. Irritaba sobremanera al PSOE, que enseguida lo incluyó en la lista de sus 'bestias negras'. Los socialistas le pusieron la proa durante seis años contra el deseo del Partido Popular de designarle miembro del Constitucional. Finalmente el pasado año, recien cumplidos los 50, consiguió al fin ver realizado su sueño.
Nacido en El Bierzo (León) e hijo de un obrero de Endesa, se pagó los estudios mediante becas y pudo terminar, con enorme brillantez, Derecho en Oviedo para pasar a estrenarse como juez en La Coruña en 1989. Transitó luego por varios juzgados hasta aterrizar en el CGPJ, donde su desenvoltura, aplomo y solidez jurídica le hicieron acreedor a más altas instancias. Colaboraba en medios de comunicación como columnista, ensayista o tertuliano, y también había participado en sesiones organizadas por la Fundación FAES, vinculada al PP. En su momento se habló incluso de la posibilidad de ser nombrado ministro de Justicia. Pero el actual equipo del Gobierno de Rajoy desechó tal posibilidad. López tenía sus vínculos más estrechos con el aznarismo.
Su salida del Constitucional obligará a nombrar un sustituto, para lo que tendrán que ponerse nuevamente de acuerdo los dos partidos mayoritarios. La renovación del TC había llevado su tiempo, fue una negociación lenta y prolija pero finalmente se había conseguido desatascar con un reparto de vocalías en las que el PP tenía una cómoda mayoría. El TC ahora funcionaba como un perfecto mecanismo, como se pudo comprobar recientemente con motivo del recurso del Gobierno sobre la convocatoria de un referéndum independentista en Cataluña. Cuatro años tardó el anterior Constitucional en pronunciarse sobre el Estatut catalán. Menos de un año sobre el plebiscito. Así de bien andaban las cosas hasta esta caída del magistrado Enrique López. El Gobierno ha de promover con rapidez su sustitución ya que el Alto Tribunal todavía tiene pendientes asuntos de enorme complejidad y de repercusión política.
Políticos al volante, ¿peligro constante?
El incidente del magistrado López, quien según fuentes de su círculo de amistades se encontraba ayer destrozado, psicológicamente 'fundido', pero con el apoyo total de su familia y de algunos compañeros de ejercicio profesional, no es el único del ámbito político que ha tenido problemas al volante. Los casos más sonados o recientes son los de Esperanza Aguirre, presidenta del PP madrileño, quien vivió hace unas semanas un encontronazo con los agentes de Movilidad cuando aparcó en el carril bus en la Gran Vía. Cristina Cifuentes, actual delegada del Gobierno en Madrid, sufrió un gravísimo accidente de moto cuando circulaba por el Paseo de la Castellana madrileño. Miguel Ángel Rodríguez, exportavoz del Gobierno de Aznar, dio positivo en un control de alcoholemia tras embestir con su vehículo a varios autos estacionados en la calle. Pidió perdón y se le retiró el carnet unos meses. Nacho Uriarte, presidente entonces de Nuevas Generaciones y diputado en el Congreso también fue 'pillado' cuando traspasaba el límite de alcohol permitido. Asunto diferente fue el de Ángel Carromero, al volante del vehículo que sufrió el turbio accidente en Cuba en el que perdió la vida el líder de la oposición castrista Osvaldo Payá. No sólo el PP tiene problemas con el volante. José María Calles, concejal socialista en Castellón fue 'cazado' al triplicar la tasa, pero no dimitió al tratarse de un asunto 'del ámbito privado'. Y un largo etcétera. El respeto al volante no siempre se atiende entre políticos y destacadas figuras públicas.
