El ex interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez dijo en su declaración judicial sobre los ERE fraudulentos que al presidente andaluz, José Antonio Griñán, "los informes de auditoría no le importaban nada" y que sus explicaciones sobre el caso reflejan su "displicencia, pasividad e incuria.
El abogado de Gómez Martínez, José Rebollo, le citó frases textuales de la comparecencia de Griñán en la comisión parlamentaria de investigación, en 2012, y el imputado respondió en todos los casos diciendo que la verdad era otra y que las explicaciones de Griñán eran "maliciosas" o "crípticas".
A la pregunta concreta de por qué el Gobierno andaluz no prestó oídos a su auditoría, el exinterventor respondió que sus informes fueron remitidos a tres miembros del Ejecutivo y a la dirección de la agencia IDEA, estructuras "con un staff suficiente de personas para procesar y analizar el informe remitido y la adopción de las medidas oportunas". "Andando el tiempo, comprendió que la razón no estaba en la carencia de medios o el desconocimiento", precisó Gómez Martínez.
En su interrogatorio, la juez Alaya reiteró su idea de que la partida de los ERE servía para "de manera arbitraria, regalar dinero a empresas o personas, muchas de ellas próximas a la Junta o al PSOE, sin que en ningún caso se determinara el fin público o interés social de tales entregas".
Sobre el conocimiento que tuvo Griñán del caso, el exinterventor aseguró que es "impensable que el (entonces) consejero de Hacienda no conociera que se había generado un déficit de 93 millones de euros y luego de 95 millones, provocado por un solo director general de Trabajo".
Se trataba de un hecho "notorio, sobre todo para el responsable de los fondos de la Junta", según el exinterventor, quien en otro momento aseguró que solo el déficit de 95 millones causado por Empleo en el IFA "habría ocasionado por sí mismo el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la comunidad".
A Carmen Martínez Aguayo, entonces viceconsejera de Hacienda y ahora titular del departamento, el interventor "consiguió transmitirle preocupación" en media docena de conversaciones que mantuvieron en 2005, pero ese interés se produjo en el contexto del "impulso" y la "preocupación inicial" del gobierno que tomó posesión en 2004, que llegó a arreglar uno de los "agujeros presupuestarios" aunque pasado el "primer momento" dejaron de hablar de ellos.
Las críticas de Gómez Martínez se extendieron también a la Cámara de Cuentas, de la que dijo que "tenía documentos suficientes para conocer el tema, lo que denota una especial laxitud en su actuación si bien no cree que lo haya hecho intencionadamente".
