Una eventual concesión de asilo por parte de Bélgica al expresident catalán Carles Puigdemont provocaría un fuerzo conflicto diplomático entre las autoridades de Madrid y Bruselas. El Ejecutivo español considera muy poco probable que si la Audiencia Nacional pida la extradición el Gobierno belga rechace su tramitación, según aseguran a Vozpópuli fuentes diplomáticas, que argumentan que la concesión de asilo a un ciudadano español por parte de otro Estado miembro "es incompatible con la pertenencia a la UE".
Las citadas fuentes diplomáticas consideran que si Bruselas diera asilo diplomático o territorial a Puigdemont "sería tanto como poner en tela de juicio la consideración de España como Estado seguro y despreciar el esencial principio de confianza mutua entre los Estados miembros de la Unión".
Además, en el caso de Puigdemont no se podría aplicar las figuras del asilo diplomático y territorial, ya que la situación del expresident "no encaja en absoluto en el supuesto del asilo diplomático, ya que en Europa no rige esta figura", explican a Vozpópuli.
Las citadas fuentes diplomáticas resaltan que el caso del expresident tampoco se puede recurrir a la figura del asilo territorial: "España es, a todos los efectos, un Estado seguro en el sentido del artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951, al mismo tiempo que los hechos cometidos por Puigdemont constituyen delitos graves comunes (sedición o rebelión) cometidos antes de la solicitud de asilo, que quedan fuera de la protección de Ginebra".
España, como Estado miembro de la UE, no sólo es un Estado calificado como "seguro" a los efectos internacionales, sino que acredita un estándar de protección de derechos humanos, respeto del Estado de Derecho y cumplimiento de los principios y valores que inspiran la Unión.
Por eso, si Bélgica concediera asilo a Puigdemont y a los otros exconsellers con todo probabilidad se produciría una "controversia" o conflicto político "importante" entre España y Bélgica.
Fuentes del Gobierno han resaltado que hasta el momento no existe ningún tipo de restricción a la libertad de movimientos de Puigdemont. Por ello, si el Ejecutivo impidiera su libertad sin orden judicial alguna la Policía española podría incurrir en un presunto delito de detención ilegal.
