España ha fletado en los últimos diez años un total de 996 vuelos para la expulsión de inmigrantes en situación irregular que habían accedido a territorio nacional. A ello hay que sumar otros 152 organizados en colaboración con la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) y otros 943 fletes de barcos. Así lo pone de manifiesto el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez evita, eso sí, ofrecer la cifra total de inmigrantes expulsados a lo largo de la última década por vía aérea como reclamaba el diputado vasco. Tampoco detalla ni el el origen ni el destino de los vuelos o las nacionalidades de los expulsados. De esta forma, se limita a afirmar que "los motivos de expulsión han sido los que se establecen en la normativa vigente".
En estos vuelos los extranjeros son expulsados bajo custodia policial. Y dado su carácter reservado, el Ministerio del Interior no ofrece datos. Las últimas cifras oficiales corresponden a 2017 y corresponden al Defensor del Pueblo, como Mecanismo Nacional de la Tortura. El organismo público se encarga de supervisar con técnicos estos vuelos que están en el punto de mira de las organizaciones humanitarias.
Sobre el gasto de dichos dispositivos, está previsto el desembolso de 9,9 millones de euros para los vuelos previstos entre 2018 y 2019, con una media mensual de 465.069 euros. Así, el Ejecutivo adjudicó el contrato a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Air Europa, Aeronova y Swiftair. Esta misma UTE quiere se presenta al concurso organizado por el Ministerio del Interior para operar los vuelos desde el próximo mes de noviembre hasta mediados de 2021. La adjudicación de estos vuelos ha supuesto algún conflicto entre las propias aerolíneas. Aunque Air Europa se ha impuesto en la mayoría de ellos, el grupo Barceló ganó uno de los concursos que logró mantener tras un intercambio de recursos.
La expulsión de inmigrantes irregulares sigue en el candelero y distintos partidos han aprovechado las recientes crisis del Aquarius y del Open Arms para ponerlo en la primera línea del debate. Sin ir más lejos y tras la crisis de seguridad que atraviesa Barcelona, Ciudadanos ha presentado esta semana una iniciativa parlamentaria para acelera la expulsión de aquellos inmigrantes en situación irregular que sean delincuentes reincidentes y que cometan delitos que conlleven más de un año de cárcel. Por su parte, Vox
