Los denunciantes del presunto espionaje en El Corte Inglés han solicitado al juzgado que investiga estos hechos que rastree las cuentas del expresidente de la firma, Dimas Gimeno, su hermano y su madre para esclarecer si hubo pagos para un encargo de espionaje en la compañía. Además, han pedido a la juez al frente del caso que se dirija a tres grandes agencias prestatarias de estos servicios, incluida la que comercializa el software Pegasus, para que se pronuncie sobre estos hechos.
La petición tiene lugar después de que el expresidente de El Corte Inglés y la hermana de Isidoro Álvarez comparecieran en sede judicial por presunto delito de revelación de secretos. Los querellados, que niegan categóricamente un espionaje masivo con Pegasus, declinaron responder a las preguntas de la magistrada Inmaculada Lova y se acogieron a su derecho a no declarar.
Sin embargo los denunciantes, entre los que se encuentran el que fuera director de Relaciones Externas de El Corte Inglés, Ángel Barutell, insisten en que se investiguen todos los extremos recogidos en la querella que desveló en exclusiva este diario. Por ello han remitido un reciente escrito al juzgado en el que solicitan que se certifique si Dimas Gimeno, su hermano Miguel Ángel y la madre de ambos, María Antonia Álvarez, contrataron los servicios de tres agencias para impulsar un espionaje a consejeros de El Corte Inglés.
Tres agencias de espionaje
En concreto reclaman al juzgado de Madrid que se dirija a la agencia de inteligencia Kroll, a Intelligence Bureau y a la israelí NSO Group, para que certifiquen si los Gimeno contrataron sus trabajos en plena guerra interna por la herencia de Isidoro Álvarez. Además, piden que se investigue cómo fueron financiados dichos servicios y que se aporten las facturas que habría abonado el expresidente de El Corte Inglés bien por su propia cuenta o bien en nombre de algunas de sus empresas.
Los querellantes quieren que los hermanos Gimeno y su madre entreguen todos los movimientos bancarios de sus cuentas personales entre 2018 y 2021
Los denunciantes, que aseguraron en su querella haber sido víctimas de un presunto espionaje y también de que les clonaron los teléfonos móviles, quieren que el juzgado aclare el extremo acerca de si se solicitó autorización de seguridad privada, tal y como marca la Ley de Seguridad Privada 5/2004, y a qué personas estaban investigando en el periodo comprendido entre los años 2017 y 2020.
Las cuentas de Dimas Gimeno
Al mismo tiempo ponen el foco en el movimiento de fondos de los tres querellados. Pretenden que el juzgado recabe los movimientos bancarios de sus cuentas personales, en el periodo comprendido entre enero de 2018 y de 2021. También que se estudien las cuentas de la sociedad Malva S.L, propiedad de María Antonia Álvarez, y de otros tres entes vinculados a Miguel Ángel Gimeno (Qualiter, Fundación Blas de Lezo y la Asociación Cultural Blas de Lezo).
Los denunciantes ratifican de esta manera los hechos que recogieron en la querella presentada en los juzgados de Madrid en diciembre, del año pasado, antes de que se conociera información alguna sobre el caso Pegasus que afecta al Ejecutivo. Los denunciantes -entre los que se encuentran Gloria Allende y el periodista Eulogio López- solicitaron que se investigase a los herederos de Isidoro Álvarez por los delitos de revelación de secretos, extorsión y organización criminal.
De acuerdo con su relato, los tres fueron víctimas de seguimientos y espionajes impulsados por esta parte de la familia para evitar que las herederas universales de Isidoro Álvarez apartaran a Dimas Gimeno de la presidencia de El Corte Inglés. El documento indicaba que en enero de 2018, dada la cercanía de Barutell con el fallecido dueño del emporio, se prestó a ayudar al sobrino de éste con la batería de acciones legales que iba a iniciar contra las hermanas Marta y Cristina Álvarez.
Días después de una primera toma de contacto tuvieron otro encuentro en el que, según su relato, se les pidió que hicieran una operativa en su móvil para averiguar si el entonces jefe de seguridad de El Corte Inglés, Juan Carlos Fernández-Cernuda, los había intervenido. Al respecto, Miguel Ángel Gimeno les trasladó que su hermano había contratado "una agencia de espionaje internacional" específicamente de delitos informáticos para la operación.
"Pagar a los espías contratados"
Sin embargo, tras introducir una clave que les habían proporcionado, les comunicaron que los móviles estaban limpios y no tenían de qué preocuparse. A los días los aparatos comenzaron a hacer "cosas raras", lo que les llevó a volver a preguntarles. Ellos les tranquilizaron de nuevo y les respondieron que habían sido analizados "por uno de los servicios de inteligencia más importantes a nivel mundial".
Se vivió un auténtico calvario más propio de la ficción cinematográfica que de la realidad Contenido de la querella
Sin embargo, relatan que pronto descubrieron que en realidad les clonaron los terminales, tal y como acabaría confesándoles la propia María Antonia Álvarez. Además, en paralelo se siguieron celebrando reuniones periódicas en casa del matrimonio Barutell-Allende en el marco de las cuáles se encontraron micrófonos ocultos en el vestidor y la biblioteca, lugar este último donde se celebraban los encuentros.
Según explican, estos hallazgos unido al conocimiento de que estaban cometiendo "innumerables ilegalidades" les hicieron arrepentirse de su colaboración y cortar lazos con ellos. En concreto aseguran que vieron como Álvarez sacó un "fajo de billetes" del bolso y se lo entregó a Miguel Ángel Gimeno para "pagar a los espías contratados". Dichos espionajes, sostienen, no solo se ciñeron a ellos sino que también estuvieron en el foco consejeros de El Corte Inglés, el jefe de Seguridad de la cadena, jueces y fiscales.
Además aseguran que fueron víctimas de un allanamiento en su domicilio y también de espionajes continuados durante todos aquellos meses. "Los hechos que comenzaron a vivir fueron el inicio de un auténtico calvario más propio de la ficción cinematográfica que de la realidad", alegaron en la querella. Por ello solicitaron que se les investigase por tres delitos, pero la magistrada, en sintonía con el criterio de la Fiscalía, decidió abrir la causa únicamente por revelación de secretos.
