Acusaciones cruzadas entre España y EEUU a cuenta de la lucha contra el yihadismo en el último año. Y todo ello siempre después de graves atentados en Europa del autodenominado Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés). El último episodio, este último martes, cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, dictaba el auto para poner punto final a la instrucción de un sumario que seguía contra seis presuntos islamistas radicales en el que incluía duras críticas a la falta de colaboración de sus colegas estadounidense. Hace menos de un año eran las autoridades de Washington las que recriminaban en un foro internacional a Madrid no haber hecho los 'deberes' en este terreno. Un enfrentamiento que no se vivía desde la instrucción del 'caso Couso' por la muerte por disparos de soldados estadounidense del periodista español en Irak.
El juez acusa a la Justicia de Estado Unidos de no ayudarle a conseguir de Microsoft y Facebook 'emails' y perfiles de la red social para descubrir a otros implicados en una 'célula' yihadista
El auto del juez De la Mata es especialmente duro. De hecho, dedica la mitad del escrito por el que manda al banquillo acusados a los seis presuntos integrantes de la célula desmantelada en enero de 2015 en la Ceuta dentro de la 'Operación Chacal' a criticar la falta de colaboración de las autoridades estadounidense pese a los diversos requerimientos hechos por su parte. El magistrado, que ordena remitir una copia del auto tanto a Washington como al Ministerio de Justicia español, a este último a los "efectos oportunos", asegura que esa falta de ayuda ha impedido confirmar "la existencia de otras personas involucradas".
El juez pretendía que las compañías Microsoft Corporation y Facebook inc. le facilitaran el acceso al contenido de diversos correos electrónicos y de perfiles de la red social "para completar la investigación", algo que no ha sido posible precisamente por esa negativa a responder a las diversas comisiones rogatorias cursadas. De hecho, De la Mata destaca que "se han mantenido continuas conversaciones y reuniones con distintos representantes de las autoridades norteamericanas, se les ha entregado nueva información adicional y se les ha insistido reiteradamente en la urgencia y relevancia de la diligencia" dada la condición de presuntos yihadistas de los detenidos. Todo ello sin éxito. "Ha sido imposible conseguir de Estado Unidos la cooperación internacional requerida", se lamenta.
La reunión de Estambul
La queja del juez de la Audiencia Nacional se produce sólo una semana después de los atentados de Bruselas y cuando arrecian las críticas por los errores de coordinación e intercambio de información entre los servicios policiales de los países europeos entre sí y con EEUU. Sin embargo, no son, ni mucho menos, algo nuevo. De hecho, EEUU también ha criticado la labor de otros países recientemente y, en concreto, de España. Además, también poco después de un grave atentado en Europa. En este caso, el que se cometió en la sede de la revista satírica francesa 'Charlie Hebdo'. Aquel rapapolvo se produjo el pasado 7 de abril en Estambul (Turquía), durante una reunión del Grupo de Trabajo sobre Combatientes Terroristas Extranjeros (conocido por sus siglas CTE) en el que participaban los países integrados en la llamada Coalición Internacional contra el Daesh, entre ellos Estados Unidos y España.
En una reunión internacional Washington recriminó a Madrid no haber elaborado las listas de presuntos implicados en actividades del ISIS detectados en España
Según documentos internos del Gobierno de Mariano Rajoy a los que tuvo acceso Vozpópuli, en dicho encuentro los representantes estadounidenses recriminaron a Madrid que no hubiera elaborado entonces las listas de presuntos implicados en actividades del Estado Islámico detectados en España pese a existir un "memorándum" para ello en el que tenía un papel clave el Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz. El rapapolvo sólo fue en parte compensado por el halago que recibió en la reunión la reforma del Código Penal que ha introducido en el ordenamiento español el delito de autoadiestramiento a través de Internet y, sobre todo, el castigo con penas de cárcel para los que viajan a zonas controladas por organizaciones terroristas con fines delictivos.
Las críticas de Estados Unidos fueron tratadas en una reunión que meses después mantuvieron en Madrid para coordinar la participación española en la Coalición contra el Daesh representantes de los cinco ministerios implicados en la misma: Interior, Justicia, Defensa, Asuntos Exteriores y Economía. En dicho encuentro también estuvieron presentes miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente este último del departamento de Fernández Díaz. En la misma se le recordó precisamente a Interior su papel en la elaboración de dichas listas. Entonces, las fuentes antiterroristas consultadas por este diario negaron ninguna deficiencia "en ningún tipo de listas" y recalcaron que las bases de datos sobre ciudadanos residentes en España sobre los que hay sospechas que se han desplazado a Siria e Irak se actualizaba semanalmente y se compartía con los países europeos de manera inmediata.
