El golpe policial a ETA en Bidart (1992) con la desarticulación de la cúpula dejó herida de muerte a la banda terrorista, pero dio pie a un cambio en su estrategia de actuación. Dos años después de la operación, se acordó que no solo se atentaría contra policías y guardias civiles, sino también contra políticos y, más en concreto, contra los del Partido Popular, fuera cual fuera su cargo.
Así lo concluye la Guardia Civil en un informe incorporado a las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional para esclarecer el asesinato de Miguel Ángel Blanco del que se van a cumplir 25 años el próximo 13 de julio. El oficio policial, al que ha tenido acceso Vozpópuli, incide en la teoría de que el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua lo ejecutó el comando Donosti, pero se controló y dirigió desde el 'comité ejecutivo' de ETA.
ETA decidió que a partir de 1994 cualquier cargo político del Partido Popular sería objeto de un atentado, ya fueran cargos de responsabilidad o meros concejales
Los agentes estrechan el cerco a cuatro exjefes de la banda terrorista ya identificados por el magistrado Manuel García Castellón tras reabrir estas diligencias. El oficio señala a José Javier Arizcuren 'Kantauri'; María Soledad Iparraguirre 'Anboto'; Ignacio Gracia Arregui 'Iñaki de Rentería' y Mikel Albisu 'Antza'. Al hilo concluye que estos máximos responsables de ETA desde mediados de 1993 fueron los únicos que tuvieron capacidad de tomar la decisión de secuestrar y asesinar a Miguel Ángel Blanco.
Desconcierto Post-Bidart
El diseño de este atentado tiene su origen en el cambio de estrategia que se adoptó en 1994, dos años después del golpe de Bidart. La detención de los dirigentes Francisco Múgica 'Pako'; José Luis Álvarez 'Txelis' y José María Arregui 'Fiti' dejó a la banda terrorista "sumida en una absoluta desorganización". Para paliar esta situación varios militantes (algunos del aparato militar) reorganizaron las estructuras. El objetivo era poner en marcha la maquinaria terrorista y volver así a alcanzar sus objetivos.
Una publicación interna de la banda de 1992 (conocida más de una década después) desvela que la acción armada se dirigiría también desde ese momento contra políticos del PP y PSOE por ser "responsables y partícipes del conflicto" y para "terminar con la impunidad de ejercer la opresión de Euskal Herria". Sin embargo, las órdenes concretas fueron fijar el foco en el Partido Popular de José María Aznar. "Cualquier político" valía, fuese cual fuese su cargo.
La Guardia Civil recuerda que los objetivos eran desde el presidente Aznar (objeto de atentado el 19 de abril de 1995) hasta meros concejales del partido, como fue el caso de Gregorio Ordóñez, a quien la banda asesinó con un tiro en la nuca en San Sebastián en enero de 1995. Precisamente la Audiencia Nacional también ha reabierto las diligencias de este asesinato señalando de nuevo a los exjefes de la banda terrorista como autores intelectuales del atentado.
Por el contrario, en el caso del PSOE, ETA especificó en su publicación interna que desde 1994 fueron objetivo de sus acciones los políticos más destacados de ese partido (como fue el caso de Fernando Múgica, asesinado en San Sebastián en febrero de 1996). A partir de finales de 2002 los objetivos se ampliaron a cualquier cargo político de la formación socialista. En ese contexto se produjo uno de los últimos asesinatos de la banda terrorista, el del concejal de Mondragón Isaías Carrasco (2008).
Las órdenes de Kantauri
Se trata de una nueva estrategia que, según los investigadores, sólo pudo haberse decidido por la 'dirección' de ETA, la misma a la que ahora se responsabiliza del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Al respecto los agentes recuerdan en su informe las dos famosas cartas que Kantauri envió al comando Vizcaya en julio y septiembre de 1997 y a las que apeló el magistrado Manuel García Castellón para reabrir estas diligencias.
La desarticulación de este comando, en septiembre de ese año, permitió acceder a las misivas que el histórico de ETA (cuya entrega se pidió a Francia para declarar por estos hechos) envió a los etarras. En las mismas daba instrucciones precisas a los 'liberados' del comando para que, en el marco de esta nueva estrategia, secuestrasen a un concejal del Partido Popular y dieran un plazo de 48 horas para que el Gobierno accediera a sus exigencias.
"Hacer el secuestro lo antes posible"
“La importancia de este momento es inmensa, lo que os pedimos es que las acciones que realicéis sean directas contra las fuerzas de ocupación y un esfuerzo enorme con los políticos. Es muy importante el darles a los políticos del PP. Deciros que cualquier político del PP es objetivo. Otra cosa, poner toda la fuerza posible en levantar a un concejal del PP dando un ultimátum de días para que los presos estén en Euskadi. En relación a este tema (secuestro) hacerlo lo antes posible", ordenó el mismo mes del asesinato de Blanco.
Después del verano, una vez perpetrado uno de los asesinatos de ETA que más conmocionó a la sociedad española, volvió a la carga. "Otra vez vuelvo a comentaros lo importante en el tema de los presos a Euskal Herria de las acciones de secuestro de concejales del PP. Nuevamente os pido un gran esfuerzo, darle en toda la cabeza. Pero tener en cuenta que es el secuestro lo que crea inestabilidad. Darles fuerte y levantar a uno lo antes posible", dijo.
La Guardia Civil recopila ahora todas estas pruebas, a petición del juzgado que investiga el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y concluye que esta acción no se pudo idear ni materializar de motu propio desde el comando Donosti, sino que respondió a una acción cualificada de su comité ejecutivo y con un "marcado valor estratégico para ETA". La propia cúpula tuvo en su mano la posibilidad de evitar el asesinato con una simple "orden clara" y no lo hizo, motivo por el cual abren la vía a que se les investigue penalmente por estos hechos.
