"Toda persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tendrá derecho a hacer que la declaración de culpabilidad o la condena sea examinada por un órgano jurisdiccional superior". Este es el artículo 2.1 del Protocolo número 7 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado por España y por la totalidad de los países de la Unión Europea. Y a esta norma se aferrarán el expresident catalán Carles Puigdemont y los integrantes de su Govern destituidos tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, en su intento de burlar a la Justicia española, y en concreto al Tribunal Supremo.
Los imputados bajo la acusación de rebelión, sedición y malversación utilizarán el hecho de que el alto tribunal español no dispone, para las personas aforadas, como por ejemplo es el caso de los diputados, de una segunda instancia judicial en la que los condenados puedan recurrir las sentencias.
De hecho, el Gobierno central ha tratado de solventar esa deficiencia al aprobar el pasado 10 de marzo un real decreto mediante el cual se creaban 16 plazas de magistrados para hacer efectiva la segunda instancia penal en la Audiencia Nacional, la Sala de Apelación, y en las Salas de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Pero no en el caso del Supremo, algo que aprovecharán los independentistas catalanes.
Con esta contratación de magistrados para las salas de apelación, el Gobierno español trata de ahuyentar las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en la ciudad francesa de Estrasburgo, por no disponer de esa segunda instancia judicial.
La estrategia de los integrantes del Govern de Puigdemont ha pasado en todo momento porque el Tribunal Supremo acumule toda las causas, incluidos los no aforados, como es el caso de los 'Jordis'. Sin embargo, de forma paralela han reclamado que los procedimientos tendría que investigarse en Cataluña, en un juzgado ordinario o en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Sin órgano superior
Esta forma de actuar esconde, por ello, un as en la manga para las defensas del Govern: que al final de todo el procedimiento, si hay una condena, tratarán de convencer a la opinión pública europea de que el sistema judicial español no es homologable al del conjunto de los europeos, ya que el Tribunal Supremo no tiene un órgano superior que admita los recursos.
Como ejemplo de esta situación, los soberanistas aluden a las condena de Artur Mas, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y la del exconseller Frances Homs, en el Tribunal Supremo. Mientras la primera no es firme, ya que está pendiente del recurso del propio Mas, la de Homs sí lo es.
El letrado Gonzalo Boye, que defiende a dos de los exconsellers fugados a Bélgica, en concreto a Toni Comín y Meritxell Serret, considera "obvio" que todos los imputados tratarán de recurrir a la justicia europea para lograr, aunque sea moralmente, una decisión que muestre las lagunas de la justicia española.
Una victoria "pírrica", según explica otro abogado español a Vozpópuli, que recuerda que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son meramente declarativas, y no tienen efectos sobre la Justicia española.
La estrategia del Govern de recurrir a Estrasburgo también podría ser adoptada por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el resto de integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica, y por los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, conocidos como los 'Jordis'.
Abogado de Nuet
De hecho, uno de los recursos de los imputados en el procedimiento, el exdiputado de Cataluña Sí que es Pot (CSQP) Joan Josep Nuet, sobre el que el juez Llarena no estableció ninguna medida cautelar, ha abierto el camino hacia Estrasburgo a los otros imputados en un escrito dirigido al Supremo, en el que ya apunta a que la Justicia española podría transgredir el derecho constitucional a un juez ordinario predeterminado por ley", pero también el derecho "a una segunda instancia penal".
El mencionado recurso de Nuet alude, en concreto, al mencionado artículo del Protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero también al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas.
Mientras las defensas afinan sus estrategias, el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el expresident catalán Carles Puigdemont y sus exconsellers, pero también contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el resto de integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica, y los 'Jordis' decidirá este viernes si iguala las medidas cautelares contra los imputados y excarcela a los integrantes del Govern destituido tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.
En este sentido, Llarena ya decidió el pasado 9 de noviembre dejar en libertad bajo fianza a la presidenta del Parlament y a los miembros de la Mesa de JxS, tras una comparecencia en la que afirmaron acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se comprometieron a mantener su actividad política dentro del marco constitucional.
La libertad
Las comparecencias serán, previsiblemente, un paso hacia la libertad bajo fianza de los imputados, ya que los encarcelados han acatado el artículo 155 de la Constitución que supuso su cese y la convocatoria de elecciones en Cataluña. Todos habían pedido comparecer ante Llarena para reclamar su salida de la cárcel a través de escritos en los cuales enmarcan su proyecto independentista en el "diálogo" dentro de la Constitución.
Las defensas de los exconsellers encarcelados y las de Jordi Sànchez -expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC)- y Jordi Cuixart -presidente de Òmnium Cultural- pidieron comparecer en el Supremo para argumentar que no existe riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas.
Los investigados -que son candidatos a las elecciones del 21D, excepto en los casos de Meritxell Borràs y Jordi Cuixart- han alegado también que permanecer en prisión mientras transcurre la campaña electoral supone una vulneración de su derecho y el de los ciudadanos a la participación política.
