El Partido Popular, tras conocer que la ley que rebajará las penas de varios presos de ETA ya está publicada en el BOE, ha anunciado nuevas medidas ante el Tribunal Constitucional. En concreto, Génova planteará un conflicto de atribuciones después de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dejase sin efecto el veto impuesto desde el Senado gracias a la mayoría absoluta con la que cuentan los populares.
Fuentes del PP en el Senado aseguran que el BOE "no cambia en nada el camino iniciado por el PP en el Senado para defender las competencias de la Cámara Alta" y que llevará al Pleno "el escrito de requerimiento al Congreso" anunciado por Alicia García, portavoz del partido en la Cámara Alta. "Llegaremos hasta el final en la defensa de los derechos de los españoles y la dignidad de las víctimas del terrorismo", afirman estas mismas fuentes.
Desde Génova sostienen que "las prisas del Gobierno por atender las demandas de Bildu" suponen una demostración del "nerviosismo" que existe en Moncloa para satisfacer a los socios de Gobierno, aunque esto suponga "beneficiar a presos de ETA y enfrentar a instituciones del Estado". De esta forma, se cumple lo avanzado por el propio partido a primera hora de esta mañana, donde afirmaba que "el rechazo del pleno de la Cámara Alta a la ley debía entenderse como un "veto" y el Congreso tendría que haber votado de nuevo la iniciativa".
La Cámara Baja, sin embargo, la dio por aprobada sin someterla a votación y la norma fue enviada al BOE donde, como es preceptivo, se publica con las firmas del rey Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según establece en su disposición final sexta, entrará en vigor a los veinte días de su aparición en el BOE.
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