España

ETA ultima un comunicado en el que ofrece que 'verificadores' controlen su arsenal

Los terroristas harán público en las próximas semanas, justo antes de las elecciones autonómicas en el País Vasco, un documento en el que reiteran su apuesta por el fin de la violencia y muestran como gesto su 'disposición' a que una comisión de personalidades extranjeras certifique los primeros pasos para una futura entrega de armas. Expertos policiales creen que la organización terrorista aún atesora 10 toneladas de material explosivo, 150 pistolas y medio centenar de armas largas.

ETA prepara su propio 'manifiesto electoral' paras los próximos comicios vascos. Y aunque nadie espera que su contenido contenga grandes novedades, diversas fuentes políticas vascas y policiales consultadas por Vozpópuli coinciden en señalar que los dirigentes etarras barajan incluir un gesto: su "disposición" a que la Comisión Internacional de Verificación (CIV), un órgano creado hace un año por seis personalidades que nunca ha sido reconocido por el Gobierno español, comience su labor para el control sobre sus arsenales. Esa "disposición", sin embargo, apunta una de las fuentes consultadas, vendrá acompañada de condiciones y, en concreto, de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que en el mismo texto se le volverá a acusar de inmovilismo y de torpedear el proceso iniciado tras el anuncio del alto el fuego de hace un año, dé pasos en su política penitenciaria.

Los expertos creen que ETA atesora aún 150 pistolas, medio centenar de armas largas y 10 toneladas de explosivos

Siempre según las fuentes consultadas, que en algunos casos manejan información procedente de los mensajes interceptados a miembros de la organización terrorista dentro de las cárceles, ETA tenía previsto hacer público el comunicado en días cercanos al próximo 20 de septiembre, pero los últimos datos apuntan a que éste se puede retrasar a las primeras semanas de octubre, en plena campaña de las elecciones previstas en Euskadi para el día 21 de ese mes. En él, la organización reiterará su apuesta por el fin de la violencia y recalcará que ya ha dado muestras públicas de ello en anteriores ocasiones.

En segundo lugar, auguran los expertos, la banda lanzará una fuerte crítica a los gobiernos de Madrid y París, pero sobre todo al español, por seguir con lo que califican de "represión" y, sobre todo, por su política penitenciaria. Es casi seguro que en este punto haga referencia al preso de la organización Josu Uribetxeberria Bolinaga, secuestrador de Ortega Lara, y cuya posible excarcelación por motivos médicos ha puesto en aprietos al Gobierno y ha sido explotado propagandísticamente por la izquierda abertzale durante le pasado mes de agosto. Y, por último, su "disposición" al control de su arsenal por parte de la Comisión Internacional de Verificación, aunque sin comprometerse en fechas.

Un tema 'aparcado' en anteriores comunicados

Aunque no es la primera vez que la banda armada habla del 'control' de sus armas por medio de este grupo de personalidades internacionales como paso previo a un futuro desarme, en los últimos comunicados de la banda no había vuelto a mencionar la cuestión. De hecho, la propia comisión le había lanzado públicos rapapolvos porque la mayoría de los miembros de la organización terrorista que habían sido detenidos en el sur de Francia tras el fin de la tregua iban armados, lo que consideraban podía poner en riesgo el proceso abierto.

El previsible anuncio se producirá, además, en un momento en el que algunos medios habían lanzado la idea de que ETA iba a anunciar su desarme, al menos parcial, como gesto electoral que favoreciera a la izquierda abertzale, encuadrada en la coalición EH Bildu. Sin embargo, fuentes políticas vascas descartan que el gesto de la banda "llegue tan lejos. Los buenos resultados electorales los tienen asegurados y ofrecer el desarme en estos momentos sería gastar una de sus últimas cartas", señala un político vasco.

Además, las estimaciones de los expertos antiterroristas sobre las armas en poder actualmente de la banda no son, ni mucho menos, elevadas y, por tanto, su entrega no se traduciría en una imagen espectacular: unas 150 pistolas y alrededor de medio centenar de armas largas. En cuanto al explosivo, sin embargo, las fuentes consultadas creen que la organización terrorista aún conserva un mayor poder de destrucción, con material almacenado en cinco zulos en suelo francés suficiente para elaborar 10 toneladas.

"Preparada para hablar"

El papel que ETA pretende asignar a la CIV no es nuevo. De hecho, desde la presentación en septiembre de 2011 de la misma, los seis integrantes de esta comisión ya han hecho públicos varios comunicados en los que se mostraban dispuestos a afrontar esta misión. Entre ellos, el último, hecho público el pasado mes de mayo, cuando tras reunirse con miembros de la banda y con representantes de la mayoría de partidos políticos vascos, sus integrantes aseguraron que la banda armada se mostraba "preparada para dialogar sobre una serie de asuntos prácticos relevantes para consolidar el proceso", en clara referencia a la intención de la organización terrorista de "desmantelar su estructura militar", incluida la entrega de las armas.

Sin embargo, la intervención de este grupo, formado por el ex ministro de Inteligencia y viceministro de Defensa de Sudáfrica, Ronnie Kasrils, el ex director política de la Oficina de Irlanda del Norte del Reino Unido, Chris Maccabe; el asesor del presidente de Sri Lanka en sus negociación con el grupo guerrillero de los Tigres Tamiles, Ram Manikkalingam; el ex vicejefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la India, el teniente general Satish Nambiar; la subdirectora del Dialogue Advisory Group, Fleur Ravensbergen, y el secretario general honorario de Interpol, Ray Kendall,siempre ha sido rechazado por el Ejecutivo de Rajoy.

El Ministerio del Interior ha llegado a emitir un comunicado en el que aseguraba que "el Gobierno no necesita de verificadores internacionales para comprobar si ETA se disuelve". El departamento de Jorge Fernández Díaz insistía en que eran la Guardia Civil y la Policía los únicos a los que el Ejecutivo de Rajoy considera autorizados "para verificar una eventual disolución de la organización terrorista". Moncloa, de hecho, nunca ha reconocido oficialmente a la CIV ni se ha reunido formalmente con ninguno de sus miembros.

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