"Pagar 50.000 euros ahora por hacer el trabajo de las propuestas en el ayuntamiento. Y luego un 5% de la edificabilidad (bruta) cuando se apruebe el plan", dice el abogado Felipe Campos en una conversación con inversores urbanísticos ahora en manos de la Fiscalía sobre cambios en el nuevo plan de ordenación general de la localidad canaria de Arona (80.000 habitantes), previsto para la actual legislatura.
Las presuntas mordidas habrían sido un 'peaje' para obtener la recalificación de terrenos y permitir su edificación sobre ellos en uno de los principales puntos turísticos de Canarias y el único gran municipio canario donde el PSOE gobierna ahora con mayoría absoluta.
La división de urbanismo de Arona tramitó solo el 8% de las licencias en 2019
En la grabación, Campos, señalan los denunciantes, estaba acompañado de una presunta compañera en su bufete, Jenny Mena, la hermana de José Julián Mena, alcalde del PSOE en Arona desde 2015 y desde 2019 con mayoría absoluta (14 de 21 concejales).
En otra grabación entregada a la Justicia, Campos advierte a un inversor extranjero de que ha puesto alegaciones a los proyectos urbanísticos de todos aquellos empresarios que no sean sus clientes. La división de urbanismo de Arona tramitó solo el 8% de las licencias en 2019, dejando en el aire 175 millones de inversión en un año.
Denuncia del exconcejal de Urbanismo
Entre los denunciantes de la trama urbanística está el hasta hace un par de semanas concejal de urbanismo de Arona, Luis García, que fue cesado precisamente después de presentar una denuncia a la Fiscalía con pruebas como las referidas grabaciones.
El edil, cesado por el alcalde, ha denunciado por escrito intromisiones en su labor de Campos junto con Nicolás Jorge, asesor del regidor y cliente al menos en una ocasión del abogado.
Campos sugiere que ni el concejal de urbanismo ni los redactores del plan general son los que deciden la calificación final del suelo "sino el pleno y el ayuntamiento"
En una de las grabaciones, Campos sugiere que ni el concejal de urbanismo ni los redactores del plan general son los que deciden la calificación final del suelo "sino el pleno y el ayuntamiento".
El jefe del Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Arona, el arquitecto Damián Hernández Fumero, denunció coacciones por parte de Campos ante el alcalde con un escrito el pasado mes de diciembre, sin haber recibido auxilio del primer edil.
Investigación de Fiscalía
El escándalo, detonado por la presentación de pruebas a la Fiscalía Provincial de Tenerife, ha provocado que medio grupo socialista se ponga del lado de Luis García, lo que pone en jaque la continuidad práctica de Mena. El alcalde, por su parte, ha asumido directamente los poderes urbanísticos.
"Estoy al cien por cien con el alcalde Mena", ha llegado a afirmar el presidente del Comité del PSOE en Arona, Agustín Marichal. "Es un grupito muy pequeño, minúsculo diría yo, de algunos empresarios que como no consiguen por la vía normal... Pero esta gente no está capacitada para esto, siempre les ha gustado el chanchullo".
Una comitiva supervisada por el PSOE nacional deliberará sobre el futuro de todos los presuntamente involucrados, incluido el alcalde Mena.
Ni él ni Felipe Campos han querido dar su versión de los hechos a este periódico.
