La guerra abierta en el caso Villarejo entre Iberdrola y su exdirectivo José Antonio del Olmo avanza en sus derivadas judiciales. Si primero la eléctrica llevó a este exjefe de Funciones Corporativas ante los tribunales de Bilbao por haber sustraído las facturas giradas al comisario jubilado, ahora toma forma otra causa abierta en los juzgados de Madrid. En el marco de la misma se ha citado a declarar a un antiguo director del departamento de Seguridad y su número dos para que se pronuncien en relación a este asunto.
Se trata de Marcos Peña (que ya declaró como testigo en el caso Villarejo) y de José Manuel Zarabozo. El magistrado Arturo Zamarriego, al frente del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, les cita para el próximo 18 de enero, de acuerdo con su providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli. Se trata de una fecha marcada en rojo en el calendario de Iberdrola ya que, casualmente, ese mismo día está citado su presidente, Ignacio Sánchez Galán, para declarar por la causa penal que se sigue en la Audiencia Nacional.
Con todo, estas dos declaraciones que acaba de acordar el juzgado de Madrid no son las únicas que se prevén para ese día. También en la jornada del 18 de enero está llamado el propio Del Olmo. En este caso, el directivo que puso contra las cuerdas a la cúpula de la multinacional al denunciar que pagaron a Villarejo de manera irregular, acude en calidad de imputado. En este juzgado lo que se dirime es si el exalto cargo de Iberdrola cometió delito al llevarse consigo las supuestas facturas irregulares, teniendo en cuenta que la sustracción de este material confidencial se hizo a espaldas de la compañía.
Así pues, además de Del Olmo, están convocados los exaltos cargos del departamento de seguridad que trabajaron bajo las órdenes de Íñigo de Oriol. En su providencia, el juez Zamarriego (el mismo que comenzó investigando el caso del pequeño Nicolás) no solo acuerda estas diligencias, sino que también reclama a la Audiencia Nacional que le dé traslado de parte de la documental contenida en el caso Tándem, y más en concreto, en la pieza decimoséptima en la que se indagan las contrataciones de Iberdrola con el Grupo Cenyt.
Las facturas que salpican a Galán
Entre la documental requerida se encuentra un certificado del letrado de la Administración de Justicia en el que haga constar que el material que Del Olmo se llevó de Iberdrola fue depositado el día 27 de diciembre de 2004 en la notaria que tiene en Madrid el exdiputado del PP Luis Ramallo. La aparición de estas facturas y de un informe que elaboró de su puño y letra Del Olmo propició un giro de 180 grados a la investigación del caso Villarejo ya que venía a poner blanco sobre negro lo relativo a los pagos girados a Cenyt.
Del Olmo dejó patente en su escrito que, en su condición de controller, había podido constatar como se estaban produciendo unas "actividades anómalas" relativas al pago del primer encargo a Villarejo (proyecto Arrow). En concreto dijo que se estaba utilizando a la entonces proveedora de seguridad de la eléctrica, Casesa, como empresa para efectuar los pagos desde la misma y no dejar rastro. Además, implicó en este plan a toda la cúpula de Iberdrola, con Ignacio Sánchez Galán a la cabeza. La firma, por su parte, siempre se ha desligado de este documento, mientras que el presidente asegura que se trató de un complot a tres bandas entre Del Olmo, Marcos Peña y Ramallo.
Tanto es así que recientemente la firma ha abierto su enésima batalla judicial por estos hechos contra Ramallo, Marcos Peña y Zarabozo, en su condición este último de responsable de seguridad en centrales nucleares. A falta de que saber cómo discurre esta nueva demanda presentada en los juzgados de Bilbao, lo cierto es que la Justicia ya se pronunció en relación a la sustracción de las facturas. En concreto, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de esta localidad dio la razón a la multinacional vasca y condenó a Del Olmo a devolver todo este material al considerar que lo sustrajo "ilícitamente".
Coincidencia de fechas
En la causa que se sigue en la Audiencia Nacional el exdirectivo de Funciones Corporativas cobró una especial relevancia, primero en su condición de testigo estrella y, posteriormente, tras su imputación por su cargo de controller de los pagos. Mientras Iberdrola cuestiona que llevase este documento ante notario a finales de 2004 y desliza un plan urdido 'a posteriori' para perjudicar a la mercantil, el exdirectivo mantuvo ante el magistrado Manuel García Castellón que no lo denunció en su día porque tenía miedo a que tomaran represalias contra él.
Sea como fuere, estos papeles supusieron un indicio más de todos los que iba recabando la Fiscalía Anticorrupción en aras a esclarecer de donde salieron las órdenes para contratar el comisario jubilado. Así, Antonio Asenjo -el primer excargo de la firma imputado en el caso Villarejo- desligó al presidente de todas las contrataciones. Explicó que se trataron de trabajos de seguridad y de inteligencia que su departamento encargó al Grupo Cenyt por recomendación de otros grandes entes.
No obstante, negó que estuviera al corriente de que para llevar a buen término estos proyectos Villarejo controló el tráfico de llamadas de sus espiados e incluso obtuvo información confidencial desde bases de datos policiales y bancarias. Pese a ello, los investigadores impulsaron el procedimiento y, tras el análisis policial en mayo de unos audios interceptados al comisario durante su detención en noviembre de 2017, imputaron en la causa a Sánchez Galán; al director general de negocios de la eléctrica Francisco Martínez Córcoles; al expresidente de Iberdrola España Fernando Becker; y al que fuera jefe de gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.
El magistrado consideró que había indicios de sobra que les implicaban en esta contratación y por ellos les atribuyó delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. Aunque la imputación se produjo a finales de junio, no ha sido hasta ahora cuando el instructor les ha citado a declarar. Se da la circunstancia de que las testificales se acordaron para el día 17 en el caso de Córcoles y Orbegozo, día 20 para Iberdrola Renovables (imputada por el pago del último trabajo cometido por Cenyt) y el 18 de enero para Sánchez Galán y Becker.
La citación coincide con la acordada por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid respecto a Del Olmo, Marcos Peña y su exnúmero dos. Es por ello que la defensa de Del Olmo ha pedido a la Audiencia Nacional que suspenda la cita de Sánchez Galán para que pueda estar presente cuando sea interrogado por este asunto, según confirman fuentes jurídicas a este periódico. El Juzgado Central de Instrucción número 6 todavía no se ha pronunciado al respecto. Iberdrola, por su parte, ha recriminado al magistrado que la dilatación de estas diligencias le está ocasionando graves daños reputaciones como la pérdida de la operación de compra del grupo estadounidense PNM Resources, valorada en 8.000 millones de dólares.
