Realizaron transferencias a la Banca Privada d'Andorra por montos que "suman aproximadamente 1.350 millones", según cálculos de las autoridades del Principado y Venezuela. Los representantes de las diferentes cuentas "serían Diego José Salazar Carreño, Mariano Rodríguez Cabello, Nervis Villalobos Cárdenas y Javier Alvarado Ochoa". Estos dos últimos han sido investigados en España por blanqueo de capitales y, de acuerdo a los informes internacionales, se valieron de una veintena de testaferros y más de treinta empresas para movilizar el dinero que hoy por hoy persiguen la Fiscalía anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
En concreto, las autoridades de Andorra detallan una lista de 20 personas, todos con carné de identidad venezolano, entre las que destacan los dos investigados por la Justicia española: Villalobos y Alvarado. Ambos habrían mantenido actividad comercial con Luis Mariano Rodríguez Cabello, quien también estuvo a disposición de la Audiencia Nacional y finalmente no fue extraditado a Venezuela tras alegar que se podrían vulnerar sus derechos fundamentales en el régimen de Nicolás Maduro. Rodríguez Cabello es primo del exministro de Energía y Petróleo y expresidente de la estatal petrolera Rafael Ramírez, quien recientemente fue denunciado en España por una comitiva del Gobierno Encargado de Juan Guaidó.
Los hombres antes señalados también tendrían relación económica con Jesús Luongo, vicepresidente de Refinación de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y con Leonardo Díaz Luongo, expolicía venezolano. Según agencias internacionales, ambos habrían sido detenidos; uno en suelo venezolano y otro en Colombia.
Entramado societario
En el informe del Principado de Andorra se hace referencia a las personas jurídicas involucradas en la presunta trama de blanqueo; en total, se acusa a 34 empresas de mantener relaciones económicas no justificadas con los acusados.
Las compañías indicadas, fundadas entre 2004 y 2016, habrían constituido un "entramado de sociedades mercantiles en las que se observó una triangulación en cuanto a los socios, directivos, bienes y activos manejados" con el fin de "disfrazar o enmascarar el origen" de dicho patrimonio, según la conclusión de los fiscales venezolanos tras analizar los informes internacionales.
La investigación andorrana señala al que fuera viceministro de Desarrollo Energético durante el Gobierno de Hugo Chávez, quien fue detenido el 9 de mayo en Madrid por agentes de la Policía Nacional. Desde el 10 de este mes, Alvarado se encuentra en prisión provisional por orden del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama Teixeira.
Asimismo, se menciona al exviceministro de Energía en Venezuela, quien fue arrestado en dos ocasiones por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional. Los agentes españoles aprehendieron a Villalobos por primera vez en octubre de 2017, pero meses después quedó en libertad provisional y sin fianza, con prohibición de salida del territorio nacional y retirada del pasaporte. En octubre de 2018, el ex alto cargo venezolano fue detenido nuevamente en el marco de la operación Carabela, en la que se desmanteló una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente de la corrupción en el país sudamericano.
Villalobos se encuentra en libertad provisional desde enero, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera no extraditarle a Estados Unidos para evitar dilaciones en el procedimiento que se investiga en el Juzgado de Plaza de Castilla, Madrid. Ambos exviceministros están siendo investigados por las autoridades de Texas por lavar dinero de PDVSA.
En concreto, el tribunal de Distrito Sur de Texas pretende juzgar a Villalobos por delitos de conspiración para cometer blanqueo de dinero (con una pena máxima de 20 años de prisión), conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero (con una pena máxima de 5 años) y blanqueo de dinero (cuya pena prevista es de 20 años). A Alvarado le acusa de 19 delitos de blanqueo de capitales.
Millones sin justificar
La investigación internacional ventilada en los tribunales de Andorra se inició en abril de 2010, a raíz de una solicitud de información hecha por la agencia contra el blanqueo de capitales de Francia. Las pesquisas apuntan al denominado Grupo Salazar, conformado por Alvarado, Villalobos y otras cuatro personas: José Enrique Luondo Rotundo, Elías Salazar, Diego Salazar Carreño y Luis Mariano Rodríguez Cabello.
"Las transacciones bancarias ejecutadas por las personas naturales y jurídicas antes citadas fueron justificadas de manera genérica, sin aportar detalles, ya que no existían documentos que soportaran tales transacciones, tomando en cuenta que se trataban de elevadas sumas de dinero", señala la Fiscalía venezolana tras analizar el informe de Andorra.
"No existían documentos que soportaran tales transacciones, tomando en cuenta que se trataban de elevadas sumas de dinero"
Los integrantes del denominado Grupo Salazar se habrían limitado a consignar facturas por supuestos trabajos de asesoría vinculados a proyectos de construcción en Venezuela, mayoritariamente a cargo de empresas chinas, según los datos aportados en la investigación internacional. Los acusados también se habrían valido de facturas por la concesión de presuntos préstamos entre sociedades controladas por otros integrantes de la "organización criminal" y la prestación de "servicios ficticios" entre esas mismas empresas.
Investigación en España
La Fiscalía anticorrupción quiere que se investigue en la Audiencia Nacional el blanqueo de capitales de varios líderes vinculados a PDVSA, según han confirmado a Vozpópuli fuentes del procedimiento. Por ahora, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid mantiene imputados a numerosos ex altos cargos del Gobierno venezolano que han realizado en España importantes inversiones inmobiliarias.
Desde el ministerio público insisten en que la Audiencia Nacional es competente para juzgar la causa tras haber descubierto movimientos internacionales de dinero que terminaron en inversiones de testaferros o familiares de los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en suelo español.
Un juez de Madrid mantiene imputados a ex cargos del Gobierno venezolano que han realizado elevadas inversiones inmobiliarias en España
Al mismo tiempo, el exviceministro Alvarado tiene otra causa pendiente en España. El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional le investiga a él y a Villalobos, entre otros altos cargos de Venezuela, en relación a la empresa asturiana de ingeniería Duro Felguera.
La Justicia ha puesto la lupa sobre ambos integrantes del Ministerio de Energía venezolano a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que en 2015 detectó "indicios de criminalidad" por pagos en una cuenta del ya extinto Banco Madrid.
