Los enfermos mentales que no son tratados desde el ámbito sanitario adecuadamente acaban en la cárcel, coinciden expertos del ámbito penitenciario y de organizaciones que trabajan en la intervención social, quienes reclaman abordar a través de una estrategia este problema.
El cuatro por ciento de los internos en cárceles españolas sufre trastornos graves -en torno a 2.000 presos-, el doble en porcentaje que entre la población en general.
"Falla el sistema sanitario en la atención de determinados enfermos mentales complejos, que no aceptan la enfermedad o que no siguen las pautas adecuadas, no se hace un seguimiento sanitario y acaban por cometer algún delito, pero con tratamiento adecuado no habría ningún problema", explica a Efe el subdirector general de coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo.
Las personas con trastornos mentales que no son diagnosticados o que no reciben asistencia generan en la familia y en el entorno problemas de convivencia y conflictos que en muchas ocasiones acaban con conductas delictivas.
"Lo ideal hubiera sido que estas personas no hubieran llegado al juzgado, que se hubiera detectado su enfermedad y que se les hubiera dado una alternativa", insiste este experto de prisiones, pero cuando ya se han cometido esas conductas, plantea la necesidad de intentar buscar otras opciones a la prisión.
Medidas
Una de ellas sería establecer que en los centros de inserción social cuando el personal sanitario detecta trastorno mental en un interno se informe al juez para que pueda acordar una medida terapéutica, como ir a un centro de rehabilitación para someterse a un programa específico para mejorar su salud y equilibrio.
El responsable de prisiones ha intervenido esta semana en una jornada organizada por la Red de Atención a las Adicciones UNAD dirigida al ámbito jurídico para sensibilizar sobre la importancia del tratamiento en el proceso penal.
El presidente de UNAD, Luciano Poyato, reclama mayor coordinación entre jueces, abogados y fiscales, entre otros agentes, para evitar que "las personas que tengan un buen itinerario vayan a prisión".
"Hay que tener en cuenta cómo se ha cometido el delito, que hay detrás, las circunstancias de las personas que han podido intervenir, y ver medidas alternativas a la cárcel", opina Poyato, quien ha recordado la importancia de trabajar en favor de la resocialización de los internos.
Mayor conexión entre Justicia y Sanidad
En este sentido, Carmen Martínez, vicepresidenta de UNAD, ha propuesto establecer una conexión entre justicia y sanidad para favorecer esas resocialización.
"En un juzgado de guardia, cuando se lleva a un detenido con enfermedad mental debe informarse desde el principio de esa circunstancia" para que puedan cruzarse los datos sobre su salud y adoptar la decisión más adecuada, señala.
Por su parte, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre el Drogas, Francisco de Asís Babín, hizo referencia a los internos con patología dual, es decir, que presentan problemas de adicciones a drogas y sufren algún trastorno mental como esquizofrenia, transtornos de déficit de atención, entre otros.
"La prevalencia de esa coexistencia consumo-transtorno mental puede ser de hasta el 60 ó el 70 por ciento en la población penitenciaria, lo que complica las cosas, porque es más difícil tratar y recuperar a una persona que tiene varias patologías", recuerda a Efe Babín, citando varios estudios.
El delegado del plan sobre drogas señala que "hay personas sobre las que recae una sentencia judicial estando en tratamiento, pero hay otras que nunca pasaron por un centro sanitario y es en prisión donde por primera vez le hacen un diagnostico de patología dual, donde se pueden plantear alternativas al encarcelamiento en sanidad penitenciaria, e incluso con unas determinadas circunstancias de salud podrían ser susceptible de ser excarceladas".
