La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) defiende la homogeneización de las retribuciones de los funcionarios en toda España y en todas las Administraciones dependiendo del cuerpo, grado personal y nivel del puesto ocupado por entender que el cuerpo de funcionarios debe tener carácter nacional, de modo que salvo la Administración general "ninguna otra pudiera contratar personal por su cuenta lo que reduciría el déficit público y el clientelismo". También permitiría, aducen, "la movilidad inter-administraciones, alejando los fantasmas del clientelismo y partidismo funcionarial".
FEDECA hace estas consideraciones en un amplio documento destinado a ofrecer alternativas ante la crisis, deteniéndose muy especialmente en el papel de los funcionarios, cuya labor se reivindica frente a interinos, contratados a dedo y cargos de confianza. De hecho, una de sus principales propuestas es la reducción de la contratación de personal interino, que supone, entre otros efectos, "que asuma funciones o cubra necesidades que, en realidad, tienen carácter permanente, introduciéndose una vía alternativa para el acceso al Empleo público". Se trata de una "prolongación irregular" de la prestación de un servicio que perjudica, dicen, el interés general.
Los cargos de libre designación también están en el punto de mira de FEDECA. Es necesario a su juicio, "adecuar" a criterios de racionalidad la práctica establecida en varios departamentos de cubrir muchos de los puestos de libre designación "sin previa convocatoria pública, mediante el uso y el abuso de la adscripción provisional". En muchos casos, denuncia el texto, la convocatoria se hace mucho después de cubierto el puesto y en otros ésta nunca se llega a producir "y la adscripción provisional se prolonga indefinidamente".
También creen llegado le momento de racionalizar el uso y las funciones del personal eventual de confianza, "nombrado en base a criterios políticos" y no de mérito o capacidad. Tras considerar FEDECA que su número "resulta preocupante", proponen para poner coto a este fenómeno que las Administraciones informen periódicamente a los ciudadanos del número de eventuales con que cuentan, funciones que realizan, órganos en que prestan servicios y retribuciones globales, así como de las variaciones que se produzcan en esa situación.
Lamentan la "criminalización" de los trabajadores públicos pero consideran que es necesario actuar contra "la dejación de funciones de algunos directivos"
Respecto del régimen disciplinario, proponen una reforma "encaminada a lograr una mayor objetivización del mismo y una flexibilidad que permita su aplicación", simplificando el actual. A su juicio esto evitaría "la dejación de funciones de algunos directivos", la "criminalización" de los trabajadores públicos, de modo que "se castigaría a los incumplidores y no a todos", y se acercaría a los funcionarios al régimen de las empresas privadas. Esto tendría relación directa, según el informe, con la recuperación del pago de todas las bajas laborales porque "es injusto que paguen justos por pecadores".
Asimismo, reclaman la recuperación de los seis "moscosos" que disfrutaban hasta la reforma que acometió Cristóbal Montoro en julio del año pasado, cuando los redujo a tres. Aducen que eran días que se dieron para remunerar con descanso los días 31 de los meses que tienen esa longitud y que no estaban salarialmente contemplados, por lo que su pérdida "sólo se puede deber a una mala interpretación o a un ensañamiento sin sentido".
La jubilación a los 65 años "mientras dure la recuperación económica" de modo que se moviera "algo" el mercado de trabajo, la ampliación de compatibilidades de los funcionarios de forma permanente o sólo durante la crisis o la reestructuración del sector público empresarial y fundacional son otras propuestas de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil.
