Los llamados Estados de Bienestar, que surgen en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, albergan en su seno el germen de su propia destrucción al haber posibilitado “éxitos sociales de primera magnitud” pero con unos altísimos costes. Así lo escribe la profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad a Distancia Elisa Chuliá en el último número de Cuadernos de Pensamiento Político que edita la Fundación presidida por José María Aznar. ¿Y cuáles son esos éxitos sociales de primera magnitud que ponen en riesgo el Estado de Bienestar? Pues el aumento de la longevidad, la emancipación económica y social de las mujeres y el incremento de los niveles educativos de la fuerza de trabajo.
El salto de las mujeres al mercado laboral si bien ha servido para aumentar los ingresos fiscales del Estado, admite la autora, ha llevado consigo un retraso de la nupcialidad, un descenso de la natalidad, y, por lo tanto, “una reducción de contribuyentes” futuros. Además, las mujeres han dejado de ocuparse “de los miembros más vulnerables” de la familia, esto es, del cuidado de los ancianos, lo que ha provocado a su vez “un aumento de la inestabilidad estructural de las familias” y la exigencia al Estado de que se encargue de la atención de esos mayores.
Por su parte, los ancianos, que cada vez viven más años gracias a las políticas del Estado de Bienestar, “presionan al alza el gasto en pensiones y también, aunque en menor medida, el gasto sanitario y el dedicado a otras prestaciones sociales”. A ello se une que la “amplia oferta educativa pública y subvencionada” ha supuesto “una ganancia agregada en cualificación de mano de obra” en una economía que no se ha sabido adaptar a dicho mercado de trabajo, “lo cual ha originado con frecuencia desempleo y sobrecualificación”.
Afirma Chuliá que el Estado de bienestar nació como algo "coyuntural", no permanente, para dar respuesta al desastre europeo tras la Segunda Guerra Mundial
En definitiva, según Chuliá, los llamados Estados del Bienestar “han procurado logros sociales que, no obstante, desafían su propia sostenibilidad” o, lo que es lo mismo, todo ello ha redundado “en un aumento de la carga fiscal, amenazando el mantenimiento de su oferta de servicios y prestaciones”. Pero con ser esta una conclusión demoledora, llega más lejos al afirmar tajante que es “una triste certeza” que las economías de los Estados del Bienestar tienen “desventajas competitivas” frente a otras “desreguladas y menos protegidas socialmente”, por lo que se hace necesario, a su juicio, introducir “ajustes” de manera tal “que se cumplan funciones sociales primordiales sin sofocar el crecimiento económico y la creación de empleo, y sin hipotecar el progreso del conjunto de la sociedad”.
Chuliá, que asegura que en ningún momento defiende el desmantelamiento de los Estados de Bienestar, explica que éstos nacieron con carácter coyuntural, no permanente, como respuesta a la situación económica, política, social demográfica posterior a la Segunda Guerra Mundial, que nada tiene que ver con la situación actual a pesar de la crisis. Además, con los años, se ha tendido a identificar derechos sociales con prestaciones sociales y asistenciales, con subsidios y pensiones. Así, dice la autora amparada por FAES; el aumento o la mejora de una prestación se ha presentado como una ampliación de derechos sociales y; siguiendo esa lógica; la reducción o eliminación de una prestación se denuncia “como la vulneración de los derechos sociales; un deterioro de la ciudadanía y; a la postre; de la calidad de la democracia.
No es la primera vez que la fundación que preside Aznar da lugar a trabajos muy controvertidos. Ya lo fue uno firmado por un hermano del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en que afirmaba que debía ponerse fin a la "barra libre" de las pensiones, la educación y la sanidad. Aunque en puridad, la Fundación presidida por José María Aznar aduce que no tiene porqué compartir la totalidad de los contenidos que publica en sus Cuadernos de Pensamiento Político.
