La inmunidad que la Constitución reconoce a la figura del jefe del Estado en nuestro país no será trasladable a otros miembros de la Familia Real, aunque no es descartable una especie de aforamiento -como el que tienen los parlamentarios- para la figura, al menos, del heredero. El Gobierno del PP acaricia la idea de un estatuto jurídico de la Familia Real desde que aterrizó en Moncloa, tal y como adelantó Vozpópuli, aunque la idea siempre ha sido esperar a que se juzgara el caso Urdangarín para que no se relacionara una cosa con otra. Sin embargo, en el mejor de los casos, no se abrirá juicio oral hasta finales de este año, mientras que la imputación de la infanta Cristina ha alertado al Gobierno sobre una carencia de treinta años de democracia.
A sabiendas de que ahora sería poco oportuno desarrollar un estatuto que 'blindara' a la Familia Real, el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón y Moncloa han ido trabajando poco a poco en un proyecto sobre el que todavía no hay una propuesta ni formal ni informal. Si algo está claro es que el único "inmune" seguirá siendo el jefe de Estado, aunque sólo sea por una cuestión procedimental dado que lo recoge la Constitución. Extender este derecho podría exigir un cambio de la Carta Magna. El artículo 56.3 del texto constitucional establece que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad" y el 64.2 que "de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden", esto es, presidente del Gobierno y ministros competentes.
Otra cosa es que se reconozca algún tipo de aforamiento para la figura del heredero y si éste se hace extensible, en este caso, al resto de las hijas del Rey, las infantas, así como a la Reina. Los límites de qué es Familia Real tampoco están tan claros y el 'caso Urdangarín' no contribuye a un criterio al respecto. Hubo un momento en que hasta Zarzuela le 'expulsó' de la Familia aunque luego rectificó, pero, visto lo visto, no es previsible que los "consortes" de los descendientes reales puedan disfrutar de ningún aforamiento.
El PP celebrará unas jornadas en el País Vasco para debatir sobre la eterna cuestión entre listas abiertas o cerradas
Fuentes populares aseguran a este medio que todavía no hay en marcha ninguna negociación al respecto, dando por hecho que sólo será posible un estatuto especial con el acuerdo, al menos de PP y PSOE. Por lo pronto, los populares sí han decidido abrir otro debate, éste interno, a través de la creación de una comisión "constitucional" que preside hoy la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. En la misma se crearán tres grupos de trabajo sobre estatuto de la clase política -que anunció Mariano Rajoy en el debate del estado de la nación-, regulación de los 'lobbys', y mecanismos para "hacer más participativa la demcoracia", tal y como explicó ayer Cospedal al término de la reunión del comité de dirección del PP.
Según la "número dos" del PP, la idea es "ayudar a la tarea que el Gobierno ha puesto en marcha" con el paquete de medidas anticorrupción. Las comisiones que ser irán constituyendo a lo largo de las próximas semanas estarán presididas por personas que no forman parte del PP como Juan Alfonso Santamaría Pastor, catedrático de derecho administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Además, el PP celebrará unas jornadas en el País Vasco para hablar sobre el sistema electoral, poniendo sobre la mesa la eterna cuestión de las listas abiertas o cerradas.
