Hoy estará sobre la mesa del Consejo de Ministros (el decisorio, no el deliberante) la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, el mismo que reforzará el papel de las diputaciones y permitirá llevar hasta el Constitucional a los ayuntamientos que incumplan los principios de estabilidad parlamentaria, tal y como adelantó Vozpópuli. El texto de Hacienda, publicado por este medio, llega sin el consenso con el PSOE, a pesar de las reuniones que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha mantenido con el responsablre socialista de política local, Gaspar Zarrías.
Una vez reciba hoy el visto bueno del Gabinete ministerial, el texto será remitido al Consejo de Estado, al Consejo Económico y Social, a la comisión Nacional de Administración Local, a la FEMP y al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Eso, si el Gobierno no decide en el último momento atrasarlo una semana más después de que haya pasado dos veces por subsecretarios. Su tramitación parlamentaria comenzará tras las vacaciones de verano. Más tiempo será necesario para aplicar el recorte del 30 por ciento en el número de concejales. Hay más de 68.000 concejales en España, concretamente 68.286, que quedarían reducidos a 47.800, esto es, 20.485 menos, pero para ello habrá que esperar a la convocatoria de las próximas elecciones locales, en mayo de 2015 y reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, mientras que el salario de alcaldes y de concejales irá en la Ley de Transparencia.
La LOREG, de 1985, señala que "cada término municipal constituye una circunscripción en la que se elige el número de concejales que resulte de la aplicación de la siguiente escala:
| Concejales | |
| Hasta 100 residentes | 3 |
| De 101 a 250 residentes | 5 |
| De 251 a 1.000 | 7 |
| De 1.001 a 2.000 | 9 |
| De 2.001 a 5.000 | 11 |
| De 5.001 a 10.000 | 13 |
| De 10.001 a 20.000 | 17 |
| De 20.001 a 50.000 | 21 |
| De 50.001 a 100.000 | 25 |
De 100.001 en adelante, un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par".
La principal discrepancia entre populares y socialistas radica en el papel que están llamadas a jugar las diputaciones provinciales. Los populares quieren reforzarlas, los socialistas convertirlas en entes gestores sin cargos políticos, más al estilo de las mancomunidades, éstas sí, destinadas a desaparecer. Además, creen que con la reforma se hurta autonomía a los entes locales, principio consagrado en la Constitución. Pero desde el Gobierno creen que los socialistas quieren hacer de esto "una batalla política" mientras que organismos como la FEMP, donde están representados todos los partidos, entienden que una reforma de estas características exige un acuerdo, al menos de los dos grandes partidos.
El Gobierno quiere tener culminada la reforma de la Administración a finales de año
Existe un margen para el consenso. La reforma se tramitará como Ley en el Congreso de los Diputados, lo que permite reanudar las negociaciones que se desarrollaron en Administraciones Públicas, no sólo con el PSOE, sino también con CiU, PNV, CC y PAR, además de con el PP. Zarrías tiene previsto hacer llegar al Gobierno una nueva propuesta en la que trabajará este fin de semana, según han indicado fuentes socialistas a este periódico. Lamentan que las reuniones acabaran abruptamente, sin una ruptura formal. Aparentemente queda espacio para un acuerdo que haga posible que la reforma llegue consensuada a finales de año, según pretende el Ministerio encabezado por Cristóbal Montoro.
Lo cierto es que la reforma de la administración ha sido tímida al lado de la que han abordado países como Grecia e Italia, que han decidido reducir provincias. La Constitución establece que cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes mediante ley orgánica. También "blinda" a los ayuntamientos de los que dice que tienen "personalidad jurídica plena", por lo que no se puede obligar a la fusión de entes locales salvo que se haga voluntariamente.
