Yolanda Díaz nunca ocultó que era técnicamente imposible derogar todo el edificio laboral que levantó Mariano Rajoy hace casi una década. Por eso, resulta cuanto menos sorprendente el viaje en el que se ha embarcado esta semana la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo y que la ha llevado, en solo unos días, del verbo "derogar" a cambiar "una parte" de la reforma laboral del PP. Aunque el ticket electoral que está a punto de comprar rumbo a las elecciones de 2023 puede tener algo que ver.
Apenas resuena ya el grito de guerra con el que Díaz puso en pie hace menos de un mes a los delegados de Comisiones Obreras en la en la clausura del congreso confederal del sindicato. Aquel "vamos a derogar la reforma laboral pese a todas las resistencias" ahora es un "fetiche político". Lo más inquietante del asunto es que ese 'fiasco' se produce tras celebrar un acuerdo que incluía la derogación.
El martes, Yolanda Díaz se vió a solas con Pedro Sánchez para desayunar en Moncloa y zanjar la 'crisis' desatada por el embrollo laboral, la más aguda de la coalición desde la salida de Pablo Iglesias. De ese encuentro, al que después se sumó la ministra de Economía, Nadia Calviño, salió un comunicado pactado y revelador, porque muestra el recurso que permitió a Díaz descorchar champaña pese a que ha perdido toda su fuerza.
Bruselas, estación Bruselas
El equipo de Díaz se apuntó un tanto: logró que sus socios socialistas hablaran su mismo lenguaje y dejaran por escrito "derogar la reforma laboral de 2012", la gran bandera morada. Pin. Pero unas líneas más abajo aparece el rey sapo que Unidas Podemos ya huele en su menú. "Esta voluntad [de pacto con el diálogo social] es la mejor garantía de obtener una reforma duradera dentro del acuerdo establecido con la Comisión Europea en el Componente 23 del plan de recuperación".
Un día después de ese desayuno monclovita, la ministra de Trabajo reconoció en el patio del Congreso que la propuesta final de reforma laboral será diferente una vez se cocine en la negociación con los sindicatos y la patronal, algo bastante razonable. El problema al que se enfrentan Díaz, su equipo y también Unidas Podemos es de expectativas, porque el mismo comunicado muta la derogación a una mera "revisión de los desequilibrios".
Según fuentes gubernamentales consultadas por Vozpópuli, el marco que establece ese componente 23, es decir, el paquete de medidas esbozado por el Gobierno —y con el visto bueno de Bruselas— para "reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, reducir la temporalidad y corregir la dualidad del mercado laboral" es "flexible". Y eso permite mantener a la vez el discurso de la "derogación" y el de cambiar solo "algunas cosas".
Lo cierto es que nueve meses después de que el Ejecutivo activara la mesa de diálogo social, la coalición ha reducido el alcance "semántico", como aclaró el ministro de Consumo, Alberto Garzón, de la demolición de la reforma laboral. Y Moncloa, tras la fiesta del acuerdo, la circunscribe a lo comprometido con Bruselas como salvoconducto para que aterrice la lluvia de millones de los fondos de recuperación.
De modo que tras hablar de derogación, Díaz dijo que no va a tocar el despido. Y eso ya ha irritado a sus hermanos de Comisiones: "No coincidimos con lo que está diciendo el Gobierno. Hay que meter dificultades para el recurso al despido. Si el despido es libre y barato, la empresa tiene tendencia natural a despedir", advirtió el secretario general, Unai Sordo.
La cosa no se queda ahí. La pretensión de imponer a todas las empresas un tope del 15% de la plantilla con contrato temporal para atajar la temporalidad también se ha desvanecido a propuesta de la patronal, que ve más razonable que ese límite se establezca por sectores dada la idiosincrasia del sector productivo español.
La propuesta final busca derogar unas partes de la reforma laboral del PP y transformar otrasYolanda Díaz
Paso a paso, como dijo Díaz en los pasillos del Congreso, la propuesta final, que busca "derogar unas partes de la reforma laboral del PP y transformar otras", irá cambiando según avance la negociación. Por el camino, Unidas Podemos, que tras el acuerdo en el Gobierno dijo que no contemplaba un escenario en que el pacto no se cumpliera, tendrá que hacer frente junto al PSOE al resquemor de sus socios parlamentarios. EH Bildu y ERC, por ejemplo, ya han seguido el camino de los sindicatos y han recordado al Ejecutivo a qué se deben. Por si las moscas.
Pese a todo, aún queda trabajo en las mesas del diálogo social. Díaz quiere que se cierre un acuerdo antes de que acabe noviembre. La idea del Gobierno es cumplir con Bruselas, con quien se comprometió a enviar la reforma antes de finales de año, e iniciar el trámite cuanto antes para que entre en vigor ya en 2022. El tiempo corre y los cambios esperan.
