La ex consejera de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha solicitado a la Audiencia Nacional que archive su imputación en la trama Púnica. En petición de sobreseimiento, la ex dirigente del Partido Popular carga contra Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por los informes “parciales y sesgados” que ha remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 6, que hasta la semana pasada capitaneaba el juez Eloy Velasco.
Según la UCO, Figar habría cometido delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias al "utilizar fondos públicos de la Consejería de Educación para promocionar su figura personal y política en la Red y para desprestigiar a otras opciones". Sin embargo, la ex consejera niega estos hechos.
"La investigación ha evidenciado que no ha existido ningún trabajo para la persona de Lucía Figar ni para su reputación personal o política sino trabajos para la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y sobre la reputación y el conocimiento de las políticas de esta Consejería en las redes sociales", sostiene el escrito de petición de archivo, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
La defensa de Lucía Figar rechaza rotundamente que encomendara al informático de la red Púnica, Alejandro de Pedro, mejorar la imagen persona de la ex consejera del gobierno madrileño y, más aún, que esos supuestos trabajos fueran costeados con fondos públicos. "No se ha prestado ningún servicio de reputación para mi representada por el señor De Pedro o las empresas vinculadas al señor De Pedro y los contratos suscritos en el ámbito de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte con las empresas vinculadas a Alejandro de Pedro son perfectamente lícitos y han sido debidamente justificados, celebrados, fiscalizados y contabilizados, sin que se haya objetado el mejor reparo a ninguno de ellos por el interventor u otro funcionario de la Consejería", añade el letrado de la ex consejera.
"Juicios gratuitos de la UCO"
En contraposición, la investigada sostiene que su conducta ha sido "irreprochable" y que los trabajos que llevaron a cabo las empresas Eico y Madiva para su Consejería -denominado el proyecto Study in Madrid- tenían "un objeto cierto y absolutamente ajeno a su persona y reputación".
"No ha habido ningún amaño de los contratos de publicidad con empresas de Alejandro de Pedro puesto que no ha habido ningún contrato en el que interviniese la señora Figar ni la Consejería de Educación que haya sido adjudicado al señor De Pedro ni a ninguna de sus empresas sin que hayan estas siquiera concursado en ningún caso en los licitados por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y, sin que existiera tampoco ningún proyecto ni previsión ni la más remota o embrionaria idea de futuro proyecto respecto del cual tuviera la más mínima relación, ni aún potencial o remota, el señor De Pedro o alguna de las empresas vinculadas a él", reza el documento.
"La Guardia Civil plantea tanto los hechos como personas que han de ser objeto de imputación lo cual resulta inaceptable a nuestro derecho, salvo que se admita que el procedimiento penal español la instrucción ya no corresponda a los jueces", explica su letrado
De la misma forma, la ex consejera del PP carga contra los informes de la UCO que la incriminan porque contienen "errores materiales significativos". "La Guardia Civil se permite no sólo la calificación jurídica de los hechos que quiere dar como probados, sino también que plantea tanto los hechos como personas que han de ser objeto de imputación, lo cual resulta inaceptable a nuestro derecho, salvo que se admita que el procedimiento penal español la instrucción ya no corresponda a los jueces, sino a la Policía y que jueces y fiscales han de estar y pasa por esta singular valoración policial determinante en el curso del proceso", recalca su letrado.
De la misma forma, en el escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia, la defensa de Figar añade que "el que se autodenomina juicio policial es sencillamente un juicio gratuito y en base a esta premisa peyorativa (…) El investigador de la UCO parte de dicha premisa y analiza todos los sucesos y circunstancias bajo un sesgo peyorativo, en prejuicio de mi representada, sin el menor respeto a la objetividad a la que está obligado".
De momento, según informan fuentes jurídicas, esta petición de archivo no ha obtenido respuesta por parte de la Audiencia Nacional por lo que la ex consejera madrileña permanece imputada en el caso Púnica.
