La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación contra los 12 CDR procesados en la Audiencia Nacional por terrorismo y cuya causa entra bajo el paraguas de la amnistía. El fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, solicita para todos ellos penas que oscilan entre los ocho y los 27 años de cárcel por delitos que van desde la pertenencia a organización terrorista a fabricación de aparatos explosivos y estragos de carácter terrorista en grado de tentativa.
El Ministerio Público solicita 8 años por pertenencia a organización terrorista a Ferrán Jolis, Xavier Buias, David Budria y Clara Borrero. Para los ochos restantes pide hasta 27 años de prisión al añadirles estragos y fabricación de sustancias y aparatos explosivos de carácter terrorista. Se trata de Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín Delgado.
El escrito de la Fiscalía se produce después de que la Sala de lo Penal abriera juicio oral contra los 12 CDR investigados en el marco de la operación Judas que ha dirigido el Juzgado Central de Instrucción número 6. En su texto, el fiscal expone que los acusados se integraron en una de las facciones más radicales de los CDR, los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), conformando una "organización terrorista paralela de carácter clandestino y estable".
Su objetivo, reza el escrito, sería "llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias". Al respecto cabe recordar que tras el estallido del caso en 2019 la Guardia Civil se incautó en sus domicilios de componentes de explosivos con los que pretendían elaborar artefactos.
Ocupar el Parlament
"Los acusados participaron en la creación y desarrollo de los CECOR (centro de coordinación) para las acciones de los CDR, asumiendo el encargo recibido de un denominado 'CNI Catalán' para que aportasen la infraestructura logística necesaria con el objeto de acometer una acción en la que se pretendía ocupar el Parlament de Cataluña", destaca el fiscal.
Del mismo modo recuerda que gracias a la intervención de las comunicaciones que mantenían por Signal los CDR planificaron acciones violentas contra el Parlament de Cataluña, las consejerías de Interior y Justicia, cuarteles de la Guardia Civil y un centro logístico de Amazon de la localidad de Martorelles (Barcelona).
La Fiscalía de la Audiencia Nacional otorga un papel de liderazgo a Eduardo Garzón y dice que estuvo al frente de la "dirección y planificación" del grupo. Se apoya en su participación en los encuentros con los acusados y también en sus vínculos con otras células dedicadas a elaborar artefactos a través de sustancias precursoras de explosivos.
Acudían a la vivienda de Codina hasta su detención, habitualmente en horas nocturnas. Además de dedicarse a producir componentes del (explosivo) termita, realizaban experimentos para la síntesis de otras sustancias incendiarias
De Esther García destaca su marcado activismo radical y su labor como nexo de enlace con otros grupos. Además, al igual que Garzón, los investigadores la ubican en reuniones celebradas antes del estallido de la operación Judas y en la ocupación del aeropuerto de El Prat que coordinó Tsunami Democràtic y que también se investiga por terrorismo en la Audiencia Nacional.
En relación a Sonia Pascual el fiscal también la ubica en las protestas más fuertes de Tsunami y en la reunión que celebraron estos CDR entre fuertes medidas de seguridad en las instalaciones de una empresa de Montcada y Reixach (Barcelona) donde se iniciaron las actividades para fabricar explosivos. De Xavier Buigás destaca su rol "fundamental" de los CDR y recuerda que recibió directamente el encargo del 'CNI Catalán' para acometer la ocupación del Parlament.
Elaboración de sustancias explosivas
La Fiscalía expone que Queralt Casoliva ejerce funciones de coordinación y se detectó su presencia en el laboratorio clandestino que poseía uno de los acusados. Germinal Tomás está especialmente vinculado a Jordi Ros y Alexis Codina por la elaboración del material explosivo que preparaban y que no pudieron culminar por el estallido de la operación.
En un dispositivo de su teléfono los agentes encontraron un enlace al documento 'Terrorismo casero' además de abundante documental que, unido a sus conocimientos en "electrónica y mecánica" le sitúan como uno de los principales acusados.
Lo mismo ocurre con Jordi Ros y Alexis Codina. Estos CDR prestaron sus viviendas, siendo este último que puso a disposición de los acusados su garaje a modo de laboratorio clandestino para elaborar los explosivos.
"Los acusados acudían a la vivienda de Alexis Codina de manera continua hasta su detención, habitualmente en horas nocturnas, detectándose potentes destellos seguidos de grandes humaredas. Durante las mismas, los acusados, amén de dedicarse a la producción de los elementos componentes del agente incendiario termita, realizaban experimentos para la síntesis de otro tipo de sustancias explosivas", indica el fiscal.
Los agentes también se incautaron de abundantes manuscritos sobre la fabricación de explosivos, manuales sobre potasio y ácido nítrico y de material como probetas, pipetas, cucharillas además de elementos de ignición eléctrica de manufactura casera en el domicilio de Codina.
Beneficiados por la amnistía
De Ferrán Jolis la Fiscalía expone que era el referente informático y tecnológico de los CDR mientras que de David Budria dice que sus actividades se enmarcan en el campo operativo. En último lugar se encuentran Clara Borrero y Rafael Joaquín Delgado. De este último dice que seguía la línea estratégica "más dura".
Tras la presentación del escrito de la Fiscalía, el siguiente paso sería que la Sala de lo Penal fijara fecha para la celebración de la vista oral. Con todo, el procedimiento se terminará viendo interrumpido cuando entre en vigor la ley de amnistía ya que es uno de los supuestos que serán exonerados tal y como acordaron el PSOE de Pedro Sánchez y sus socios independentistas.
Wesly
La fiscalía de quién depende, eh, de quién depende, inquirió Pedro Sánchez en una entrevista televisiva. De su sanchidad, respondió el entrevistador. Pues eso, replicó Pedro Sánchez. Lo de ahora es puro teatro, la fiscalía dependiente de Pedro Sánchez no tardará demasiado en dar carpetazo al asunto, dejando así impunes a los terroristas para hacer efectivo el pago que Pedro Sánchez (en nombre de todos los españoles) hace a los delincuentes golpistas a cambio de sus votos.
Gelete
Está bien que la Fiscalía haga su trabajo y como en este caso acierta.