La causa abierta en la Audiencia Nacional por falsedad contable de Abengoa va camino de alargarse, al menos, medio año más. La Fiscalía y la Plataforma de Perjudicados por Abengoa han pedido al juez Ismael Moreno que prorrogue otros seis meses estas diligencias que se abrieron en 2016. El motivo, según razonan, es que todavía queda por estudiar parte del material intervenido en el registro a la sede del pasado mes de abril, además de la documental remitida al juzgado recientemente por parte de uno de los asesores de la compañía.
La solicitud, que fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli, se produce en un momento delicado para la compañía sevillana que sigue a la espera de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) resuelva sobre su rescate de 249 millones de euros. Así pues, el instructor estudia ya alargar estas diligencias ante la imposibilidad de que estén terminadas antes del 29 de enero, fecha en que vence el plazo de instrucción. En sus alegatos, el Ministerio Público y los afectados que figuran como acusación popular insisten en que quedan diligencias de calado por practicar, entre ellas terminar de estudiar todos los documentos requisados por la UCO en los registros de abril.
Al respecto, la plataforma de perjudicados razona que la Guardia Civil se incautó de gran cantidad de documentación, parte de la cual todavía no ha sido puesta a disposición de las partes que litigan en esta causa por falsedad contable entre 2014 y 2016. Además, ponen el foco en los correos electrónicos intervenidos ya que, tal y como ha advertido recientemente la propia UCO, se ha detectado que hay periodos en los que algunas de estas cuentas no tienen ningún dato, sin que se conozca el motivo.
La UCO ha alertado de que en algunas cuentas de correo analizadas existen periodos de tiempo en los que no figuran datos
Por ello los afectados vaticinan que se podrían acordar nuevas diligencias que permitan tener acceso a dichas comunicaciones. "Debido a lo anterior, y especialmente, a la gran cantidad de documentación que resta por analizar, parece lógico intuir que será necesario acordar, al menos, la realización de una pericial que interprete toda la documentación técnica que falta por analizar, algo que, previsiblemente, en ningún caso podrá realizarse antes del día 29 de enero de 2022", reza la plataforma en un escrito remitido al juzgado este lunes y al que ha tenido acceso este diario.
Declaraciones pendientes
A todo ello hay que añadir también las declaraciones de investigados y testigos que están pendiente de recabarse en sede judicial. Se trata de diligencias acordadas en mayo pero que, según expone la plataforma, todavía no se han celebrado. En concreto, tienen que ser citados los antiguos responsables del departamento de Contabilidad, Enrique Borrajo, y su homólogo en Auditoría Interna, Luis Enrique Pizarro. El juez también dio luz verde a llamar a otros cinco testigos que podrían arrojar luz sobre si se maquillaron los estados contables de Abengoa para ofrecer una imagen ficticia de sus balances.
En aquel momento, el instructor ordenó igualmente recabar de Lazard Asesores Financieros su valoración sobre los proyectos de la mercantil andaluza. Se trata de material que también está pendiente de estudio ya que los asesores dieron respuesta a este requerimiento a finales de noviembre. En concreto, se les pidió los detalles de trabajo y métodos de valoración sobre la viabilidad de su plan de negocio industrial. Además, el instructor también requirió papeles a Deloitte, a la propia Abengoa (a la que solicitó todas las denuncias internas que canalizó entre 2013 y 2016) y a KPMG.
Los proyectos estrella
A este último le reclamó todo el material relativo al proyecto Palmera, un trabajo requerido por las entidades bancarias que iban a participar en la ampliación de capital de Abengoa de 2015. El objetivo del instructor es recabar toda la información posible sobre los movimientos de aquellos años, así como de dos de los proyectos estrella de la compañía que presidió Felipe Benjumea. Entre ellos destaca la adjudicación de dos líneas de transmisión directa en Brasil y en Chile y el megaproyecto de dos plantas de generación que impulsó en México y del que se investiga si se alteró en un 15% su beneficio final.
Por todo ello los afectados, representados por el despacho de abogados IUS Aequitas, determinan que el estado de la investigación, la complejidad y "la cantidad de diligencias" que quedan por practicar hace que sea necesario prorrogar las diligencias al menos hasta el 29 de julio del próximo año. Cabe recordar que en febrero del año pasado el juez amplió la querella contra la propia Abengoa y Deloitte (su socio auditor) por presunto delito de estafa a inversores. El foco se puso en los anteriores miembros de la Comisión de Auditoría a tenor de una resolución sancionadora de febrero de 2018 del ICAC.
La misma expuso que no se verificó la fiabilidad de los ingresos de 4.514 millones de euros registrados en Abengoa en 2014 procedentes de la actividad de ingeniera y construcción (sector que representa el 63,14% de su cifra de negocios) y que esta ausencia de control derivó en un beneficio injustificado de explotación en las cuentas de ese año de 218 millones de euros. Por todo ello el magistrado sostuvo que se hacía necesario recabar más documental a tenor de estas operaciones con las que Abengoa pretendería ocultar la verdadera situación de la compañía al mercado y accionistas.
Con este caldo de cultivo el magistrado, a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, impulsó en abril el registro de la sede en Sevilla en aras a encontrar pruebas sobre la presunta falsedad contable de aquellos años. La actuación en cuestión se prolongó durante más de 10 horas y los agentes se incautaron no solo de documental en papel sino de información en soporte electrónico. El estudio de todo este material se prolonga a día de hoy hasta el punto que hace necesario, según las acusaciones, dilatar todavía más estas diligencias penales que acaban de cumplir cinco años de vida.
