La actuación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado ha sentado en el banquillo al alcalde de la localidad tarraconense de Sant Carles de la Rápita, Josep Carles Caparrós, y a su segundo teniente de alcalde, Albert Salvadó, por un delito de desobediencia y malversación en el 1-O. Ambos son cargos de ERC, que gobierna en el municipio desde 2015 y con mayoría absoluta desde los comicios locales de 2019.
La Fiscalía pide para el alcalde una multa de 4.500 euros por desobediencia y un año y cuatro meses de inhabilitación para el desempeño de cargo público. Para su teniente de alcalde, interesa 3.000 euros de multa y una inhabilitación de un año. Por su parte, la Abogacía del Estado pide para el alcalde 13 años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación y 14.400 euros de multa por desobediencia. Para Salvadó solicita 12 años y tres meses de inhabilitación por prevaricación y 10.800 euros por desobediencia.
Caparrós está acusado de poner a disposición del referéndum ilegal de 2017 la infraestructura del Ayuntamiento a pesar de que la Delegación de Gobierno le notificó la prohibición dictada por el Tribunal Constitucional. En cuanto a Salvadó, el ministerio público y los servicios jurídicos del Gobierno consideran que era conocedor de la resolución, sus efectos y consecuencias en su condición de concejal de régimen interno, Hacienda y Promoción Económica.
En concreto, en Sant Carles de la Rápita (15.000 habitantes) pusieron a disposición de la consulta ilegal el Colegio Carles III, la Llar d’Infants y el Pabellón Firal, los tres de titularidad municipal. El 26 de septiembre, seis días antes del referéndum, los Mossos d’Esquadra se personaron en el municipio. Tenían la orden de la Fiscalía de elaborar un listado con todos los centros de votación habilitados y su titularidad.
Con pleno conocimiento de que había autorizado a que dicho local fuera utilizado como centro de votación y con intención de ocultar la verdad, manifestó que era titularidad de la Generalitat
Al ser preguntado por el Pabellón Firal, el alcalde “con pleno conocimiento de que había autorizado a que dicho local fuera utilizado como centro de votación y con intención de ocultar la verdad, les manifestó que dicho inmueble era titularidad de la Generalitat. El acusado se negó a firmar el acta que le entregaron los Mossos d’Esquadra”.
Además, según la investigación, minutos antes de las 8.30 de la mañana del 1-O, el alcalde se subió a una tarima y provisto de un micrófono comunicó que se cerraban todos los centros de votación menos el citado pabellón, según el escrito de acusación firmado el pasado 22 de febrero.
La Guardia Civil se personó en el lugar y clausuró ese colegio electoral entre incidentes a lo que el alcalde reaccionó poniendo a disposición de los vecinos autobuses para desplazarse a otras poblaciones a votar (aquella mañana, en respuesta al dispositivo policial, la Generalitat anunció un censo universal para poder participar donde se quisiera). A las 19 horas, Josep Carles Caparrós reabrió de nuevo el pabellón para que se siguiera votando. Una dotación de cuatro agentes de los Mossos que estaba en el lugar trató de cerrarlo, pero la gente se lo impidió. Entre ellos estaba el también acusado Albert Salvadó.
Se encargó de la organización clara de las masas de gente y de dar órdenes oportunas como máximo responsable político en la población
Por su parte, el escrito de la Abogacía del Estado, que actúa en defensa de la Guardia Civil va más allá al describir la actuación del alcalde. “No se limitó a facilitar la celebración del referéndum, sino que además se encargó de la organización clara de las masas de gente y de dar órdenes oportunas como máximo responsable político en la población, junto con la colaboración estrecha del otro imputado”, dice el escrito firmado por el Abogado del Estado.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Amposta que dirige la juez María Francisca Peris dictó el pasado 10 de marzo un auto de apertura de juicio oral contra ambos dirigentes por un delito de desobediencia y otro de prevaricación. El juicio tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal de Tortosa.
